La política de paz del Gobierno de Gustavo Petro, que busca frenar la guerra en el país, en este departamento tiene sus altibajos
Carolina Tejada
Lo que evidencian las cifras es que, en el tercer trimestre de 2022 se empezó a desescalar la violencia generada por los grupos armados ilegales y sus impactos en la población civil, gracias a las iniciativas de diálogo del nuevo gobierno. Sin embargo, la histórica confrontación entre los armados, en otras regiones continuaron, y en algunos departamentos aumentaron los asesinatos de líderes y lideresas sociales.
Un pacto para cesar el conflicto
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, luego de un seguimiento durante el mes de enero del 2023 al comportamiento del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional, CFBTN, decretado entre el Gobierno Nacional y los grupos armados: la Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, el Estado Mayor Central; las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ACSN; y, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para Indepaz, en algunas regiones es más evidente el efecto del cambio de gobierno y sus estrategias para frenar la violencia. En otras camina a paso de tortuga.
Las regiones en donde el cese ha tenido mayores frutos son el noroccidente, Norte de Santander y algunos municipios del Magdalena y del Valle de Aburrá en Antioquia. Y, están aquellas regiones en las que persisten situaciones críticas, por la guerra entre grupos armados ilegales, principalmente en Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo y sur de Bolívar. Estas regiones en el marco del cese al fuego promovido a fin del año 2022 e inicio del 2023, fueron víctimas de acciones violentas que rompen con los acuerdos de cese al fuego. Estos hechos, según el Instituto, en su mayoría son de responsabilidad de las estructuras del Comando Coordinador de Occidente parte del Estado Mayor Central.
Las acciones de sicariato cuya movilidad insta a invisibilizar la responsabilidad de los determinadores de la violencia, se evidencia como la segunda modalidad más recurrente. “La violencia crónica en ciudades capitales como Barranquilla, Cali y Cúcuta; y la realización de acciones de intimidación para la disputa o ampliación de áreas de actuación como las amenazas recientemente conocidas en el Magdalena Medio por parte del Clan del Golfo/Autodefensas Gaitanistas”, afirma Indepaz, también se presentan como parte del comportamiento en el marco del incumplimiento al CFBTN.
Durante enero de 2023, no se presentaron homicidios de personas en proceso de reincorporación, pero se presentaron 12 masacres y se registraron 29 hechos de violaciones. Los departamentos más golpeados fueron Cauca con 12 casos y Nariño con cinco casos. “El Estado Mayor Central está relacionado en el 86% de los casos, siendo el Comando Coordinador de Occidente su estructura con la participación más alta con un 58% del total de las violaciones registradas” narra el Instituto y señalan a Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, como algunas de las regiones en donde el rompimiento del cese al fuego se cataloga como de alto impacto.
El caso de Arauca
“Aquí no hay cese al fuego” afirma Ferney Tique, líder de Arauca e integrante del Comité Permanente de Derechos Humanos. Los grupos armados desde enero del 2022, no han cesado los combates, los hostigamientos y el asesinato de la población civil. La Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, MOCIPAR, ha insistido en que la violencia se mantiene, sin que las salidas propuestas por el gobierno nacional y departamental surtan efecto o sean consecuentes con el tipo de conflictividad que existe en el departamento.
Las organizaciones armadas que hacen parte en la región son, por un lado, grupos residuales y disidencias de las Farc-EP y, por otro lado, el Frente de Guerra Oriental del ELN, además del Ejército y la Policía. Si bien, el cese al fuego finalmente no fue acordado entre el gobierno y el ELN, por lo cual no se incluyen dentro del análisis de Indepaz, sobre el incumplido el CFBTN, sí ha existido un llamado desde las organizaciones sociales y la población civil, no solo al ELN, sino a todos los grupos armados para frenar la guerra y a avanzar en unos mínimos humanitarios, lo cual ha sido imposible.
