Mayor inversión y democratización son algunas de las cartas con las que el Gobierno Petro se juega la implementación del Acuerdo de La Habana. Miles de pobladores en el sur de Córdoba ven que los proyectos producen grandes transformaciones en sus comunidades
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
“Veo con muy buenos ojos que se haga la planificación en comunidad. Es bueno que se cuente con nosotros, que la gente partícipe de la planeación y también sea parte de la ejecución, porque en muchas ocasiones se está llevando a los territorios contratistas de otras regiones”.
Así lo manifestó el líder Rubiel Darío Zapata, quien también integra el grupo motor en San José de Uré –sur de Córdoba– uno de los cinco municipios de esta subregión, al referirse a la manera como el actual Gobierno planea y ejecuta iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Esta subregión está compuesta además por Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia.
El grupo motor está integrado por representantes comunitarios, quienes acompañan el proceso en los municipios, las veredas y conectan a las comunidades con las instituciones estatales para facilitar y apoyar la planeación y ejecución de proyectos. Son quienes dinamizan la implementación de los PDET.
Es necesario recordar que los PDET son un instrumento de planeación y gestión que, en el marco del Acuerdo de Paz, buscan transformar los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la debilidad institucional y la presencia de cultivos de uso ilícito.
Rubiel Zapata hizo el pronunciamiento en el encuentro subregional PDET, realizado el 19 y 20 de abril en Montería, en el que el director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, Raúl Delgado habló con líderes campesinos, indígenas, juveniles, ambientalistas y alcaldes de estos municipios, para identificar los inconvenientes de los proyectos implementados y encontrar soluciones. Asimismo, priorizar iniciativas y construir una ruta de implementación en el Gobierno Petro.
En palabras del director de la ART, estos Programas deben fortalecer las capacidades de las comunidades para así cerrar las brechas sociales y económicas que hay con el resto del país.
Entidad para la coordinación
Hay que tener en cuenta que la ART fue creada en 2015, tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, y entró en operación en enero de 2017. Es una entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.
“Fue creada para coordinar la intervención de entidades nacionales y territoriales en zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país”, explica la web de la entidad.
Por otra parte, en 2017 se crearon los PDET como un instrumento de planificación y gestión para implementar los planes sectoriales y programas, en el marco de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales.
En el marco de estos Programas, la ART articula a las organizaciones sociales y comunidades con diferentes entidades del Estado, del orden territorial y nacional, para implementar las iniciativas propuestas por las comunidades que surgen de las necesidades que ellas mismas identifican.
Aunque estos Programas se vienen implementando desde 2017, diferentes líderes de estos cinco municipios coinciden en reconocer que en el Gobierno de Gustavo Petro se ha acelerado su implementación. Y, lo que más recalcan es que se está teniendo en cuenta directamente a las comunidades, se consulta con ellas, se les escucha evitando los intermediarios y se plantea la ejecución de varios proyectos por parte de las Juntas de Acción Comunal.
Algunos proyectos
Bertha Moreno es la presidenta de la Asociación de Recicladores Ambientales de Puerto Libertador e integra el grupo motor. En su trabajo hace énfasis en las madres cabeza de hogar, como ella, desplazadas por la violencia: “Nosotras somos 42 recicladoras de oficio de plástico, de cartón, de vidrio y de los desechos orgánicos que genera la poda de árboles. Con el plástico hacemos transformación; llega a la estación de servicio se hace la separación en la fuente, el lavado, lo transformamos y lo enviamos para las fábricas. Lo sacamos del territorio y se va para Medellín, para Bogotá para acá donde nos solicitan para hacer ropa. También le estamos vendiendo directamente a Enka”.
Dice que a través de los PDET han recibido capacitación y la ART les ha permitido visibilizarlas: “Nos han ayudado mucho porque nos presentan organizaciones que nos compran los materiales; nos hacen el puente”.
Según Eduardo Padilla –líder del corregimiento de Versalles en San José Uré– quien con la ayuda del Estado busca formar una cooperativa de productores agropecuarios y crear un centro de acopio para almacenar arroz, yuca amarga y otros productos: “Los proyectos PDET nos han servido muchísimo para cambiar lo ilícito por lo lícito con iniciativas productivas de pollos, peces, por ejemplo, en una zona que, aunque es mucho menos, todavía es golpeada por la guerra”.
Por fin energía
Rubiel Darío Zapata reconoce que con los PDET su municipio tiene inversiones con recursos que superan los 100 mil millones de pesos, para vías que les han permitido mayor desarrollo, especialmente en la comercialización de productos agropecuarios. “En el momento se están construyendo vías por valor de 83 mil millones de pesos, todas financiadas a través de esta gestión”.
Asimismo, muestra como exitoso un programa de paneles solares gratis para producir energía a 162 fincas alejadas de las zonas urbanas, “familias a quienes se les mejoró su calidad de vida. Pueden tener sus bombillas, conectar una estufa, colocar un ventilador o una nevera”.
De la misma manera, la Junta de Acción Comunal, que preside Pedro Luis Arroyo en Tierralta, se postuló para construir tres kilómetros de una vía terciaria. En su experiencia supo cómo una organización comunal puede hacer obras: “La plata nos alcanzó para uno de los mejores restaurantes escolares del municipio y con lo que nos sobró lo invertimos en el cerramiento del colegio. Si hay honestidad alcanza la plata”, sentencia con conocimiento de causa.
Otra de las comunidades de esta subregión que se ha beneficiado con varias iniciativas es el resguardo indígena Quebrada Cañaveral, de Puerto Libertador, donde hay 10 comunidades Embera. El dirigente indígena César Bailarín da mayor valor a la de educación en la que se contrataron diez docentes bilingües español-embera, lo que les permiten transmitir y mantener sus costumbres ancestrales. Añade que hay un proyecto de soberanía alimentaria para la siembra de plátano, ñame, arroz y caña, pero no se ha materializado.
Un gran obstáculo
La guerra entre diferentes grupos al margen de la ley y las fuerzas de seguridad del Estado se ha convertido en uno de los impedimentos para la implementación de los proyectos.
Si bien Rubiel Darío Zapata reconoce que sí bajó la intensidad de la guerra luego del proceso de La Habana, señala que ahora la situación ha sido muy similar, aunque con otros actores. Así mismo, lo identifica Pedro Luis Arroyo: “La guerra ha sido tremenda y hay secuelas. Nos ha tocado duro…”.
Por su parte, el dirigente indígena César Bailarín señala que actualmente se vulneran más sus derechos, “a pesar de que hablemos de unos derechos plasmados dentro del Acuerdo de Paz, y eso que nuestro resguardo ha sido priorizado dentro del capítulo étnico del Acuerdo. Todavía hay asesinato y señalamiento de líderes, más presencia y ocupación del territorio, y se nos están llevando a nuestros jóvenes”.
Por eso, los dirigentes sociales coinciden en la necesidad de una paz con todos los actores y mayor inversión por parte del Estado, porque no solo les permite tranquilidad, sino desarrollo. Lo que le daría un mayor impacto a esta política del Gobierno nacional.
Una iniciativa avanzada
En el recorrido, VOZ visitó Tierralta para conocer Activa-10, una asociación de capacitación y organizaciones de este pueblo y de Valencia impulsada por la ART, que cuenta con un centro de acopio para cacao, y para visitar algunas fincas cultivadoras de este producto.
Sus integrantes destacan la oportunidad y el apoyo brindado por el Gobierno para dejar los cultivos de uso ilícito, lo que han hecho con ayuda de entidades internacionales que les ha permitido conseguir una planta semiindustrial para la transformación del grano y producir diferentes chocolates.
El proyecto beneficia a 450 familias, aunque solo de cinco fincas seleccionan producto para la transformación, proceso en el que entidades como el SENA han intervenido para la capacitación de jóvenes lugareños, quienes fabrican cinco mil barras de chocolate de 250 gramos, cada tres días, con la mano de obra de seis personas.
A Activa-10 también llega el cacao de la finca de Luz Adriana Padilla Miranda, quien vive con su madre, su hermana y esposo. En su terreno de cuatro hectáreas produce aguacate, naranjas, limones y yuca. Hace cuatro años inició a cultivar una hectárea de cacao, luego de que abandonaran la ganadería cuando ya no era rentable. Produce 400 kilos anualmente.
“La ART fue la que nos ayudó a través de Activa; nos dieron la casa elba o asoleadero, insumos, ayuda técnica. Ha sido de gran bendición. Arrancamos bien por eso que nos dieron, las capacitaciones de lo que debemos hacer con la cáscara del cacao y muchas cosas valiosas para no desperdiciar”, comenta con agradecimiento.
Las carencias
Aunque es consciente de que la producción ha mejorado por la asistencia de la ART, cree que falta más asistencia técnica. Así también lo expresa Manuel Enrique Vega Cordero, mientras en su parcela muestra unas mazorcas enfermas atacadas por plagas. Comenta que este año ha perdido el 95% de su producción y no tiene cómo controlar enfermedades: “nos dejan solos, falta ayuda, vienen y luego nos dejan solos. Cuando la producción es buena no hay problema, pero este año he tenido problemas para el sostenimiento”.
Para sostenerse, Manuel Vega debió construir un galpón con 100 gallinas ponedoras que le ayudan con 70 huevos diarios, que -cuenta- le queda difícil vender en el municipio ya que los tenderos prefieren comprarle a las grandes comercializadoras, a pesar de que sean más caros. Cree que también se pueden crear circuitos de comercialización que los beneficie.
De la misma manera que los cacaoteros, Rigoberto Ávila, analista de la ART para Valencia, entiende que falta un permanente acompañamiento en varios aspectos: “Lo que pasa es que la implementación va gradual, y como la bolsa de recursos no es tan grande hay que ir paso a paso. Por ejemplo, fueron priorizadas unas líneas agrícolas, entre esas la del cacao, por eso la inversión que se ha hecho está priorizada para eso plátano y papaya”.
Identifica como óbice de los proyectos la guerra y la asistencia técnica a corto plazo, o por proyectos porque no permiten la continuidad que exigen los campesinos. De tenerse un permanente acompañamiento, la productividad en esta y otras iniciativas sería mucho mayor. “En este Gobierno, hay la expectativa de que se le puede dar a todo un mejor orden y mayor agilidad para impactar al territorio de manera más rápida”, expresa Ávila.
Se mantiene la esperanza
Los territorios PDET están organizados en 16 zonas y cubren a 170 municipios y 11 mil veredas. Abarcan el 36% del territorio nacional en donde viven 6,6 millones de colombianos. Según la ART, en estas poblaciones el analfabetismo es tres veces el promedio nacional, menos de la tercera parte de la población tiene acceso a una fuente de agua, tres de cuatro habitantes no cuenta con una vivienda digna y el 77% de la red vial terciaria está en mal estado.
Es aquí donde toma mayor importancia la intervención de las instituciones para el desarrollo de estos territorios, que ya cuentan con 33.007 iniciativas. No obstante, la guerra y la capacidad de ejecución de algunas Juntas de Acción Comunal -como lo manifiestan algunos líderes- son obstáculos que tanto Gobierno, con la Paz Total, como comunidades deben asumir con mayor compromiso para ayudar a superarlos.
De esta manera podrá cumplirse el plan gubernamental que en el fondo pretende implementar el Acuerdo de Paz y construir mayor democracia, como lo expresó el director de la ART ante más de cien líderes, en el encuentro de Montería: “Buscamos que las comunidades ejecuten una buena parte de los proyectos, ya que así se fortalecen las economías locales, se genera sentido de pertenencia y se dejan capacidades instaladas”. (…) “Devolverles a las comunidades su participación incidente en la planeación y ejecución de los PDET es una tarea que estamos liderando desde la ART”.
Son intervenciones al territorio que desde hace décadas sus pobladores estaban esperando. Por eso, al término del evento la lideresa de las recicladoras Bertha Moreno le confesó a VOZ: “Yo le voy a decir algo y se lo voy a decir de corazón. Yo no me consideraba petrista, era una escéptica del mandato de Petro, pero si sigue así me está tapando la boca, me está demostrando que sí puedo creer en él. Ahorita yo voy feliz, muy feliz porque le puedo decir a mi grupo, ‘Petro nos va a cumplir, Petro está cumpliendo’. Nosotras nacimos dentro de los PDET, crecimos dentro de los PDET y vamos a seguir creciendo dentro de los mismos PDET”.
