Los recientes cambios en la cúpula del Ejecutivo demuestran la intención de acelerar los cambios y consolidar una mayoría comprometida con las reformas
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
“¡Remezón ministerial!”, “¡Crisis en el gabinete!”, “¡Petro demuestra su talante autoritario!” Así tituló la prensa corporativa la noticia sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de pedir la renuncia a todos sus ministros y altos funcionarios y cambiar a ocho de ellos. Incluso, un columnista de pasado liberal, pero hoy reconvertido en una de las voces más tóxicas del propagandismo de derecha, llamó al presidente “autócrata”, mientras que la página editorial del periódico donde publica habló de la “prematura implosión del Gobierno”. Sin duda, toda una lección de periodismo agudo y equilibrado, pero, ¿hay una crisis? ¿Qué significa este “remezón”?
Fusibles
En el pasado reciente, los presidentes han hecho lo mismo que hoy hace Petro sin que nadie hubiera advertido una crisis o una deriva de tal o cual forma en el rumbo del Gobierno de turno. Los medios siempre cubrían la noticia en términos de “recomposición del gabinete” o “nuevo pacto de gobernabilidad”, lo que en palabras sencillas significa que el presidente reconocía una nueva correlación de fuerzas y cambiaba a los ministros para incorporar a sus nuevos aliados.
Algo que, por lo demás, es no solo habitual sino saludable debido a que la función política de los ministros –aparte de su función técnica– es servir de “fusibles” que se queman para impedir que el motor, en este caso el presidente, no se funda. En otras palabras, los ministros sirven para atraer las críticas de la oposición, cargar con el desgaste que todo gobierno tiene y, en caso de necesidad, asumir el costo político con su dimisión.
Cuando el presidente pide la renuncia protocolaria del gabinete en pleno, como es el caso que nos ocupa, normalmente se trata de una recomposición de los cargos en función de una nueva realidad política, es decir, un hecho político –unas elecciones, un escándalo o algo que haga cambiar la correlación de fuerzas– que obliga a provocar otro hecho político como respuesta y transmitir un mensaje que devuelva la iniciativa al gobierno. Así, la nueva distribución de puestos permite dar por terminadas algunas alianzas, establecer nuevas y mejorar las condiciones para que el plan de gobierno tenga más posibilidades de realizarse.
Apuesta atrevida
Los ocho cambios que finalmente el presidente Petro hizo en su equipo ministerial reflejan que el Gobierno está leyendo la coyuntura política y está actuando en consecuencia. Más allá de algunos cambios que hubiesen podido sorprender, como el Ministerio de Hacienda, lo cierto es que las decisiones obedecen a una apuesta del Gobierno por demostrar iniciativa política y determinación para impulsar los proyectos de reforma que cursan en el Congreso y los que se presentarán próximamente.
Cinco de los ocho cambios –Interior, Hacienda y Agricultura (Partido Liberal), Transporte (Conservador) y TIC (de la U)– obedecen directamente al mensaje político que el Gobierno está transmitiendo a los congresistas de esos partidos, miembros hasta ahora de la coalición de gobierno, dada por disuelta por Petro como consecuencia de la negativa de sus presidentes a apoyar las reformas.
El Gobierno ha dicho que de ahora en adelante no negociará más con César Gaviria, Efraín Cepeda o Dilian Francisca Toro, sino directamente con los congresistas, lo que ha sido denunciado por la oposición como un debilitamiento del sistema de partidos.
Por supuesto, el “sistema de partidos” no se reduce al sistema de camarillas que hoy dirige a los vetustos partidos tradicionales, aunque sus presidentes se empeñen en creerlo. Los congresistas, quienes son realmente los que tienen los votos, son los protagonistas de la puja política y a pesar de que la Ley de Bancadas les impone limitaciones, gozan de amplia autonomía frente a sus directivas para tomar decisiones. Así, el mensaje que el Ejecutivo está enviando a los congresistas es que, si quieren seguir participando en la coalición de gobierno, deben desobedecer a sus directivas y apoyar las reformas.
Dos casos en concreto ejemplifican este mensaje de “conmigo o sin mí” que transmite el Gobierno: Mauricio Lizcano y Luis Fernando Velasco. El primero, proveniente del Partido de la U y hoy reconvertido en ferviente petrista, pasa del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, al Ministerio de las TIC. Si bien técnicamente el Partido de la U conserva el Ministerio, el nombramiento de Lizcano es una muestra de la importancia de la lealtad con el proyecto del Gobierno.
Velasco, por su parte, pasa de la Alta Consejería para las Regiones al Ministerio del Interior –el más importante de todos ya que orienta la relación con el Legislativo– no solo porque el payanés ha sido un congresista curtido por los años y conoce los vericuetos de la labor parlamentaria, sino porque fue el primer liberal en distanciarse de su partido y apoyar la candidatura del Pacto Histórico.
Cambio de tono
Caso aparte es el de la hoy exministra de Salud; debe reconocerse que Carolina Corcho se la jugó toda por sacar adelante la reforma al sistema de salud. Su conocimiento del tema, su temperamento firme pero claro en explicar la propuesta y su seriedad en la organización de los encuentros preparatorios del proyecto de ley fueron factores fundamentales para que hoy el país –y no solo el Congreso– esté debatiendo este asunto. No obstante, también es cierto que la negociación del proyecto de ley en el Congreso requiere habilidades de filigrana política, necesarias en este momento de incertidumbre.
La figura de Guillermo Alfonso Jaramillo entra así a refrescar el ambiente de la negociación, bastante crispado por el tono impuesto por la oposición y los medios corporativos, quienes defienden con el cuchillo entre los dientes los intereses de los grandes monopolios de la economía colombiana, amenazados por los alcances del proyecto de reforma.
En este caso, la exministra Corcho tuvo que recibir toda la descarga de odio y desinformación de la extrema derecha y asumir el costo político que implica enfrentar a los más poderosos del país. Esperemos que el ministro Jaramillo pueda aplacar las iras, serenar los ánimos, aclarar las dudas y construir mayorías para que la reforma finalmente se apruebe.
Por otro lado, la llegada de Jhénifer Mojica al Ministerio de Agricultura es un hecho histórico. Por primera vez, alguien no perteneciente a un partido tradicional ocupa esta cartera, responsable del desarrollo rural, lo que a todas luces explica por qué somos el país con el índice de concentración de la propiedad rural más alto del mundo. Que solo el 1% de los propietarios posean más del 85% de las tierras fértiles solo puede comprenderse cuando se advierte que este Ministerio ha sido históricamente un botín de los partidos tradicionales, y en particular en los últimos años, del Conservador.
A causa de su compromiso con la política de restitución de tierras a campesinos víctimas del paramilitarismo, Mojica fue destituida irregularmente e inhabilitada por 10 años por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez en 2013, aunque Fernando Carrillo revocó la sanción en 2017, devolviéndole sus derechos políticos. Hoy ella tiene la responsabilidad de adelantar la reforma agraria y conducir al país hacia la soberanía alimentaria.
La prensa bienpensante se quejó de que se retiraran los ministros moderados y llegaran unos más radicales. Lo cierto es que el nuevo equipo de gobierno está comprometido con acelerar las reformas y a radicalizar el proceso. Al final, eso fue por lo que votó el pueblo colombiano, así que ¡adelante!
