Rubiel Vargas Quintero
En las últimas décadas se ha desatado en Colombia, una ola de violencia que tiene por escenario principal la disputa territorial en los principales centros urbanos.

La violencia es una suma de acontecimientos traumáticos que dejan tras de sí destrucción del territorio y de la sociedad. El conflicto armado en los centros urbanos repercute de múltiples maneras: destrucción del patrimonio cultural, de la democracia y la participación ciudadana, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y sobre todo pérdidas de vidas humanas, que en su mayoría quedan en el anonimato.
En 1996 aproximadamente el 70% de la población colombiana se podía clasificar como urbana, y de esta el 25% residía en Bogotá, Cali, Medellín y sus respectivas áreas metropolitanas. En estas ciudades se cometieron 10.740 homicidios en 2008, es decir el 40.3% del total de casos sucedidos en el país.
La ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha son los territorios que más sienten la migración masiva de desplazados víctimas de la violencia, es donde llegan familias completas provenientes de muchas regiones afectadas y que las convierte en víctimas de los grupos paramilitares, que contribuyen al despojo individual y colectivo de tierras donde es posible identificar las huellas que las marcan como un lugar territorializado por la criminalidad.
Lo grave es que ambas ciudades siguen sin ninguna política clara sobre cómo manejar la inserción de estas personas ni cómo poder ser una “ciudad democrática e incluyente”. Sin embargo, la dimensión de este fenómeno y su característica urbana la encontramos en varias localidades de Bogotá.
Campañas armadas
Las campañas armadas de grupos ilegales, provenientes básicamente de los ejércitos privados de los esmeralderos de Boyacá, iniciaron el asentamiento en localidades del Distrito Capital a partir del año 2001. Con la consigna “Bogotá para los esmeralderos”, y varios bloques paramilitares cercanos a la capital como la Casa Castaño, lograron la presencia formal de estos grupos que se estructuraron bajo el nombre Frente Capital – Águilas Negras, con influencia de servidores oficiales, como lo denunciaron algunos jefes paramilitares que se encuentran dentro del proceso de Justicia y Paz, y que entraron a operar en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar.
La intención inicial era promover un corredor de movilidad, un centro de comunicación y abastecimiento para otros frentes y bloques rurales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Carlos Castaño aseguró en el año 2001 que el objetivo principal de la entrada a Bogotá era arrebatar el corredor de la guerrilla hacia Neiva, Cáqueza, Choachí, que tenía como epicentro el Sumapaz, y servía para el abastecimiento de armas, uniformes y comida.
La presencia lograda en Bogotá por los grupos privados de los esmeralderos se convirtió en una renta para otros grupos paramilitares aledaños, particularmente de los Llanos Orientales, en especial el Bloque Centauro, interesado en controlar el espacio territorial y generar ciertas rentas favorables en el negocio del narcotráfico.
Al efecto, Miguel Arroyabe “compra” la franquicia del Frente Capital, entra a conformar un grupo más estable con combatientes provenientes de bloques y frentes paramilitares de los Llanos Orientales y los departamentos de Tolima y Boyacá. La agudización de las disputas entre grupos paramilitares son los puntos cumbres de la expansión y las oleadas de violencia en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar durante los años 2003 y 2004.
Esta fase del fenómeno logró reclutar a organizaciones delincuenciales locales, infiltrar sectores de las economías no formales de localidades enteras y zonas comerciales importantes como los San Andresito, las centrales de abastos y los comercios informales de la localidad de Chapinero; controlaron varias juntas de acción comunal de barrios periféricos de la ciudad, después del asesinato de varios líderes populares.
El Frente Capital
El paramilitarismo se hizo presente de forma sangrienta, que generó un centenar de víctimas en el 2002. En ese mismo año el Frente Capital hace parte de las AUC y muestra toda su capacidad activa de operación e intimidación recurriendo a los mismos modos de acción de otros frentes paramilitares, intimidación, miedo y zozobra sobre la población urbana. A la fecha, Bogotá no ha iniciado un proceso sensato de desmonte de las bandas paramilitares en la ciudad, que siguen con el control del narcotráfico, las amenazas por medio de panfletos, grafitis, desplazamiento forzado interno y homicidios selectivos.
Simultáneamente, el Frente Capital comenzó a operar a través de estructuras militares y financieras más estables y sofisticadas, como la que manejó Luis Enrique Rojas, alias “Gary” hasta el 2004. Oriundo de la región de Río Blanco, en el sur del departamento del Tolima, Gary llegó a Ciudad Bolívar en 1998. Luego de hacer un “curso de autodefensa” en Santa Marta, arribó al sector de El Paraíso, en la parte alta de Ciudad Bolívar, como parte de la estructura del Frente Capital y con objetivos más específicos.
Con algunos familiares y amigos que llegaron del Tolima conformó mecanismos de extorsión y protección a través de los cuales se convirtió en autoridad del sector mediante la intimidación, el boleteo y el asesinato. Al comienzo ofreció sacar a los consumidores de bazuco, los ladrones y los milicianos de la guerrilla; luego acordó con los tenderos, los comerciantes y los transportadores del sector el pago de cuotas configurando una eficiente red de cobro de “impuestos”.
Reconfiguración del paramilitarismo
Varias amenazas por parte de grupos paramilitares como el Bloque Capital hacen pensar que el paramilitarismo no se desmontó sino que se reconfiguró, pues los “fenómenos” ligados a este siguen intactos como son: el control territorial, el control del microtráfico en barrios a gran escala que se convierte en narcotráfico, el desplazamiento forzado interno. Además mantienen unidades de mando, el rango de autoridad ilegal.
La ciudad no puede esperar un recrudecimiento sistemático de homicidios de líderes sociales locales, jóvenes, líderes culturales, profesores, funcionarios de la Administración Distrital y una expansión inmanejable de la influencia de mafias armadas a nivel urbano.