lunes, abril 15, 2024
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Mil hectáreas de tierra para Zarzal

La expropiación no es el único camino para cumplir con la reforma agraria. La ley contempla mecanismos jurídicos y administrativos para adquirir tierras y adjudicar baldíos. Mientras se regula el proyecto, la Sociedad de Activos Especiales entrega una finca de mil hectáreas para el campesinado

Redacción Política

La lucha por la tierra ha sido determinante en la historia de Colombia. Las tensiones que se derivaron del periodo colonial en la ocupación del territorio se agudizaron en el desarrollo de la República. La decisión de proteger a quien trabaja la tierra frente a quien reclama su propiedad ha estado al centro del régimen agrario en Colombia.

Con más de 100 años de normas que protegen a los colonos y trabajadores agrarios, de dos reformas agrarias y un Acuerdo de Paz que aborda la necesidad de reformar el campo colombiano, la desigualdad en la tenencia de la tierra sigue en limites impresentables. La lucha por la tierra no solo ha sido un elemento que está en el centro del conflicto armado, sino una barrera en la construcción de la democracia.

Finca La Calera

Los propósitos de reforma agraria se han visto truncados. El primer intento de redistribución se dio con la Ley 135 de 1961 que logró la entrega de 760 mil hectáreas de tierra a campesinos. El segundo gran esfuerzo se dio con la Ley 160 de 1994, entregando 430 mil hectáreas en su gran mayoría en los bordes más lejanos de los territorios. Es decir, han pasado seis décadas y 15 gobiernos con tan solo 1.2 millones de hectáreas adjudicadas, insuficientes para las necesidades del país.

El acaparamiento de las tierras, el despojo, el desplazamiento y el control de las economías ilegales sobre los suelos más productivos son el resultado de la presencia de una historia de conflicto, que se ensañó contra las comunidades campesinas y que ha sido cruzada por el narcotráfico. De allí que muchas de las mejores tierras se encuentren hoy administradas por la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

El pasado 27 de abril el Gobierno nacional entregó mil hectáreas al municipio de Zarzal, Valle del Cauca. La finca La Calera, que hacía parte del inventario de inmuebles del narcotraficante y paramilitar Don Diego, fue puesta a disposición del campesinado para adelantar actividades productivas.

El inmueble se encontraba en el inventario de los bienes que administra la SAE. Por esa vía, el presidente Gustavo Petro avanza en su propósito de concretar lo antes posible una cuota importante para lograr la reforma agraria prometida.

“La SAE no tiene la cantidad de tierra suficiente para hacer una reforma agraria, es el mecanismo más rápido, se hubiera podido utilizar hace tiempos, pero los gobiernos no dejaban, no tenían en su cabeza la opción de que las fincas del narcotráfico se dieran al campesinado. Al contrario, lo que hicieron fue revolver tanto los datos que estas fincas iban pasando a los mismos narcotraficantes”, señaló Petro.

Mercado de tierras

El mayor beneficiario ante la entrega de la finca La Calera de alias Don Diego, será el campesinado vallecaucano. Foto SAE

En Colombia el mercado de tierras no solo se promueve con la compra y con el subsidio por parte del Estado. Existen varios mecanismos para entregar tierra al campesinado, pero deliberadamente se han omitido y desconocido. La recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la extinción agraria de la tierra ociosa y la reversión de los títulos entregados por el Estado que no han cumplido con sus obligaciones, es decir, la administración eficiente de las tierras que están consignada en la ley de reforma agraria y de desarrollo rural, deben ser ejecutados de forma sistemática y eficiente.

El poder terrateniente se enquistó en el poder político tradicional y ha hecho todo lo posible para mantener la desigualdad en la propiedad de la tierra en el país. La desidia política de antaño parece llegar a su fin.

La compra de tierras por parte del Estado es necesaria pero insuficiente. El resultado del mercado de tierras es costoso y sus efectos marginales por la magnitud de la concentración de la tierra. Por ello, urge la implementación de múltiples instrumentos para lograr el propósito de negociar, legalizar y entregar otras tierras o baldíos a campesinos.

Con esto el Gobierno nacional asume como política pública las reivindicaciones y conquistas del movimiento campesino. Los procedimientos agrarios administrativos son herramientas poderosas y vigentes para cambiar la actual estructura antidemocrática de la propiedad rural colombiana.

“Hablamos con Fedegan, les dijimos que comprábamos la tierra que nos ofrecieran libremente. No ofrecieron no más 200 mil hectáreas. Y no en la tierra fértil, sino en la frontera con Venezuela, por el lado del Vichada”, fue el balance del presidente Petro en Zarzal ante campesinos. Ante este escenario el gobierno activa múltiples mecanismos de adquisición de tierras urgente.

Mecanismos administrativos

La restitución de tierras hace frente al despojo, el acaparamiento ilegal de las tierras públicas se combate con los procesos de deslindes, clarificación y recuperación de la tenencia por parte del Estado, así como la función social de la propiedad se materializa con la extinción agraria, y como complemento, la extinción del dominio ataca la formación de capitales al amparo de crímenes y violencia.

“Por primera vez en la historia los bienes de la mafia, de la corrupción y actividades ilícitas están pensados para las familias campesinas que por décadas reclaman. Un paso para el cambio es que la SAE se coloque a disposición de la reforma agraria transformadora. Por ello estamos convencidos de que la vía para la reactivación económica está de la mano con el campesinado y una acertada política de tierras y desarrollo rural”, señaló Jaime Osorno, vicepresidente de bienes rurales de la SAE.

Mecanismo de adquisición

Uno de los propósitos del Gobierno es darle cumplimiento a la función social de la propiedad rural, logrando que las tierras ubicadas dentro de la Frontera Agrícola se destinen a la producción agropecuaria sostenible, priorizando la producción de alimentos y de la economía campesina.

Para cumplir tal fin, el Estado debe hacer uso de todos los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para incentivar la producción y castigar la tierra ociosa. Otro de los mecanismos que sirven de estructura para soporte la reforma agraria es el Fondo de Tierras, que se está nutriendo de terrenos administrados por la SAE, entre otras.

La declaratoria de utilidad pública e interés social de las mejores tierras del país por parte de la Agencia Nacional de Tierras, es un mecanismo para que pueda “aflojar la tierra” en perspectiva de la Paz Total. Las mejores tierras, las productivas, las más fértiles y cercanas a los centros de consumo y comercialización deben ser declaradas de utilidad pública para la reforma agraria.

“Tierra suficiente para la producción de alimentos. Este es un punto de partida y principal activo productivo pero la transformación del campo y el cierre de brechas propuesto en el Acuerdo de Paz requieren de un esfuerzo estatal que garantice crédito, asistencia, educación y extensión entre otros aspectos. El capital privado debe concurrir en este propósito. Un ejemplo de ello es lo que convocó esta entrega de mil hectáreas, en una alianza con empresarios de la región haciendo posible la alianza publico popular privada. Esto es una apuesta como sociedad al reconocimiento del campesinado como motor del desarrollo nacional insoslayable”, explicó Jaime Osorno.

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