Racismo y violencia gubernamental han tenido que soportar 1.600 indígenas de todo el país, que esperan garantías de retorno a sus territorios o condiciones de vida digna en Bogotá
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Aquel 6 de abril el desespero hizo que los indígenas se tomaran la carrera Séptima. Algunas mujeres con sus bebés a cuestas y otros hijos de las manos, pedían ayuda económica a los carros y explicaban los porqués de su permanencia en el Parque Nacional de Bogotá.
La policía acudió al lugar, pidió el despeje de la vía y al no tener respuesta a su demanda llamó al Esmad. Los indígenas dialogaron con este cuerpo policial con la intención de retirarse, pero fueron atacados con bombas aturdidoras: “Un miembro del Esmad golpeó a una señora embarazada que tenía un bebé en la espalda. La gente reaccionó. Hubo atropellos a jóvenes y niños, y hubo 24 personas heridas, dentro de los cuales hay nueve niños. Hubo compañeros paleados, a uno le reventaron la cabeza. Eso no lo mostraron en los medios”, aclaró a VOZ Rafael Arbeláez, líder del pueblo Cubeo, proveniente de Vaupés.
La dirigente indígena Nasa, María Violet Medina, en entrevista vía YouTube en el espacio de la periodista Carol Ann Figueroa expresó sobre lo ocurrido ese día: “Decidieron salir a la carrera Séptima, parar los carros y explicarles por qué estaban en la minga en el Parque Nacional estuvieron de cuatro a cinco de la tarde y despejaron. Luego de siete a ocho. Llegó el Esmad. Algunos dirigentes indígenas dijeron que ya iban a levantar la protesta, pero no esperaron y atacaron desde tres puntos diferentes, lo que produjo la respuesta de los indígenas”.
Para contextualizar el hecho, hay que recordar que en el Parque Nacional hay quince pueblos indígenas de diferentes partes del país, quienes desde 2019 decidieron constituir un proceso que denominaron Autoridades Indígenas Bakatá.
Estas comunidades viven en la capital, producto del desplazamiento de que han sido víctimas. Sobreviven en localidades como Suba, Usme, Engativá y Ciudad Bolívar: “Muchos de los que estamos aquí tenemos al papá, al abuelo, un tío, un hermano o amigos asesinados en nuestros territorios. Si nos dicen que volvamos a los territorios necesitamos garantías de seguridad. Salimos desplazados, amenazados y si volvemos qué tal nos acaben a mí y a mi familia”, comentó Rafael Arbeláez.
El origen del conflicto
Son 1.600 indígenas entre los que hay alrededor de 500 niños de los pueblos Embera Chamí, Embera Katío, Embera Dobida, Pijao, Nasa, Uitoto, Siapidara, Coreguaje, Muisca, Arawak, Wayúu, Bakatá y Sinú quienes han arribado a Bogotá desde departamentos como Cauca, Chocó, Risaralda, Caquetá, Vaupés, Magdalena y La Guajira.
Sobre el conflicto que los tiene resistiendo desde hace siete meses en el Parque Nacional, la lideresa indígena María Violet Medina hace énfasis en que desde La Colonia se ha sembrado un racismo estructural fuerte que ha enseñado a dividir para dominar.
Asimismo, recordó que en los meses finales de 2020 enviaron un derecho de petición solicitando una reunión con la alcaldesa de Bogotá Claudia López, pero que no ha sido respondido. Luego, realizaron marchas pacíficas alrededor de la Alcaldía exigiendo negociar porque en el marco de Plan de Desarrollo se habían concertado 62 acuerdos que fueron incumplidos.
Omar Díaz, asesor jurídico de los indígenas, explicó que después de que habían financiado esas acciones se paralizó su ejecución. Eran temas relacionados con el enfoque étnico, en donde se reconocían las formas organizativas de los pueblos indígenas.
Al no tener respuestas, decidieron hacer una manifestación masiva el 29 de septiembre de 2021 en el Parque de los Hippies, con el argumento de que muy cerca vive la alcaldesa. Desde la Avenida Ciudad de Cali caminaron durante horas, enfrentaron al Esmad y lograron llegar al Parque Nacional donde harían un descanso, se alimentarían y pernoctarían con el objetivo de madrugar y culminar el trazado.
“Esa noche llegó la entidad, aunque no nos preguntaron nada ni lo que hacíamos ni nada, porque hay una desidia de la institucionalidad a nosotros como pueblo, como proceso. Esperaron que pasaran las diez y media, cuando ya todo el mundo le baja a estar pendiente, los medios de comunicación…, fue el primer acto de lesa humanidad, nos atacaron para que desalojáramos el Parque Nacional”, recordó María Violet Medina.
