Editorial 3248
“Hay que sopesar cada paso, cada decisión que toma Washington en la geopolítica global y Gustavo Petro, jefe del país que aparece como el ‘mejor aliado’ de Estados Unidos, seguramente está en la mira. Como decía el Che, al imperialismo no hay que creerle, ‘ni un tantico así’”. Con esta “premonición” concluía el editorial de VOZ de la edición pasada, del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2024.
La conspiración transnacional, la agresión y crimen de lavados de activos contra Colombia, constituyen una clara violación de la soberanía nacional. La participación activa, incluso públicamente declarada por el actual presidente estadounidense, Joe Biden, en la compra y utilización indebida de Pegasus, pone de manifiesto que el mayor enemigo que enfrentamos como sociedad colombiana es el poder e injerencia Yanqui.
Es evidente que EE. UU. no podría llevar a cabo este tipo de actos abusivos e imperiales sin la complicidad de una camarilla vende patria de partidos tradicionales. Esta red incluye congresistas y exfuncionarios de alto rango, entre los cuales, los más peligrosos, los embajadores dispuestos a servir a los interés de potencias extranjeras. Además, expresidentes como Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque han sido cómplices, siempre dispuestos a ceder ante las órdenes del poder de Estados Unidos.
Pegasus forma parte del engranaje colonialista que Estados Unidos ha venido impulsando durante más de 200 años de intervencionismo. Con esto, viola principios fundamentales del derecho internacional, como el de no intervención, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, ONU. Además, infringe normativas clave como la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que protege los derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, así como el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección de derechos sindicales, entre otras disposiciones.
El actual Gobierno de Colombia tiene suficientes razones para demandar a EE. UU. y reclamar compensación por los perjuicios causados. De igual manera, existen razones válidas para demandar al expresidente Duque, quien, según Yezid García Abello, ha sido presentado ante el mundo por los EE. UU. “como el mandatario más imbécil que ha asumido la presidencia de Colombia”.
Un aspecto clave es determinar el origen del dinero. Si, como parece ser, proviene de incautaciones relacionadas con el narcotráfico, entonces no podría haber sido utilizado ni dispuesto sin una orden de autoridad administrativa o judicial en Estados Unidos.
El momento político interno en EE. UU. es propicio para actuar con diligencia. Tras la victoria de Donald Trump, republicano, sobre los demócratas en cabeza de Biden y Harris, las tensiones entre ambos partidos, sumadas a las varias venganzas que Trump ha prometido, podrían acelerar investigaciones con resultados concretos. Además, la coalición coyuntural entre las mayorías republicanas y algunos sectores progresistas en el Congreso estadounidense podría impulsar un debate que conduzca a investigaciones judiciales inimaginables y de mucha trascendencia.
En Colombia, aunque ya se realizó un debate de control político en el Congreso, es necesario, con los nuevos hechos, pasar del análisis tecnológico y circunstancial a proponerle al Congreso de EE. UU. una investigación colaborativa, centrada en la revisión de todas las transacciones financieras relacionadas con Pegasus, esclarecer la legalidad y transparencia de los fondos utilizados y concretar medidas para proteger los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos colombianos. En nuestro país, es necesario acudir a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Duque como cabeza del gobierno en el que se compró, ingresó y se activó el software espía Pegasus.
Ya es hora de que el pueblo colombiano se movilice en defensa de la soberanía nacional y exija la expulsión de aquellos que violen, atenten y perjudiquen nuestro proceso de reconstrucción del país. Esto incluye, por supuesto, las bases militares estadounidenses que operan hoy impunemente en nuestro territorio.
