La rigidez de las normas para acceder a crédito externo tiene al país ante la disyuntiva de cumplir los compromisos adquiridos o sacrificar parte de la inversión interna para lograr las metas del cambio
Jeison Alfonso
El pasado 20 de junio, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley por medio del cual el Gobierno nacional solicitó la ampliación del cupo de endeudamiento de la nación en US$17.607 millones. El Ministerio de Hacienda saludó la decisión e indicó que los recursos del cupo aprobado se emplearán para cubrir las obligaciones del Servicio de la Deuda Pública Externa. La medida no es extraordinaria, de acuerdo con el diario La República, desde el año 2000, se han aprobado seis solicitudes para ampliar el cupo de endeudamiento y, como resultado, el techo de la deuda colombiana pasó de US$12.000 millones en 1999 a US$87.000 millones en 2024.
Este creciente endeudamiento se explica fundamentalmente por una situación de “déficits fiscales permanentes” consecuencia, como señala Carlos Duque¹, de una combinación de gasto estatal ascendente, baja tributación, evasión fiscal, alto desempleo y salarios de subsistencia, característicos de una economía periférica como la colombiana.
Pagar deuda con nueva deuda
A este cuadro, se suma la fragilidad de las cuentas externas, pues como de la actividad económica del país no se obtienen los recursos necesarios para comercializar con otras economías, tanto el sector público como el privado han tenido que recurrir a un mayor endeudamiento. Así, en las últimas décadas, mientras la deuda crece, los recursos provenientes, por ejemplo, de las exportaciones vienen cayendo y, en consecuencia, hay menos divisas para apalancar la deuda. Esta situación, de déficit permanente y desbalance de las cuentas externas, ha conducido a que los diferentes gobiernos terminen solicitando préstamos para pagar deuda, y paguen para volver a recibir prestado (Suarez, 2022)².
Lo que se heredó
Además de estas debilidades estructurales, el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que asumir las consecuencias de la deuda contraída en el marco de la pandemia. Con ocasión del estado de emergencia declarado en el 2020, el gobierno de Iván Duque aprobó varios créditos por un valor de US$6.560 millones, de los cuales el más importante fue el adquirido con el Fondo Monetario Internacional, FMI, por US$5.375 millones. Para la actual administración, el problema es que el pago y/o amortizaciones de esos créditos no estaban direccionados a ampliar el cupo de endeudamiento del país. Así, para 2024 y 2025, el Gobierno tendrá que realizar pagos por US$3.546 millones, pero solo tenía disponible un cupo de US$2.180 millones. De ahí que, de no haberse aprobado la ampliación de este cupo, Colombia no podría cumplir con esos compromisos y habría afrontado mayores dificultades para acceder a financiamiento externo a futuro.
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, resumió claramente la situación: “El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para palear el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública”.
Crecen la deuda y el servicio de la deuda
Para 2024, se espera que, como resultado del menor recaudo tributario, el déficit fiscal ascienda al 5,6 por ciento del PIB, mientras que la deuda subiría del 53,8 por ciento al 55,3 por ciento del PIB. Según el Ministerio de Hacienda, el menor recaudo se debe fundamentalmente a la caída en los ingresos por impuesto de renta, a las dificultades de la DIAN para reducir la evasión tributaria, al retiro del proyecto de ley para el arbitramento de litigios y por la decisión de la Corte Constitucional en el sentido que las regalías sí son deducibles del impuesto de renta que pagan las empresas del sector minero energético.
Además de las dificultades en el recaudo, el problema principal que enfrentan las finanzas públicas es el elevado costo de la deuda, es decir, los intereses a pagar que, según el Ministerio de Hacienda, para 2024 y 2025, representan el 4,7 por ciento del PIB, unos $79 billones por año.
La consecuencia inmediata del pago de estos altos intereses, la caída del recaudo y la desaceleración económica, es el recorte en el presupuesto de 2024 en $20 billones y, para 2025, $36 billones. Estas cuantiosas sumas se destinarán al pago del servicio de la deuda, en el marco del cumplimento de la regla fiscal, ley que busca garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas, para lo cual fija límites al nivel de endeudamiento del país.
Ganadores y perdedores
Según el Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, el recorte del gasto de inversión en 2025 afectaría especialmente a los sectores de “Inclusión Social (-$8,3 billones), Agricultura (-$6,2 billones), Educación (-$5 billones) y Vivienda (-$3,4 billones)”. Esto, en un contexto en que se requiere reactivar la economía y acelerar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
No se puede dejar pasar que el gran ganador con el servicio de la deuda es el capital financiero, pues los principales acreedores del país, más allá de los organismos multilaterales como el FMI, son los tenedores de bonos. Así, por ejemplo, para mayo de 2020 el 60 por ciento de la deuda pública se encontraba en manos del Grupo Aval, del Grupo Empresarial Antioqueño, del Grupo Gilinski y del Grupo Bolívar, principales grupos financieros del entorno nacional.
¿Pagamos deuda o invertimos?
Ante este escenario, el Gobierno debe revisar su posición frente al estricto cumplimiento de la regla fiscal y trabajar para que se abran alternativas de renegociación de la deuda, eso si lo que se quiere es fomentar el crecimiento económico, avanzar con la reindustrialización, cumplir con el programa de gobierno e impulsar la continuidad del proceso de cambio. Conviene que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla recuerde lo que dijo en el Congreso de Asofondos “la deuda no reactiva la economía, la inversión sí”.