Por su parte y sobre los mismos hechos, Rafael Arbeláez contó: “La movilización llegó acá porque nos cogió la tarde, la gente estaba cansada, los niños y los adultos estábamos cansados. Decidimos descansar una noche y avanzar al otro día, pero no se nos dio y vimos que había algunas facilidades y nos quedamos. Desde aquí hemos estado llamando a las autoridades al diálogo con el proceso de Autoridades Indígenas Bakatá”.
El líder indígena explica que la negociación debe ser sobre los acuerdos que tenían, para lo cual había presupuesto, en temas como jóvenes, cultura, salud y educación, entre otros.
Primeras reuniones
Este primer ataque policial logró que las comunidades se indignaran más y decidieran quedarse en el Parque Nacional, en minga permanente hasta que los atendieran. De esta manera, el 23 de noviembre de 2021 se instaló una mesa de diálogo con la Alcaldía, que contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría.
En esta se llevaron a cabo cinco reuniones en las que le dejaron claro a la administración de la ciudad que debían cumplir los acuerdos del Plan de Desarrollo; y al Gobierno nacional, sentarse para hacer una caracterización y ver quiénes de los quince pueblos quiere retornar a sus territorios bajo tres principios legales: voluntariedad, concepto de seguridad del lugar adonde se irán y derechos del retorno.
En los encuentros se acordó la creación de dos equipos de trabajo, uno compuesto por dirigentes indígenas y otro por funcionarios de la administración de la ciudad para desarrollar un plan de choque que diera soluciones a la problemática antes de que finalizara el año 2021.
Los líderes indígenas propusieron conformar un equipo de los representantes del proceso Bakatá y uno de la administración distrital para trabajar. Desde la Alcaldía les dijeron que estudiarían la propuesta pero que enviaran un correo electrónico con los nombres de quienes lo integrarían por parte de ellos, a qué pueblo pertenecían y salario que aspiraba: “Nosotros fuimos muy muy, no sé si inocentes o tonticos -manifiesta María Violet- y enviamos el correo con lo que nos pidieron y a los tres días hicieron una rueda de prensa donde el doctor Daniel Camacho denunció el carrusel de la contratación indígena y la instrumentalización de los niños y las mujeres”.
Ese proceder de la administración de la ciudad fracturó el diálogo y se perdió la confianza en la Alcaldía. Además, se hizo pública la lista de los líderes indígenas que permanecen el parque, lo que los puso en peligro, pues varios de ellos han denunciado violaciones, asesinatos, desplazamiento y reclutamientos en sus territorios. El 25 de diciembre, hombres armados ingresaron al parque preguntando por varios de ellos.
Desprecio gubernamental
El año 2022 inició con una decisión de la Justicia. En enero salió un fallo de una jueza de pequeñas causas de la localidad de Suba, que ordenaba a la administración de la ciudad sentarse a un diálogo y dar alimentación humanitaria de manera inmediata a quienes estaban en la toma del Parque, mientras se encuentran salidas a la crisis.
La decisión fue impugnada, pero el 4 de marzo fue emitido otro fallo a favor del diálogo que hasta el momento no lo hay con la intención de dar soluciones de fondo. Tampoco hay un plan de alimentación por parte de la Alcaldía.
Desde la toma del Parque, estas familias han cambiado su cotidianidad y dicen haber visto el despreció por parte de sus gobernantes, e infortunadamente, por parte de muchos ciudadanos que los insultan.
Rosa Jiménez es una lideresa de la comunidad Yanakono consultada por VOZ. Afirmó que es terrible la vida que han tenido que soportar desde que están en esta minga, y que no esperaban tener que llegar a esas medidas para que la institucionalidad les pusiera atención.
“Si no fuera por este espacio las entidades no nos tendrían en cuenta. Aquí solo reclamamos unos derechos que por ley nos pertenecen. Somos indígenas y víctimas y eso no lo han tenido en cuenta. Queremos que nos den soluciones, que no nos engañen como a unos niños; un día nos dicen una cosa y otro día vienen con otra y no cumplen con lo que tienen que cumplir”, manifestó.
A su vez, Rafael Arbeláez expresa que los sacaron de sus territorios, pero que ahora en Bogotá exigen el cumplimiento de sus derechos a una vida digna: “Necesitamos inclusión dentro de la política pública indígena. Eso no se ha cumplido, por eso seguimos aquí”.
De la misma manera se pronunció María Violet Medina: “Queremos retorno para los pueblos que puedan retornar. Nosotros los Nasa somos alrededor de 1.600 en Bogotá, en el cabildo somos 549 familias participando, una gran parte venimos del Cauca, pues no podemos retornar porque ¿allá no se la pasan peleando con Ardila Lulle por la tierra? No hay tierra pa’ nosotros porque nos la quitaron, entonces, ¿en dónde nos van a meter? Cuando todos estos señores Cabal lo que hicieron fue expropiar a las comunidades indígenas para que entraran las multinacionales y después no quieren ver indios en la ciudad”.
