El Gobierno Nacional responde con violencia a las peticiones de los transportadores que piden el cumplimiento de lo acordado hace más de un año. El país ya sufre las consecuencias de más de 40 días de paro
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Como ya es costumbre o ha sucedido con las comunidades y organizaciones sociales con que el Gobierno Nacional ha tenido conflictos; se hace un paro para exigir el cumplimiento por parte del Estado, de lo acordado en un paro anterior. Al igual que los camioneros, han tenido que hacerlo los maestros y los campesinos, que también han sido víctimas de las burlas gubernamentales.
Pero este sector también ha sufrido las fuerte represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, que ya dejó un ciudadano asesinado en Duitama, Boyacá, y varios heridos en diferentes partes del país.
El conflicto produce desabastecimiento de productos de la canasta básica familiar en las principales ciudades, por consiguiente un disparado aumento de precios; mientras en pequeñas poblaciones se descomponen alimentos perecederos y productores avícolas se han visto en apuros por falta de alimento para sus animales. La incoherencia gubernamental deja miles de millones de pesos en pérdidas para todo el país, luego de más de 40 días de paro camionero.
Al cierre de esta edición de VOZ, los transportadores habían pasado al Ministerio de Transporte un documento con propuestas de solución y tenían reunión con la Comisión Sexta del Senado.
El problema
En Colombia existen 333 mil vehículos de carga para mover 220 millones de toneladas de diferentes productos al año, pero se podrían transportar 500 millones; por lo que para los transportadores no es necesario aumentar de manera desaforada la oferta en este servicio, y fue ese factor lo que produjo el “uno a uno”. Es decir, la regulación consistente en que para que entre un camión nuevo, debe salir uno viejo de la misma capacidad de carga, y de manera paulatina modernizar estos automotores.
VOZ habló con Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana del Transporte, quien explicó el punto de vista de los camioneros que adelantan las protestas.
–¿Cuál es el principal problema que los mantiene en paro desde hace más de un mes?
–Existen en Colombia 59 mil vehículos mal matriculados con los que no se cumple lo pactado en el uno a uno para resolver el problema de sobreoferta. También nos estamos oponiendo a la implementación de las 14 nuevas casetas de peaje para la construcción de las vías de cuarta generación, lo que no compartimos porque no podemos pagar más peajes y están cobrando eso anticipado. También reclamamos unos recursos que tiene el Gobierno nacional, son un billón de pesos para entregar vehículos y no aparecen; por eso los carros que se han presentado para reintegración física este año, no los han pagado.
–¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el dinero que no aparece?
–Ante eso el Gobierno dice que va a hacer el esfuerzo de conseguir unos 150 mil millones y poder entregar vehículos, aunque esa plata es del sector. Hemos dicho que con base en el acuerdo de marzo del año pasado, después del paro, esa plata se haría efectiva en cuatro vigencias. Pero hoy hay un decreto borrador en la página del Ministerio donde se elimina la chatarrización, el uno a uno, y nos ponen a vender un bono que es lo que nos darán por un carro. Eso pierde el valor más aún cuando el dólar ha aumentado y el cupo quedaría valiendo prácticamente el 10% de lo que debería valer. Pero nosotros decimos que si no blindamos el transporte con la regulación, no hablemos de costos porque nosotros prácticamente quedaríamos por fuera.
–¿Qué están pidiendo sobre el precio de los combustibles?
–La Corte Constitucional emitió un fallo con el que eliminó el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que había sido creado en 2009 y que recaudaba 2.450 pesos de más por galón. Al eliminarlo, los colombianos tenemos derecho a los precios que había antes de que existiera ese fondo: 6.300 para gasolina y 6.200 para ACPM, pero desde 2014 el ministro Mauricio Cárdenas metió un referencial de participación que era un mico de la misma magnitud y se siguió cobrando el rubro. Lo que reclamamos es que se cumpla la sentencia de la Corte, que no cobre ese dinero en el combustible a los colombianos.
Desprestigio a la movilización
–También se ha dicho que con sus peticiones protegen a unas mafias de transportadores. ¿Qué dice al respecto?
–El presidente Santos quiere desvirtuar su responsabilidad para dar solución a los camioneros e intenta distraer a la opinión pública. Aquí estamos dando la cara, si algo fuera cierto pues la Fiscalía estaría haciendo su trabajo o ya estaríamos presos o demandados. El Gobierno no puede intentar tapar con un dedo el problema del transporte de carga en el país.
–¿Cómo mejorar las condiciones de los conductores de los camiones, no sólo de los dueños, en cuanto a salarios, horarios y seguridad social?
–Lo primero es que hay que garantizar que la propiedad se mantenga con el uno a uno. Si eso pasa, ya le podemos decir al conductor “vea, ya hay un carro, hay trabajo”. Es decir, si se garantiza una economía dinámica rentable, entonces nosotros podríamos garantizar al conductor seguridad social y salario justo por su trabajo. Es algo relativo, si el patrón tiene con qué cancelarle un sueldo digno al conductor, es porque recibió un flete digno. También se ha hablado con el Gobierno sobre la certificación de profesionalización a los conductores, donde se capacitarán para ser excelentes.
–¿Cuáles son las denuncias que tienen contra la multinacional Impala?
–Esta multinacional vino a Colombia y ha hecho grandes negocios. Pero para ellos hay unas prebendas que les facilitan competir o mejor quitarnos la carga que se mueve en Colombia. ¿Cómo es posible que el Gobierno permita que una multinacional venga y arrase con quienes hemos tenido durante años la actividad transportadora? Creemos que es justo que los condicionen, que no compren vehículos sin regulación y que tengamos todos participación en los escenarios del transporte.
–¿Qué piensa de las medidas represivas que con policías hacen contra ustedes por sus manifestaciones?
–El presidente ha salido en los medios a amedrentarnos, a quienes no despachen, pero eso no nos afecta porque la gente está con nosotros y porque no hemos bloqueado vías. Lo otro es que 50 mil efectivos para que no podamos protestar me parece muy malo, porque la Fuerza Pública es para cuidar los bienes y la honra de los ciudadanos, no para reprimirlos. Entonces, seguiremos parados a las orillas de las vías o en los parqueaderos porque estamos seguros que tenemos la razón, por lo que seguiremos firmes en nuestra protesta.
