Editorial VOZ 3166
La decisión del Gobierno de suspender el cese bilateral de fuego con el Clan del Golfo era necesaria. La Paz Total no es un saco donde todo se revuelve. El ELN, las disidencias y los grupos narcoparamilitares deben tener un tratamiento diferenciado; las razones históricas, los objetivos, el nivel de compromiso y el tipo de respuesta a la propuesta de paz total determinan este tratamiento diferencial.
La decisión debió tomarse desde que en varias regiones continuó y se profundizó el asesinato, la amenaza, el desplazamiento a líderes y lideresas sociales y la extorsión a miles de ciudadanos, sobre los que este grupo venía ejerciendo en varias regiones del país. Tuvo que llegarse a niveles insostenibles de afectación ciudadana, tuvo que verse agredida y atacada la Policía para que se reaccionara y se comprendiera que, con este grupo de manera específica, el proceso es a otro precio.
El ejercicio de gobierno y autoridad presidencial pasa por la toma de decisiones firmes y pertinentes, pero ello no debe ser confundido con el coro militarista y de tratamiento de guerra que pregonan sectores de la derecha guerrerista y de los grandes medios de comunicación. Pretenden aprovechar la situación para militarizar los territorios e imponer un orden autoritario que limite los derechos civiles y sociales de la población.
Desde hace rato se sabe que la solución de las conflictividades en los territorios tiene una estrecha relación con la combinación adecuada de políticas públicas, sociales, económicas y de seguridad, que deben tener en cuenta factores como el desmantelamiento de los poderes políticos nacionales y locales que dirigen y se benefician del crimen organizado, el papel de algunos alcaldes, gobernadores y funcionarios de todo nivel que hacen parte de la nómina de estas organizaciones.
En este escenario, un capítulo especial requiere el rol de la fuerza pública del Estado y su papel en el tratamiento del crimen organizado y el paramilitarismo. Sobre este rol, es necesario insistir en una depuración de la fuerza pública. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que las estructuras paramilitares y criminales puedan ingresar a las zonas donde hay una alta presencia militar, grandes máquinas llamadas dragones de 50 toneladas, que miden de ancho 4 metros y de alto alcanzan hasta los 8 y 10 metros? Es evidente que debe haber un acuerdo y alianza con gobiernos y fuerza pública en estas rutas, por donde entran y circulan estos dragones que se tragan nuestros ríos, nuestros ecosistemas y la vida de miles de personas pobres y excluidas.
La fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado tienen su prueba de fuego en defensa de las actuales políticas del Gobierno. Se espera una reacción violenta del Clan del Golfo. Debe recordarse que en mayo del 2022, esta estructura narcoparamilitar, desarrolló un paro armado, ante la vista complaciente del gobierno de Duque y la indigna pasividad e inacción del Ejército, en ese momento dirigido por el general Eduardo Enrique Zapateiro.
El tipo de actuación de la fuerza pública en lo que se ve venir es fundamental, porque la decisión del Gobierno de suspender el cese bilateral del fuego con el Clan de Golfo entra a hacer parte de las acciones necesarias para detener el “golpe blando” que está en curso. El paro paramilitar en defensa de la minera de gran escala es parte de la sensación de crisis y caos que quieren generar en Colombia los poderes que perdieron el gobierno, y es un escenario en el que se pondrá a prueba la lealtad, consecuencia e independencia del estamento militar.
Pero a su vez, el anuncio de Petro, de suspensión del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, es también un mensaje para las insurgencias y las disidencias, el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el EPL, que aunque el gobierno plantea de manera adecuada un tratamiento diferenciado, deben tener en cuenta que hay que cumplir y respetar lo pactado. Los acercamientos y diálogos exploratorios continúan, deben continuar y avanzar a concretar acuerdos y rutas de solución política negociada definitiva.
De la decisión presidencial se desprenden reafirmaciones y visiones que marcan el camino a seguir en la Paz Total: Lo primero, es el respaldo que debemos dar la gran mayoría de colombianos y colombianas que queremos la paz. Lo segundo, es no entender esto como un fracaso, sino como un ajuste y una oportunidad para corregir y profundizar en una Paz Total con tratamiento diferenciado. Lo tercero, mejorar y precisar más los mecanismos de verificación. Y cuarto, entender que el actuar del Clan de Golfo está interconectado al “Golpe blando” que dirigen la ultraderecha y parte de militares y exmilitares, lo que exige una respuesta política que integre a gran parte de la sociedad en defensa de los cambios y reformas presentadas.