Dilaciones
En marzo lograron hablar con el Ministerio del Interior para que coordinara la caracterización con traductores y diera garantías. El proceso avanzaba muy lentamente hasta que sucedieron dos accidentes de tránsito en los que fueron atropellados un niño y una madre con sus niños. Este último sucedió el pasado 5 de abril. La gente reaccionó y buscaron un arreglo con el conductor.
“Llegó la institucionalidad y se comprometió a volver al siguiente día a responder y traer comida. (…) Todo el mundo estaba esperando que llegaran con comida. Llegan y dicen que cuáles son nuestras peticiones, a lo que respondemos que las tienen hace más de seis meses”. Esa acción evidencio la tomadera de pelo, dicen.
También les dijeron que no había comida porque en la caracterización más de 600 familias no correspondían. Eso los enfureció más. Pero la gota que rebosó la copa fue que ante la petición de atención en salud, esta Secretaría afirmara que ya habían hecho el cruce de datos y que el 50% estaba afiliado en régimen subsidiado y el otro 50 al contributivo, que por lo tanto eran las aseguradoras en salud quienes debían atenderlos.
“Esa fue la respuesta cuando los niños tienen diarrea, enfermedades respiratorias, las mujeres están pariendo con partos naturales”, señaló la lideresa Nasa María Violet Medina. En la misma reunión del 6 de abril, los líderes indígenas le recordaron el fallo y el trato diferencial que debe haber.
Luego de la agresión policial del pasado 6 de abril, y ante la incertidumbre por la falta de soluciones, Rosa sostiene que hay niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar y que por más que desde el gobierno de la ciudad se dice que defienden a los niños y a las mujeres, no hay soluciones a la problemática. “Aquí estaremos hasta que no nos den una solución de fondo”, enfatiza la lideresa indígena.
Mientras las soluciones se construyen, los niños pasan los días jugando y algunas veces hacen presencia organizaciones que ayudan con juguetes y recreacionistas. Mientras tanto, sus padres salen al rebusque trabajando en construcción y algunas de sus madres en servicio doméstico, o en la venta de sus artesanías.
Rosa es una de las indígenas que a diario salen a trabajar, a rebuscarse, “nos toca trabajar para subsistir”. Hasta hace pocas semanas lo hizo en un proyecto llamado Mujeres Reverdecen, en el Jardín Botánico, pero el contrato terminó, por lo que se rebusca con la venta de productos de revistas: “Hay que conseguir así sea para la comida”, anota la lideresa Yanakona.
A la espera
Por otra parte, tienen un equipo técnico y uno jurídico encargados de los acercamientos con los delegados de la administración de la ciudad. El abogado Omar Díaz expresó que el fallo de enero determinó unos mínimos vitales que la Alcaldía no ha cumplido.
Además, dice que el Distrito ha manifestado que debe cruzar las bases de datos para saber a qué familias les hará la entrega de alimentos, lo que no plantea el fallo. “Lo último que dijeron es que no podían entregar alimentos porque no tenían un operador, de esta manera han incumplido. Y el lugar que ofrecen como albergue temporal no cumple con las condiciones que exige el fallo”.
El jurista también declaró que desde la Alcaldía le apuestan a dilatar, no negociar y tumbar la decisión de la jueza.
Los líderes indígenas saben que desde la institucionalidad buscan que se rindan por hambre y cansancio, desgastarlos hasta que se retiren sin acuerdos. Por eso, al cierre de esta edición no han cumplido con la orden para que les provean alimentos, a excepción de “unas sobras de comida que les quedó de un proyecto. Eso es lo poco que han traído”, indicó Rafael Arbeláez.
No obstante, al siguiente día del ataque del Esmad para despejar la vía, la alcaldesa se pronunció y dijo que la situación es injusta con los Embera y con la ciudad que los ha atendido: “…con los impuestos de los colombianos mucho más allá de lo que nos exige la ley hemos estado para atenderlos tratar de protegerlos de la mejor manera posible”. Agregó que la solución solo es el retorno seguro y con plenas garantías a los resguardos y a los territorios, en coordinación de la Alcaldía, el Gobierno nacional y la Unidad Nacional de Víctimas.
Sin embargo, para los indígenas esas palabras no se traducen en hechos reales. Rosa Jiménez hace hincapié en que les den condiciones dignas de vida, en que si es una vivienda se las den y se la cobren, pues con trabajo podrían pagarla: “Como la alcaldesa vive en su buena mansión, qué le va a interesar la gente que esta acá. Es como si ella no tuviera conocimiento de nuestra situación, y en vez de dar una solución nos manda el Esmad. Muchos de los que estamos aquí lo que queremos es trabajar en nuestros territorios para poder ayudar a alimentar a la ciudad”.
