Hay que reestructurar y reorientar las Autoridades Ambientales Regionales para que respondan a criterios biogeográficos y no políticos
Sergio Salazar
@seansaga
El pasado 1 de noviembre el Gobierno colombiano declaró ‘Situación de Desastre de Carácter Nacional’ dadas las afectaciones que se han venido dando por la temporada invernal y el efecto del fenómeno de La Niña, cuyos efectos se sentirán hasta julio de 2023, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Tal declaratoria ha permitido poner en marcha recursos a diferentes niveles para afrontar la situación de emergencia, que con datos reportados por dicha entidad al 10 de noviembre sumaban 205 muertos, casi 500 mil damnificados, 281 heridos y 53 desaparecidos. Evidentemente, a la fecha tales cifras pueden ser mayores.
Como mencionaba el director de la UNGRD tras la rueda de prensa de la declaratoria: “Los desastres del país no son naturales, realmente lo que uno ve es producto de las decisiones que se han tomado, no en estos tres meses que llevamos de gobierno, sino en décadas”. Estas afirmaciones dan en el clavo del problema.
La condición climática “olvidada”
Colombia, por su localización geográfica en el continente americano, recibe la influencia del paso de las oscilaciones anuales de la Zona de Convergencia Intertropical, ZCIT, marcando en gran parte del territorio (principalmente la zona andina) dos temporadas de lluvias y dos temporadas en ausencia de estas.
En las regiones que no hay tanta influencia de la ZCIT, se da en general un período largo de lluvias y otro seco (de aproximadamente 6 meses cada uno). Además de lo anterior, con relativa frecuencia –2 o 3 veces por década- recibimos la influencia del fenómeno macroclimático ENSO (La Niña en su fase fría -que deja un período de lluvias más acentuado, o El Niño en su frase cálida -que nos deja un período de sequía prolongada-). Eso existe desde hace miles de años, según documentan estudios científicos paleoclimáticos en la región.
El contexto político-administrativo
En Colombia, cada vez que ocurre una catástrofe de grandes magnitudes se avanza en las decisiones político-administrativas, en teoría, para evitar que otra catástrofe de similares magnitudes vuelva a ocurrir. Un modelo de cambios reactivo.
Así fue con la Tragedia de Armero en 1985, el terremoto del eje cafetero de 1999 o la temporada invernal de 2010-2011. De esta última experiencia nos quedó un cambio normativo importante en cuanto a la incorporación de la gestión del riesgo a diferentes niveles.
Se reorganizó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se creó la UNGRD. Se involucró en el principal instrumento de planificación territorial, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –conocidos como POMCAS-, la gestión del riesgo de inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa e incendios forestales.
Igualmente, se estableció la obligatoriedad de la aprobación de una norma que estableciese las reglas técnicas y administrativas para la gestión de las zonas de ribera de los ríos y humedales conocidas como rondas hídricas, lo cual fue posible en 2018 tras un largo camino de construcción y diálogo -no sin reticencias de CAMACOL y la ANDI entre otros sectores
Hay que mencionar que tanto los POMCAS como la gestión de las rondas hídricas tienen directrices que vienen desde el Código de los Recursos Naturales de 1974. El problema ha sido su baja implementación a pesar de su importancia e impacto positivo para la protección del recurso hídrico y de los ecosistemas acuáticos, pero también, de la prevención del riesgo de fenómenos asociados al agua (inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos, avalanchas…).
De hecho, dada la gravedad de la tragedia de la temporada invernal 2010-2011, la Procuraduría General de la Nación en aquella época abrió investigaciones a ocho Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, por posibles omisiones en el manejo del riesgo, en la ejecución de obras, así como de las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres.
Las cifras de desastres revelan un problema crónico
Según la base de datos de desastres Desinventar.org, los desastres asociados a las inundaciones y los deslizamientos en Colombia han venido incrementándose desde los datos con los que se cuentan de principios del siglo pasado y hasta 2017, que es el último reporte.
De dichos datos en promedio se han dado 547 inundaciones por año y 302 deslizamientos por año en el período 2000-2017, doblando los promedios del período previo de 1980-1999, que tuvo valores de 229 inundaciones por año y 139 deslizamientos por año.
Para el período 2000-2017 los impactos de inundaciones y deslizamientos son dramáticos. Para las inundaciones en promedio anual: han muerto 29 personas, 46 personas lesionadas, 14 desaparecidas, 728.171 han sido afectadas directa o indirectamente; 1.179 casas destruidas y 61.030 dañadas.
Para los deslizamientos en promedio anual: han muerto 100 personas, 87 personas lesionadas, 15 desaparecidas, 56.802 han sido afectadas directa o indirectamente; 872 casas destruidas y 5049 dañadas.
Al revisar el Consolidado anual de emergencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para los años faltantes de 2018 a 2021, se confirma que año tras año se siguen dando muertes, damnificados y daños económicos importantes asociados a inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos.
En lo que va de 2022 ya sabemos que el consolidado no será distinto. Sin duda un problema crónico con un saldo socio-económico que no pasa desapercibido.
Las decisiones después del desastre
Cada período de lluvia en Colombia siempre hay desastres que se escalan de lo local a lo nacional, en función de lo intenso que sea dicho período. Es como una pesadilla que se repite cada año y que se agrava en función de si viene el fenómeno de La Niña o se olvida si viene el fenómeno de El Niño.
La memoria colectiva sobre las consecuencias asociadas al período de lluvias es como si nos la borraran cuando el mismo acaba. Hemos aprendido muy poco de cada desastre y eso tiene que acabarse con voluntad política y decisiones que vayan a la raíz del problema. En esta dimensión también tiene que emplearse a fondo el Gobierno del Pacto Histórico.
Sin duda, luego del desastre, la institucionalidad asociada a la gestión del riesgo de desastres en Colombia debe pasar del diagnóstico del problema a la acción. Desde el punto de vista preventivo, el Sistema Nacional Ambiental, SINA, en cabeza del Ministerio de Ambiente, y como responsables las Autoridades Ambientales Regionales (Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales Urbanas…), se debe avanzar decididamente en la implementación de los POMCAS y el acotamiento de las Rondas Hídricas, ya que dichos instrumentos permiten identificar zonas del territorio que debieran preservarse para un adecuado funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y para evitar la materialización del riesgo.
El reto está, además, en que los municipios incorporen tales directrices sin vacilaciones. Los Planes de Ordenamiento del Territorio deben dejar de ser papel mojado y servir realmente para una adecuada ocupación y uso del suelo teniendo en cuenta las determinantes ambientales.
Desde el punto de vista institucional, hay una tarea pendiente y es la reestructuración de las Autoridades Ambientales Regionales en la medida que sus jurisdicciones debieran obedecer a límites biogeográficos y no políticos, rompiendo de paso con los vasos comunicantes de la corrupción de la política regional y de la inoperancia para la toma de decisiones entre varias Autoridades Ambientales.
Igualmente, desde la institucionalidad es clave fortalecer los institutos de investigación del SINA (IDEAM, Alexander von Humboldt, John Von Neumann, Sinchi, Invemar) y sus redes de monitoreo, como soporte clave para la generación de conocimiento base para la toma de decisiones.
