jueves, marzo 28, 2024
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Las rutas de la reforma agraria

La redistribución de tierras y el conjunto de políticas públicas se diseñarán en la Convención Nacional Campesina, que dictará los objetivos y sus rutas

Jaime Osorno
@JaimeAOsorno

El 29 de octubre de 2022, el presidente Gustavo Petro sentenció que la reforma agraria había iniciado. Como dice un adagio popular: “Por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Así las cosas, el próximo 15 de noviembre se cumplirán 100 días de posesionado el gobierno del cambio y con esta fecha, el país hará la primera evaluación del mandatario.

En consecuencia, revisaremos lo logrado en política agraria y lo que se pudo avanzar en estas primeras de cambio, pues los pendientes han de ser útiles para marcar los énfasis que tendrá el gobierno de ahora adelante. Más que anuncios, en estos primeros cien días se han trazado las disímiles rutas que conducen al logro de un solo objetivo: la reforma agraria para redistribuir la tierra y la producción agroalimentaria.

Los avances legislativos

Una de las rutas son los cambios constitucionales presentados y que avanzan de manera significativa y sin precedentes en el Congreso de la República. El primer acto legislativo de la bancada de gobierno fue el presentado en el Senado sobre los derechos del campesinado, texto que ya fue aprobado y que se encuentra en víspera de iniciar el trámite en la Cámara de Representantes.

El segundo acto legislativo inició su tránsito en la cámara con la coordinación del representante por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Tanto en la comisión primera, como en la plenaria, fue aprobada la Jurisdicción Agraria, en cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz que busca mayores niveles de justicia para las personas que trabajan en el campo colombiano.

Otro de los avances más significativos en la ruta legislativa del gobierno, sin lugar a dudas, es la aprobación del Presupuesto General de la Nación, PGN, y la reforma tributaria. Las dos iniciativas han estado lideradas por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

Es importante destacar que en el PGN, cuyo reajuste tiene el foco del gasto social, hay una inversión en más de dos billones de pesos adicionales para el sector, incrementando significativamente los presupuestos deficitarios en la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en la Agencia de Desarrollo Rural ADR y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Una nueva política rural

El Gobierno nacional se ha puesto la meta de comprar tres millones de hectáreas para transformarlas de la ociosidad a la productividad. Ha destinado la fuente principal de compra y los recursos para ello. Además del importante acuerdo político con la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, en el fondo hay un significativo giro de implementar una política intervencionista en el mercado de tierra. En otras palabras, es un quiebre en la política neoliberal a partir de un leve giro keynesiano.

Así mismo, las organizaciones campesinas se han parado duro. Fieles a sus principios y convicciones, han hecho un reclamo justo al identificar que, si bien son un movimiento autónomo, deben ser tratadas como parte integrante del Gobierno nacional. Con ello han puesto las condiciones para la gran Convención Nacional Campesina, CNC, a realizarse del 26 al 28 de noviembre. Serán más de dos mil participantes con paridad de género garantizada. La administración del cambio, coherente con el programa, los ha escuchado y está presto a trabajar conjuntamente.

La política rural no será construida desde la burocracia centralista, ni será dictada por los poderosos gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, o por Fedegan. La reforma agraria y el conjunto de políticas públicas que han de acompañarlas se diseñarán con las organizaciones campesinas, donde la CNC dictará los derroteros y la hoja de ruta a seguir. Poderoso mensaje: el gobierno popular es con las bases que han reivindicado históricamente la necesidad de una reforma agraria.

Las mejores tierras y la ruta Támesis

La inesperada fuente de tierras para la reforma agraria la tiene el Estado. Quién lo creería, en poder del ejecutivo están las mejores tierras para desarrollar una progresiva política rural para transformar las dinámicas de exclusión para el campesinado y así potenciar la producción alimentaria en el campo colombiano.

El Gobierno nacional, desde la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pone a disposición de las organizaciones agrarias 60 mil hectáreas de las mejores tierras del país, en una nueva ruta por adjudicar baldíos de la nación o tierras sujeto de extinción de dominio, para así garantizar los derechos de usufructo, aparcería, comodato o contratos rurales de arrendamiento para campesinos sin tierra.

Al respecto, es importante considerar que para aumentar la productividad en las áreas de siembre, el alto costo de los insumos debido a la dependencia internacional en el mercado de los fertilizantes se convierte en un problema. Para corregir lo anterior, la ruta o el cordón de maiceros ya está en fase de implementación. En Córdoba, Sucre y Bolívar se viene construyendo una nueva alianza entre economías campesinas, familias y comunitarias con la empresa agrícola que procesa alimentos a base de cereal.

Esta alianza tiene como aliado estratégico a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. principal productor de fertilizantes nitrogenados, NPK, entre otros. Sin tener participación accionaria significativa, el Gobierno nacional tiene dos asientos en la junta directiva cuya misionalidad es reducir los precios de los insumos y con ello abaratar la producción y a la vez aumentar los rendimientos.

El pilotaje es mediante la ruta Támesis implementando la estrategia de distribución y comercialización de manera directa con los productores agropecuarios. A lo anterior se le suma la nueva política arancelaria y de protección a la producción nacional, que ha sido formalmente anunciada por el gobierno del cambio a los Estados Unidos, principal socio comercial.

Paz total

Las trochas por abrir son varias y difíciles de afrontar. Quizás la de mayores obstáculos es la de la Agencia Nacional de Tierras. Más que deficiencia en los resultados, es lo equivocado de su política, que hasta el momento es poco lo que ha cambiado con referencia a la pasada administración, a juzgar por los anuncios de entrega de títulos hechos en las últimas semanas. Es apenas entendible la resistencia a los cambios desplegada por las directivas.

No es con formalizaciones de pírricas áreas o con legalizaciones de ocupaciones de años anteriores con que se transitará efectivamente al cambio de la actual e injusta estructura social agraria. Es menester adelantar los 38 mil procesos agrarios y las 700 mil hectáreas en proceso de extinción que duermen el sueño de los justos y que en los próximos días debemos despertar para buscar el cauce hacia un rumbo y una ruta de cambio.

No es una sola ruta, son varias y han de ser tantas como territorios disimiles hay en las ruralidades de nuestro país. Muchas de estas rutas son nuevas, realmente son trochas que se abren con la voluntad, la decisión gubernamental y el acompañamiento popular. Sin estos tres aspectos será muy difícil avanzar en abrir caminos amplios para el tránsito de la paz total en materia de tierras, reforma agraria, agricultura y desarrollo rural.

Sería muy lindo y significativo que estos primeros cien gloriosos días pudieran tener al profesor Darío Fajardo en el viceministerio de Desarrollo Rural. Con seguridad así será. Es un reconocimiento a su firme convicción, compromiso y entrega a la causa del campesinado por materializar la reforma agraria.

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