En el marco de la navidad del año pasado, el ELN en procesos de diálogo con el gobierno nacional, expresó que entraría en un Cese al Fuego Unilateral por la temporada, pero solo con «las Fuerzas Militares y de Policía del Estado» lo cual implicó que la disputa territorial con el frente 10 de las extintas Farc se mantuviera latente. Solo en el año de 2022, 356 personas fueron asesinadas en este departamento.
Por otro lado, la designación del nuevo gobernador, Wilinton Rodríguez del partido Cambio Radical, sobre quien recaen varias investigaciones, no ha caído muy bien entre los sectores sociales. En un pronunciamiento público de la MOCIPAR, el pasado 13 de febrero, le recuerdan a Rodríguez: “la necesidad de atender en la región las exigencias humanitarias de las comunidades y garantizar la vida de todos los araucanos, tener en cuenta a las comunidades indígenas y campesinas que por razones del conflicto se encuentran en medio del fuego cruzado”.
Además, le cuestionan que desde el gobierno departamental se estén utilizado los Puestos de Mando Unificado por la Vida, PMUV, para garantizar la continuación de la explotación petrolera con las empresas SIERRACOL ENERGY y PAREX, “los PMUV, según circular externa del Ministerio del Interior del 3 de septiembre del 2022, son estrictamente para determinar acciones dirigidas a garantizar la vida de los ciudadanos araucanos, los liderazgos sociales y de DDHH”.
En asamblea permanente
Para Tique, la población araucana siempre ha sido propositiva ante las salidas del conflicto. “Desde años anteriores hemos exigido garantías para la vida, para los liderazgos sociales de todos los sectores”, pero afirma que, estas garantías “no las hemos logrado porque ni el gobierno regional, ni nacional han ofrecido las medidas necesarias y suficientes, que protejan los derechos colectivos. Necesitamos un gobierno garantista de los derechos fundamentales hacia una paz integral”.
Desde hace años el movimiento social de la región radicó ante los otros gobiernos, un plan de vida del movimiento campesino, étnico, cívico y popular, “sin respuesta alguna de querer instalar una mesa de interlocución para avanzar en las negociaciones. Creemos que el gobierno del cambio, tiene una oportunidad para avanzar en un plan de intervención social para Arauca, de la mano de las distintas plataformas sociales como MOCIPAR y las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia”. Sin embargo, argumenta: “La respuesta del gobierno ha sido dilación y poca concertación con el movimiento social. Se comprometió a proteger, prevenir y garantizar vida y libertades al movimiento social a través de los PMUV y fue más una noticia de prensa que resultados reales, en Arauca sigue la matanza”.
Por estas razones, en el marco de los avances de los diálogos de paz y de la necesidad de avanzar en Arauca con un proceso territorial humanitario y de concertación por la vida entre los armados, la MOCIPAR se ha declarado en alerta y asamblea permanente. “No sólo para respaldar las reformas del gobierno del cambio, sino además para convocar el más amplio movimiento social, étnico y popular en defensa de la vida, el diálogo que conduzca al cese de fuego bilateral y multilateral verificable que desescale el conflicto armado en favor de la paz con justicia social y la permanencia digna en el territorio” afirma el líder.
Además, se trazarán nuevas iniciativas y se seguirán apoyando: “los diálogos por la paz, pero con verdaderas garantías de protección y respeto por los diversos liderazgos. Estamos proponiendo la gestión de un encuentro con altos funcionarios del gobierno nacional en procura de instalar la mesa de interlocución regional, a fin de que entre el movimiento social y el gobierno del cambio se construya un plan de intervención social para Arauca, alejado de la represión militar y el aumento de la militarización, medida histórica de otros gobiernos que no ha funcionado, al contrario, ha sumido al pueblo araucano en una crisis humanitaria, social, económica y política. Y, vamos a impulsar un nuevo foro regional: Paz, diálogo y DDHH”.
