Aprobado en Cámara de Representantes el proyecto que busca transformar el sistema de salud en el país, es pertinente para la siguiente discusión que será en el Senado, hacer claridad sobre las cifras que demuestran su viabilidad económica en el largo plazo
Karen Acosta
El pasado 5 de diciembre, se aprobó en segundo debate de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca transformar el sistema de salud, una de las principales reformas que se tramita en el Congreso por iniciativa del Gobierno nacional. La discusión continuará en el Senado de la República.
El modelo neoliberal como tendencia política y económica marcó la pauta en todas las reformas sociales estructurales en la década de los noventa (salud, educación, pensión y trabajo).
Desmontar el neoliberalismo
La desregulación y la flexibilización laboral hicieron parte de los elementos centrales de la Ley 100 de 1993, que entregó a los privados la administración de los recursos públicos de la salud y delegó a unas cuántas empresas la garantía del derecho fundamental, que hasta hoy sigue siendo un privilegio de pocos.
Por mucho, esta reforma a la salud representa una transformación profunda al neoliberalismo y a su excluyente sistema de salud que profundizó las desigualdades y propició la crisis generalizada que hoy afecta q miles de personas que buscan atención médica en condiciones de dignidad y calidad, siendo especialmente afectadas las personas que habitan los territorios más apartados del país.
Poner en discusión el funcionamiento de un sistema que por décadas ha sido nicho de corrupción y fuente de billonarias ganancias, supone un ejercicio permanente de exposición, ataques e interpretaciones que ponen a prueba ante la opinión pública la credibilidad y factibilidad de esta iniciativa gubernamental que busca importantes y necesarios cambios.
A pesar de la amplia evidencia y argumentación sobre puntos centrales planteados en la reforma, la matriz mediática giró la discusión a una “extinción del sistema”, por el supuesto negativo impacto fiscal y la desfinanciación de la propuesta, que llevarían a una “crisis de la salud pública” en el país.
Construir sobre lo construido
El sistema de salud actual buscó en su concepción la conquista del aseguramiento social, la protección universal, eficiente y solidaria garantizando una prestación equitativa y de calidad, asegurando a su vez los recursos para costear la prestación y su sostenibilidad en el tiempo. Luego de 30 años de implementación encontramos avances en términos de afiliación y cobertura principalmente en las grandes ciudades, índices de mortalidad materna, entre otros.
Sin embargo, no fue posible cumplir con los propósitos iniciales, pues hasta hoy persisten barreras de acceso económicas, sociales y geográficas, que se traducen en miles de tutelas por negación y/o falta de oportunidad en la prestación del servicio, inequidad en la distribución de la oferta de servicios con amplias brechas regionales (ver gráfico 1), excesivos trámites, cobro de copagos, entre otros.
En aras de lograr un importante consenso, no solo en el Congreso sino con la población en general, el Gobierno nacional en cabeza de la exministra de salud Carolina Corcho y el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reconocido los avances y ha enfatizado que la base y transición de la reforma es la una infraestructura pública y privada que continuará haciendo parte del sistema, así como lo contenido en la ley estatutaria 1751 de 2015, que estableció un aseguramiento social en salud, cubierto por la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y que cubre todos los servicios y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, PBS, entre otros.
La reforma es factible
Una de las claves para analizar las proyecciones o escenarios de factibilidad presentadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es comprender que la reestructuración del sistema parte de un nuevo modelo basado en la atención primaria y los determinantes sociales de la salud.
En tal sentido, aspectos como la prevención y predicción de enfermedades para la toma de decisiones de política pública, serán en un escenario temporal de largo plazo, definitivos para la reducción de costos generados por la resolución de enfermedades en los niveles de mediana y alta complejidad y para determinar la viabilidad y sostenibilidad de la iniciativa.
En el informe presentado por el Minhacienda se destaca la proyección de gastos en dos escenarios: con o sin reforma (ver gráfico 1).
Allí se evidencia un gasto superior en los primeros años de implementación de la reforma (periodo de gobierno), sustentada en gastos directos e indirectos (ver tabla 1)
como fortalecimiento de la red pública, construcción de nuevos Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS, desarrollo del Sistema Público Unificado e interoperable de Información en Salud, SPUIS, formalización laboral, licencias de maternidad, incentivos a la calidad, becas de formación posgradual, fondo para la atención de catástrofes y epidemias, entre otros.
No obstante, también se evidencia que en el largo plazo se da una tendencia decreciente del gasto que, en últimas, plantea un escenario más favorable al propósito de garantizar el acceso efectivo a las futuras generaciones por la ampliación de la capacidad instalada y la mejora en las condiciones de la población (menores casos en la atención en mediana y alta complejidad).
La reforma va
Las reformas posibilitan avanzar en la reducción de inequidades y brechas sociales, económicas y geográficas. Para el caso del proyecto que busca transformar el sistema de salud en el país, busca entre otras cosas garantizar el acceso y cobertura en condiciones de dignidad y calidad.
Superar el estado de cosas requiere un cambio en las prioridades y concepción de los derechos, defendiendo la consigna de que la salud debe ser para la vida y no para el lucro de los privados.
