Una comisión de expertos de la OCDE en 2021 había sugerido la necesidad de quitar los beneficios tributarios que tienen los plutócratas de Colombia
Álvaro Forero Hurtado
Los gremios económicos intentan echar atrás la reforma tributaria de Petro. En privado buscan persuadir al ministro de Hacienda para reducir carga en sus impuestos, mientras lanzan una feroz campaña de desinformación en contra de la iniciativa y el Gobierno.
La progresividad es un concepto ambivalente que debido al debate de la reforma tributaria propuesta por el gobierno del cambio ha estado rondando en la opinión pública. Por un lado, en términos estrictamente tributarios, la progresividad significa sencillamente que “el que tiene más ingresos y más riqueza, pague más impuestos”. Por otra parte, en el argot de las políticas públicas, la progresividad puede significar la aplicación extendida y dosificada en el tiempo de algún tipo de medida. Tanto los sectores que apoyan al Gobierno como sus detractores hacen llamados a la progresividad, pero desde perspectivas distintas.
Recaudo
A pesar de reducir su meta de recaudo de $25 a $22 billones, la propuesta aprobada en primer debate sigue siendo progresiva (en términos tributarios), aumentando las cargas tributarias para las personas con mayores ingresos y riquezas, con una serie de medidas coherentes en cuanto a la tributación de sectores históricamente privilegiados, como lo son el sector financiero y el sector extractivo – energético. Además, se avanza en la reducción y limitación al uso de exenciones y beneficios tributarios y fortalece institucionalmente la DIAN para incrementar su capacidad de acción, entre otras medidas que van en la dirección de fortalecer los ingresos tributarios del país.
Sin embargo, algunos cambios introducidos en el primer debate de la reforma, apuntan hacia una progresividad en la aplicación de las medidas para los más pudientes de la sociedad, estableciendo temporalidades para el impuesto al patrimonio y haciendo modificaciones a la baja en cuanto a ganancias ocasionales y dividendos, generando aumentos bajos en cuanto a las tasas efectivas de tributación, debido a los “beneficios y exenciones tributarias” de los que han disfrutado los más privilegiados durante décadas, que se calcula en más de $90 billones que el Gobierno dejo de recaudar en el año 2021.
Expertos
Dichos beneficios tributarios, Fueron identificados por una Comisión de Expertos de la OCDE que visitó el país en 2021, una propuesta por la Senadora Aida Avella aprobada por el Congreso de la República. La Comisión presentó un informe donde se concluye categóricamente que los beneficios tributarios favorecen a las capas más adineradas del país, evidenciando un entramado confuso y complejo que ni siquiera el contador más habilidoso conoce completamente, recomendando finalmente una simplificación del régimen de beneficios y exenciones tributarias que finalmente no se hace realidad en la reforma de Petro.
A partir de estas reflexiones, y teniendo en cuenta, el claro y profundo mensaje enviado por el pueblo colombiano con la elección de Gustavo Petro, votando mayoritariamente por un programa de transformaciones que implica un papel diferente del Estado en la conducción de la economía, con grandes retos, sobre todo fiscales y presupuestarios, que permitan la garantía efectiva de los derechos fundamentales, el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados y en proceso de negociación y el apalancamiento de una economía productiva para la vida, es necesario seguir insistiendo en la profundización de la progresividad tributaria que permita ampliar un poco más la capacidad de inversión pública que no dependa de la deuda.
Bajo esta perspectiva, es posible ampliar la racionalización y simplificación de los beneficios como lo recomienda la Comisión de Expertos, derogando todos los existentes y construyendo un nuevo sistema de beneficios tributarios más coherente con la realidad, mucho más general y simple, que cumpla la tarea de ser un verdadero incentivo al aparato productivo y no simplemente un privilegio de algunos cuantos elegidos por la providencia.
El diferencial
Otra cuestión muy importante en la que se puede avanzar es en la consecución de una tarifa diferencial para las MIPYMES, propuesta que históricamente ha defendido la izquierda y que representa un real alivio para las empresas que soportan la mayor cantidad del empleo del país, así como un incentivo real a la formalización empresarial. Si se accedió a la progresividad en la aplicación del impuesto al patrimonio, no hay razón para negarse a esta tarifa diferencial, que realmente aporta a la productividad del país.
En conclusión, la reforma tributaria propuesta por el ministro Ocampo, es un muy buen comienzo en la dirección correcta de la progresividad tributaria, no por nada han salido los grandes gremios y voceros de los ricos a atacarla al unísono, aun cuando se les han dado todas las garantías democráticas a sus representantes en el parlamento, incluso aceptando modificaciones que mantienen los tratos privilegiados. A pesar de esto, otra vuelta de tuerca que apriete otro poquito a los más ricos (el 1,4% de la población) es posible, justa, necesaria y pertinente. Necesitamos de dichos recursos para hacer realidad el programa por el que votaron más de 11 millones de personas.
