Quienes durante décadas se han lucrado con los recursos de los colombianos, son los principales detractores del cambio en el modelo
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
“El segundo elemento de la reforma a la salud es la atención primaria en salud, que significa el cuidado básico universal que debe tener todo colombiano. Todo colombiano de manera básica tiene que tener lo más cerca en su municipio una sala de partos, un servicio de urgencias, una consulta de medicina general, y en las zonas dispersa y rurales, en la Colombia profunda, los equipos de personal de la salud que se desplace al territorio, allá donde los campesinos, donde las comunidades más vulnerables no pueden llegar a los hospitales, allá tiene que llegar el hospital y el personal de la salud bien pago, dignificado para cuidar la vida en Colombia”.
Así lo explicó la ministra de Salud Carolina Corcho en un conversatorio con médicos, enfermeras y otros trabajadores del personal de salud, en el coliseo del Pueblo en Cali, el pasado 4 de febrero. En este, también aclaró que lo que se busca es dirigir el sistema hacia un modelo predictivo y no curativo de la enfermedad.
Hay que recordar que la jefe de la cartera y el Gobierno nacional en general han sido víctimas de ataques y desinformación a través de los medios de comunicación corporativos, porque han manifestado la intención de quitarle a las Entidades Promotora de Salud, EPS, el manejo de los recursos de los colombianos, para que sean direccionados a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, clínicas y hospitales directamente, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Adres.
Lo que busca la reforma
Ante tanta desinformación y cuestionamientos, la ministra publicó un texto en el que explicó los objetivos y los temas clave de la reforma:
1) Un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, cuyo objetivo sea llevar la salud al hogar, en el que se entienda la extramuralidad como un espacio de relación entre los miembros de la familia y el personal médico.
2) El fortalecimiento de la red hospitalaria pública que garantice la atención primaria. En este asunto es urgente que los hospitales funcionen 7/24 en los territorios, “que cuenten con la debida infraestructura, dotación e insumos para atender a la población en donde vive, evitar traslados que pongan en riesgo la vida de las personas. Necesitamos un sistema diseñado bajo una vocación preventiva, que atienda a las personas, realice exámenes y seguimientos y logre detectar las enfermedades a tiempo”, explicó la ministra de Salud.
3) Diagnóstico y caracterización en los territorios. Según Corcho, con un conocimiento mejor de las regiones se podrán entender las dinámicas y necesidades de cada territorio, brindar respuestas efectivas a las necesidades de cada sitio; como en La Guajira, donde también se requiere el acompañamiento de nutricionistas.
4) El origen de los recursos es público. “Esto seguirá siendo así. Todos los colombianos seguirán asegurados, tanto en la transición como en la implementación de la reforma a la salud. No vamos a poner nunca en riesgo la salud y el bienestar de las personas”, argumentó la jefe de la cartera.
El centro del debate
5) De EPS a Redes Prestadoras de Salud. Este es uno de los puntos de mayor rechazo por parte de voceros del Establecimiento, por lo que Carolina Corcho aclara que el propósito es asegurar un uso más eficiente de los recursos, con un mecanismo que garantice transparencia en su manejo. Para lo cual, se debe eliminar su intermediación y posibilitar que estos lleguen de manera directa a clínicas, “propiciar una relación directa entre médico y paciente. El acceso a servicios, especialistas y medicamentos sin necesidad de autorizaciones. La orden médica será suficiente. Se busca realizar pagos directos al prestador final de los servicios, con lo cual se ahorraría al sistema $6,5 billones cada año”.
6) Sistema público en salud de calidad y protección de las entidades privadas. Para hacer aclaraciones, Corcho dijo: “El 80% de los servicios médicos del país es prestado por clínicas privadas, de manera que se requiere de su capacidad, así como la que se desarrolle a través del sistema público. Queremos que el sistema siga siendo público, privado y mixto, y que la parte pública funcione con excelencia al mismo nivel del privado”.
7) Equidad y transparencia. En este antepenúltimo punto sostiene que “los ciudadanos colombianos, al margen de su capacidad de pago, deben contar con un sistema de salud eficiente. Tenemos que garantizar que quienes hacen parte del régimen subsidiado como del contributivo cuenten con los mismos derechos, servicios y atención. Un sistema de salud humano, incluyente y eficiente no es una utopía”.
Las deudas y las EPS
8) Dignificación del trabajo de los profesionales de la salud. Este aspecto de la reforma laboral toma particular relevancia, pues en palabras de la ministra: “El capital más importante de cualquier sistema de salud es su talento humano. Es fundamental que las y los trabajadores de la salud cuenten con seguridad social, salarios justos, horarios saludables, condiciones laborales equitativas, derechos sindicales, capacitación permanente y acceso a diferentes fuentes de conocimiento. Dignificar su labor es nuestro objetivo”.
Ahora bien, en el contexto del debate mediático, el cruce de acusaciones entre los representantes de las EPS y voceros del Gobierno nacional y de quienes están a favor de la reforma se incrementó. Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, el Gobierno nacional les debe $2.6 billones por cuentas pendientes entre 2021 y 2022 sumando a otras deudas que superan los $350.000 millones.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud informó el pasado 16 de enero que las deudas totales de las EPS liquidadas, en proceso de liquidación y activas es de 23,3 billones de pesos.
Asimismo, se acusa al Gobierno de construir un proyecto sin consultar con las organizaciones, desconociendo que este es producto de discusiones y propuestas de organizaciones médicas, de usuarios, de enfermeras, de académicos, organizaciones especializadas y expertos realizadas desde 2015.
Además, en 2021 se realizó una cumbre social y política en la que participaron 1.400 delegados, donde se dio a conocer un borrador de articulado, que fue socializado con los candidatos presidenciales. En este foro, Gustavo Petro aseguró que le interesaba la propuesta para que hiciera parte de su plan de gobierno, y sobre esta se sigue construyendo.
El fondo del debate
Para el profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Mario Hernández Álvarez, el fondo del debate no es otro que el modelo de relación Estado-mercado para garantizar un servicio público esencial.
Y, para el presidente de la Federación Médica Colombiana Sergio Isaza, la reforma beneficiará a todos los colombianos, pero sin afectar al negocio, “pues la empresa privada sigue prestando servicios en una relación capitalista con sus trabajadores. Solo es una reglamentación que busca restaurar derechos conculcados a los trabajadores, pagar salarios justos y condiciones dignas de trabajo, pero se mantiene la relación capital-trabajo asalariado con una estructura de atención del sistema pública, privada y mixta”.
Lo cierto, es que el objetivo final del proyecto, que tardaría unos cinco años en implementarse en todo el país, es poner la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud por encima de la atención de enfermedades de alto costo, y eliminar la administración de los recursos del Estado por parte de entes privados que durante décadas desfalcaron y quebraron al sistema, con consecuencias letales para cientos de miles de colombianos.
