Editorial VOZ 3205
El año pasado, 2023, el Cauca y el Suroccidente fueron testigos del abandono y de la falta de inversión en infraestructura y en particular en las vías. En el derrumbe de Rosas, Cauca, se perdieron vidas de familias pobres, familias trabajadoras de la tierra y que no tienen mas opción que ocupar y construir sus viviendas en zonas de talud inestable, en pendientes peligrosas y sobre fallas geológicas.
El año 2024 nos recibe con la tragedia en el municipio del Carmen de Atrato, en la vía Medellín-Quibdó, donde resultaron 39 personas muertas y cuatro desaparecidas. Una vía con un historial de hechos dolorosos, a tal punto que ha sido denominada por el común de la gente como “la trocha de la muerte”. Desde el semanario VOZ enviamos nuestro sentimiento de solidaridad a las familias afectadas.
Lo sucedido en el Cauca y ahora en el Chocó es la herencia que deja el neoliberalismo tras 30 años de imposición de políticas de infraestructura, basadas en la priorización de zonas industriales del centro del país que interconectan grandes ciudades, dejando excluidas las zonas periféricas, o lo que algunos llaman “la Colombia profunda”. A esta política discriminatoria se suma la otra discriminación: el alto costo de los tiquetes aéreos, que segregan aun más a una población que debe arriesgar su vida constantemente por tierra, no pudiendo acceder a los precios que imponen los monopolios del transporte aéreo.
Poderes corporativos como el emporio de los Sarmiento Angulo que usufructúan el monopolio de la construcción de todas las carreteras, claramente excluyen a los territorios olvidados, y, además, no se ocupan de fortalecer las laderas adyacentes a las carreteras para así provocar un carrusel de ejecución de obra que obliga a los gobiernos a invertir ingentes recursos para reconstruir tramos y sectores de carreteras destruidos por derrumbes. La infraestructura vial del país se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de los Sarmiento Angulo.
Tanto en el Cauca como ahora en el Chocó, la respuesta del Gobierno nacional ha sido efectiva, pertinente y ágil. El presidente Petro está liderando una acción articulada que está garantizando atención a las familias de las víctimas, está desarrollando una atención psicosocial y se han comprometido recursos de ayudas en asocio con el gobierno departamental del Chocó. Vienen grandes inversiones de infraestructura para esta vía, lastimosamente, después de la pérdida de casi cien vidas durante los últimos 30 años. Un gran sacrifico humano para llamar la atención sobre el abandono de este territorio.
Pero más allá del ejercicio de atención al desastre, no podemos seguir de reacción en reacción, no podemos continuar en respuestas post hechos y post tragedia. No es gratuito que el nombre de la Dirección de Riesgos esté ligada a la prevención y a la atención. Es necesario que el país adopte una política de monitoreo y prevención. A simple vista no es difícil identificar las zonas de alto riesgo en los territorios, las vías de alto impacto geológico, de derrumbes y afectadas por fallas geológicas.
Prevenir significa utilizar hoy los instrumentos y avances tecnocientíficos para monitorear en tiempo real puntos inestables en las vías. El monitoreo y medición de lluvias hechos por el IDEAM deben servir no solo para saber cuándo serán las inundaciones, sino para cerrar vías cuando su paso o circulación se convierta en factor de peligro para la vida. Todas las instituciones deben estar articuladas a una política integral de prevención.
El Plan Nacional de Seguridad Vial como principal instrumento de política pública del país en materia de seguridad vial, es obsoleto en su concepción, ha sido militarizado y es muy corto en su visión del país. Este debe convertirse una verdadera e integral política pública de seguridad vial humana, que deje de priorizar exclusivamente los intereses de los poderes transportadores y se centre en las necesidades y la protección de la vida de la gente.
Esta nueva política debe estar articulada a la política de Paz Total, esto quiere decir que debe hacer parte de la transformación territorial, planteada desde los Acuerdos de Paz de la Habana y retomada hoy en le marco de la Ley de Paz Total y en los diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC-EP y el Ejercito de Liberación Nacional, ELN.
Es hora de que todas las políticas públicas dirijan su acción a los territorios históricamente excluidos: el Suroccidente, el Pacifico, La Guajira, el Catatumbo, los Llanos Orientales. Estas regiones también tienen derecho a vías para la vida y la seguridad humana.
