Mauricio Jaramillo Jassir
Imposible entender qué tiene que suceder para que el mundo entienda que la guerra contra las drogas se perdió. Para colmo de males, el Sur Global ─antes Tercer Mundo─ sigue poniendo las víctimas y observando cómo sus territorios se convierten en espacios de batallas campales por el control de comercios y flujos ilegales o irregulares.
El drama que aqueja a Ecuador debe servir para despejar todas las dudas sobre las riesgosas estrategias en boga en América Latina por el “modelo Bukele”, que empieza a hacer mella en varias zonas de la región, especialmente en gobiernos subnacionales seducidos por la idea de acabar con la inseguridad de la noche a la mañana y esquivando las salidas sociales, único remedio estructural para sociedades prosperas.
Ecuador toca fondo no porque haya faltado “mano dura”, sino porque le ha tocado enfrentar en un periodo de tiempo muy corto la criminalidad que se deriva del narcotráfico, especialmente en la provincia de Guayas ─capital Guayaquil─ donde la capacidad adquisitiva, la mayor del país, la hacen atractiva para la expansión del fenómeno.
El desastre ecuatoriano comprueba que la clandestinidad, la falta de regulación y la prohibición draconiana sólo disparan los márgenes de utilidad y los estímulos, para que estas bandas se enfrenten al Estado y entre sí. Desde los años 90, los países andinos han insistido en poner sobre la mesa alternativas de regulación ante el fracaso del prohibicionismo, pero gobiernos reaccionarios de derecha convencieron a amplios sectores de que la militarización era el camino más corto para superar el flagelo.
En Colombia casi todos los presidentes apuntaron a la corresponsabilidad para insistir en que el norte industrializado debía asumir un papel proporcional a los niveles de consumo que dinamizan el mercado. Mientras haya demanda en las calles de Estados Unidos y Europa; Bolivia, Ecuador, Colombia y México, entre otros, seguirán siendo territorios de guerra, bien sea por el control entre bandas o por la infame persecución a los campesinos que algunas administraciones han emprendido. Para la muestra el anterior gobierno colombiano, enemigo de los planes concertados de erradicación acordados en La Habana.
Cuando el progresismo gobernó en Ecuador, entre 2007 y 2017, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de cuatro; hoy, y en buena medida por la catastrófica situación social, ha llegado a veintitrés. Aunque no sea el único factor, el desmonte de las políticas sociales de los gobiernos subsecuentes a Correa ha hecho a Ecuador un país aún más vulnerable.
La derecha en Colombia interpreta a su acomodo la coyuntura aludiendo a que solo el bukelismo permitirá superar la crisis. Lo que no han contado es que precisamente Ecuador toca fondo porque pensó que llenando las cárceles se solucionaba el problema. La evidencia empírica demuestra cómo esta violencia empieza a partir de 2020 precisamente teniendo como epicentro a las cárceles. 2021 sería el año de las peores masacres carcelarias en la historia del Ecuador, comprobación de la esterilidad del punitivismo.
A partir de esta coyuntura vendrá una deriva de la derecha más reaccionaria para justificar discursos que reviven los esquemas autoritarios como los que ya padeció el Cono Sur con las dictaduras militares, el Perú de Fujimori, y la Colombia de Uribe Vélez. Es un momento crítico para la democracia latinoamericana.
*Profesor de la Universidad del Rosario
