Recientemente el país conoció que las autodenominadas AGC han cambiado su nombre por Ejército Gaitanista de Colombia. Para analizar a este actor armado, VOZ habló con Miguel Prieto, miembro del equipo de Caribe Investigación
Bolcheradio AM
En la actualidad, el conflicto social y armado sigue azotando a las poblaciones más vulnerables del país. En ese complejo contexto, uno de los actores más poderoso, pero al mismo tiempo más enigmático, es el llamado “Clan del Golfo”, nombre fabricado por la inteligencia militar y que ha sido adoptado por el poder mediático.
Sin embargo, recientemente el país conoció que este grupo ya no se autodenomina como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, sino como Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, modificación que sin dudas responde a una política al interior de la organización armada, si se tiene en cuenta el fortalecimiento militar, el copamiento y control de territorios estratégicos, tanto en la ruralidad como en las principales ciudades.
Política de Estado
La pregunta es ¿el “Clan del Golfo” es una organización criminal o es una reconfiguración paramilitar? Para responder a esta y otros cuestionamientos, la Bolcheradio AM habló con Miguel Prieto, miembro del equipo de Caribe Investigación, espacio para el pensamiento crítico que ha venido indagando sobre este actor armado.
¿Cuál es la caracterización que hacen del EGC?
En el proceso con los paramilitares que derivó en Justicia y Paz, gran parte de los mandos medios y altos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, simplemente no firmaron, o se desmovilizaron y regresaron a las armas. Eso significó, por un lado, fortalecimiento del proyecto en regiones donde tenían control absoluto y, por otro, expansión hacia el norte del país.
El padre Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos e investigador de vieja data del paramilitarismo, dice que Justicia y Paz sirvió para lavarle la cara al establecimiento y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento estaba desprestigiado nacional e internacionalmente.
Fue una pantomima. Es la génesis del proyecto que hoy se conoce como EGC, montado sobre las mismas lógicas del establecimiento que permitió que se conformara el paramilitarismo en Colombia.
Situación en el Caribe
Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos han dicho que justamente el paramilitarismo no es otro actor, sino una estrategia del Estado. ¿Se cumple la anterior afirmación con este grupo?
Sí. El padre Giraldo explica como después de 2010 las AGC cambiaron la forma de ejercer control en los territorios. Por ejemplo, no ejecutaban esas masacres horrendas de cientos de personas como en la década del noventa y principio de este siglo.
Sin embargo, después de la reincorporación de las antiguas FARC, ellos comenzaron a copar los territorios y las masacres comenzaron a expresarse de nuevo como una forma de control territorial y del tejido social.
Por otro lado, recordemos que el paramilitarismo nace como una política de Estado. Distintos informes ubican al EGC como actores en connivencia con el Ejército y otras instituciones. La parapolítica no se ha extinguido. En fin, no podemos ubicarlo como un actor armado ajeno al Estado. Sería una ingenuidad.
Históricamente el paramilitarismo tuvo un posicionamiento muy fuerte en el Caribe colombiano. ¿Cuál es el diagnóstico de esta organización en esta región del país?
Hay un mapa de crecimiento y consolidación del EGC que es similar al proceso de expansión y consolidación de las AUC, desde el Urabá antioqueño, subiendo por Córdoba, Montes de María, Golfo de Morrosquillo, Nudo de Paramillo, todo lo que es el Magdalena Medio, abarcando hacia el sur del Cesar y allí hacia el Magdalena.
Eso responde a varias cosas. Lo primero, es el dominio de las rutas del narcotráfico, minería ilegal, todo tipo de economías legales o ilegales; lo segundo son las regiones estratégicas donde el paramilitarismo “peinó” el territorio para que las trasnacionales pudieran avanzar en sus proyectos extractivos en todo el Caribe colombiano.
Si evaluamos todo lo que es el corredor minero del sur de La Guajira y del Cesar, el proyecto del ferrocarril que va de Chiriguaná a Dibulla, nos damos cuenta que la violencia y el control paramilitar del territorio es afín a todos estos planes, siendo una constante la represión con la resistencia social que defiende el territorio, las aguas, todos los ecosistemas y el derecho a la vida en general.
Paz Total
Ustedes han denunciado una crisis humanitaria invisible en el Caribe…
Así es. Si revisamos hay dos puntos de crisis humanitaria que no han sido atendidos y que son poco mediáticos. Se trata del Sur de Bolívar, confrontación EGC con el ELN y las disidencias de las FARC, y la zona rural de Riohacha, entre EGC con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, ACSN.
Además, la violencia se ha ido apoderando de las principales ciudades del Caribe colombiano, donde el EGC tiene relacionamiento con bandas criminales para controlar microtráfico y otro tipo de actividades.
La entrada de este actor armado a la política de Paz Total del gobierno Petro ha suscitado todo tipo de debates. ¿Cuál es su opinión frente a esta disertación?
Lo primero a considerar, ante una posible negociación con el EGC y las ACSN, son las víctimas, las comunidades asediadas y controladas que han sufrido desplazamientos y asesinatos selectivos.
Lo anterior nos lleva al segundo punto, que es respetar el Derecho Internacional Humanitario y proteger a la población no combatiente, para así evitar más dolor en el país.
Hay un elemento que divide ante la posibilidad de un diálogo con el EGC. Es precisamente si se le da reconocimiento político o no. Yo creo que esa no es la discusión. Más allá del carácter político, si se le somete a la justicia, el Estado debe reconocer cuál es su relacionamiento de este actor armado con el establecimiento y los poderes fácticos que operan en las regiones. De no ser así, vamos a seguir en una impunidad eterna.
