El presidente Gustavo Petro entregó la hacienda Támesis a cincuenta familias campesinas. El predio tiene un alto componente simbólico porque fue propiedad del exjefe narcoparamilitar Carlos Castaño. Al respecto de este proceso, VOZ habló con Jaime Osorno, vicepresidente de Bienes Inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales
Redacción Política
En un acto histórico, el presidente de la República Gustavo Petro entregó la hacienda Támesis en Montería, Córdoba, a cincuenta familias campesinas. “Aquí comienza la reforma agraria”, dijo el jefe de Estado en compañía de la ministra de Agricultura Cecilia López, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas Medellín y representantes del movimiento campesino.
El predio es significativo por ser otrora propiedad del exjefe paramilitar Carlos Castaño. En el lugar funcionó la oficina política que utilizó la cúpula paramilitar en los periodos más sangrientos del conflicto armado en el país.
Por años la hacienda fue administrada por la SAE. Como Támesis hay otros predios que estarán a disposición de la política de tierras que impulsará el Gobierno nacional. Al respecto, VOZ habló con el vicepresidente de Bienes Inmuebles de la SAE, Jaime Osorno, encargado de habilitar los predios rurales que administra la entidad para la reforma agraria.
Monumento a la impunidad
¿Qué significado tiene la hacienda Támesis en el conflicto armado?
-El predio fue propiedad de la ‘Casa Castaño’. En síntesis, fue el monumento a la impunidad, a la violencia, a la complacencia de la clase política cordobesa con el proyecto paramilitar. Es también un monumento a la corrupción y la cooptación del Estado por parte del paramilitarismo para apropiarse de lo público.
El presidente Gustavo Petro advirtió al país que esa finca seguía al servicio de la mafia estando bajo el control del Estado. ¿Qué pasa con Támesis y el narcotráfico?
-El presidente hace referencia directa al arrendatario que estuvo hasta el lunes pasado 24 de octubre, cuando se le notificó la terminación de su contrato. Al parecer hay información que lo relaciona con las personas que han sido objeto de extinción de dominio de ese predio y que fueron dueños anteriores o que tuvieron la posesión de ese predio.
Tiene que ver con ese círculo vicioso que se hace en un proceso de extinción de dominio. Cuando el Estado no toma el control, desarrolla una compleja red para que los mismos afectados por el proceso de extinción de dominio sigan administrando, manejando, usando utilizando y enriqueciéndose con estos bienes. El presidente envía un mensaje a las personas que se han sometido en Justicia y Paz. No es tolerable seguir haciéndole trampa al Estado administrando o haciendo uso de bienes que deben estar al servicio de economías campesinas y la producción agroalimentaria.
Productividad agroalimentaria
¿Cuáles son las instituciones que han trabajado en esta entrega de tierra?
-Hemos avanzado en una mesa técnica con la Agencia de Desarrollo Rural, Alcaldía de Montería y la Corporación del Valle del Sinú, la autoridad ambiental. Cruzamos información con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria para determinar el uso de suelos. Es importante decir que el predio tiene una restricción ambiental porque hace parte del complejo Humedal Berlín.
Si sustraemos esas áreas nos quedan alrededor de 300 hectáreas que pueden ser para la producción alimentaria con vocación agrícola. El presidente ha dado una instrucción muy clara al Banco de la República, la Agencia de Desarrollo Rural y al municipio a que concurran de la mano con la SAE para desarrollar un laboratorio de producción agroalimentaria en esta área.
La finca fue entregada a 50 familias campesinas. ¿Qué proyectos productivos se desarrollarán allí?
-Buscamos transformar la producción ganadera en sistemas productivos agroalimentarios, haciendo una alianza prontamente con la industria del arroz, el maíz y los cereales. Proyectamos un proceso de cultivo en estas hectáreas. La idea es 50% en producción de maíz y el 50% en arroz. Hay otras alianzas entre el Banco Agrario con la línea de crédito de fomento y la Agencia de Desarrollo Rural con la estructuración del proyecto. Nuestro compromiso es acompañar el nuevo esquema de administración en estos bienes.
La cuota inicial
¿Cuál es el papel de la SAE en la reforma agraria?
-Hay que recordar que la entidad no hace parte del sector Agricultura y Desarrollo Rural, sino del sector Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, administramos un importante número de bienes rurales, muchos con vocación agropecuaria. Creemos que abrir la puerta a que las organizaciones campesinas puedan administrar predios, contribuye a la reforma agraria. En otras palabras, significa que las mejores tierras del país que han sido objeto de extinción de dominio estén bajo organizaciones campesinas.
Nos han invitado a esa gran mesa de trabajo bajo la idea que en los bienes administrados por la SAE se encuentra la cuota inicial de la reforma agraria. La hacienda Támesis es acceso al uso de la tierra, permitir el desarrollo a la implementación de contratos de usufructo que están reglados por la legislación colombiana para que estas tierras en manos del narcotráfico y el paramilitarismo hoy estén en manos de las comunidades campesinas.
¿Habrá más entregas de tierras? ¿Cuál es la meta para 2022?
-Creemos que para el próximo 31 de diciembre entregaremos 60 mil hectáreas de tierra. De estas hemos priorizado la región del Caribe, al igual que el suroccidente (Cauca y Valle del Cauca) y con la posibilidad de ampliar el espectro al departamento de Antioquia, donde hay un número importante de predios que hoy pueden estar disponibles para este proyecto. Finalmente, calculamos que en 2023 podamos poner al servicio unas 450 mil hectáreas destinadas en su totalidad para la reforma agraria.
