El proyecto de ley que reforma el sistema de salud es el primer paso hacia la construcción de un Estado social de derecho. Aunque no es una revolución, va en el sentido correcto
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
Si se hace un repaso histórico de la forma de gobernar en Colombia, es fácil darse cuenta que lo insólito de este Gobierno ha sido el empeño en cumplir sus promesas de campaña. Hasta ahora, quienes nos habían gobernado nos tenían acostumbrados a endulzarnos el oído con halagadoras palabras e imposibles promesas que luego se convertían en lo mismo de siempre: amiguismo, clientelismo y corrupción.
Ante la desilusión, las esperanzas del pueblo se depositaban entonces en la nueva promesa, el nuevo líder que, ahora sí y para siempre, resolvería los problemas de este país.
Y así nos tuvieron durante doscientos años. Ahora, y como algo novedoso en la historia de Colombia, el Gobierno está cumpliendo lo que prometió. Es lo que molesta a algunos sectores del Establecimiento que esperaban seguramente una actitud más “conciliadora”, más dócil. El presidente, su gabinete y la bancada de gobierno en el Congreso, por el contrario, han defendido con decisión las nuevas propuestas de cambio que comenzaron con la reforma tributaria y ahora continúan con la reforma a la salud.
No es la revolución, pero…
El triunfo popular en las elecciones de 2022 no fue una casualidad. Fue producto de una conjunción de fenómenos que comenzó con la parapolítica, la descomposición del uribismo, la consiguiente división de la élite entre santistas y uribistas, el proceso de paz con las Farc, el plebiscito, el empeoramiento de la violencia, la pandemia, la crisis económica, la ineptitud del gobierno de Duque y los estallidos sociales de 2019 y 2021. De alguna manera Petro, Francia y este Gobierno son la materialización de ese nuevo país joven, irreverente y desencantado.
El programa que ganó las elecciones fue el que propuso los cambios y transformaciones sociales que buscan hacer realidad la premisa de la Constitución de 1991 de que somos un Estado social de derecho. Las reformas aprobadas como la tributaria y anunciadas, como la de la salud, la pensional, la laboral, la política o la judicial, son necesidades apremiantes del sistema político que no resiste más estrecheces.
Nuestro régimen político y económico requiere con urgencia una actualización y una apertura con el fin de dar cabida a las nuevas ciudadanías y al país que siempre ha sido excluido.
Porque debe quedar claro que el conjunto de reformas que propone el Gobierno es apenas una actualización. No estamos aquí claramente ante una revolución ni en el preludio de la dictadura del proletariado, estamos ante unos avances que la clase trabajadora de los países industrializados conquistó hace más de 100 años, como el derecho al trabajo digno, la educación, la salud o la pensión.
Estamos ante lo básico que puede exigir cualquier ciudadano en un país democrático: que el Estado le brinde las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Nada más ni nada menos.
Por ello, a pesar de que no son la toma del Palacio de Invierno, las reformas sí van en el sentido correcto de lo que necesita este país y sobre todo, son lo que –de momento– se puede hacer. La situación es apremiante. Millones de personas en Colombia requieren hoy con urgencia que el Estado implemente políticas que mejoren su calidad de vida, quieren ser respetadas, que se les escuche y no se les discrimine, quieren trabajar y tener una vejez plácida, poder educar a sus hijos y vivir en barrios seguros.
En síntesis, quieren ser ciudadanos en pleno derecho y las reformas buscan crear las condiciones para que eso sea posible.
La salud como derecho
Tal vez el problema fundamental del actual sistema de salud emanado de la Ley 100 de 1993, que acabó con el Seguro Social y entregó la intermediación financiera a las EPS, es que concibe a la persona no como un paciente sino como un cliente. Así, la salud no se entiende como un derecho que debe ser garantizado sino como un bien social que se compra, por ello la arquitectura del sistema está diseñada no para que se preste un eficiente servicio de salud a todas las personas sino para que haya rentabilidad en el negocio de la intermediación.
El proyecto de reforma, que será debatido ampliamente por toda la sociedad, reconoce la salud como un derecho fundamental y obliga al Estado a garantizar su vigencia, en especial en los territorios periféricos y en los grupos sociales que requieren especial protección, como las mujeres.
Además, concibe la salud pública en términos preventivos y no curativos, es decir, no como un conjunto de prácticas destinadas a curar al paciente –y por ende, a facturar– sino como la creación de condiciones para que la gente no se enferme, como la ampliación de los centros de salud y la formación de brigadas médicas de prevención que visitarán a las familias en sus casas.
Otro de los propósitos que no dan espera es la formalización y la dignificación de los trabajadores del sistema. Personal médico, de enfermería, terapeutas, camilleros y hasta aseadoras y conductores de ambulancias, se encuentran en este momento en un régimen de tercerización que les impide ejercer de forma digna y eficiente su trabajo.
Abundan los bajos salarios, los contratos por prestación de servicios, la inestabilidad laboral, la necesidad de tener varios trabajos y la precariedad en la contratación. Por ello, el proyecto se propone la dignificación de los trabajadores y la garantía de la autonomía médica y científica.
Uno de los componentes más llamativos del proyecto de reforma es que cambia el papel de las EPS, que deberán transformarse y, en cualquier caso, ya no manejarán los recursos del sistema, los cuales pasarán a ser administrados por el Estado. El fin de la intermediación financiera que cumplían las EPS permitirá que esos billonarios recursos puedan ser destinados a ampliar la red hospitalaria, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sistema y disminuir las barreras de acceso a los usuarios.
Las antipáticas autorizaciones, necesarias para cualquier procedimiento y siempre demoradas o negadas por las EPS, llegarán a su fin. Se busca que los pacientes no tengan que acudir a la tutela y que sea el criterio médico el que determine las necesidades de los pacientes y no el criterio de rentabilidad de las intermediarias.
Furiosa reacción
Como no podía ser de otra manera, los sectores involucrados en el negocio de la salud y sus defensores han reaccionado con ira ante la posibilidad de perder semejante fuente de ingresos. El papel de los medios de comunicación corporativos no ha podido ser más lamentable. Tergiversaciones, declaraciones sacadas de contexto, manipulaciones, mentiras, especulaciones y predicciones apocalípticas son el repertorio que se está utilizando para confundir a la ciudadanía.
No podemos llamarnos a engaños. El actual sistema de salud en Colombia, por más que se insista en lo contrario, es un desastre. Es el sistema de los “paseos de la muerte”, de las autorizaciones que se expiden cuando el paciente ya ha fallecido, del Ibuprofeno para todo, de las citas de 20 minutos donde el médico ni siquiera ausculta, de la escasez de insumos, de la demora en el pago de salarios, de las deudas millonarias con los hospitales, del soborno a médicos por cuenta de las farmacéuticas, de los derroches en centros de veraneo, en resumen, es el sistema de la muerte.
Por ello hay que defender esta reforma. Hay que leer el proyecto, salir a las calles, hacer pedagogía y hacer la presión política necesaria para que se apruebe en el Congreso. Hay que rescatar el lema de la Unión Patriótica en 1985: “Paso a la paz, paso a las reformas”.
