Con el agua hasta el cuello, la comunidad de San Zenón, Magdalena, exige auditoria en el uso de los recursos para la construcción de un muro de contención que mitigará inundaciones que afectan a más de nueve mil habitantes
Carolina Tejada
Diferentes han sido las formas en las que la población de San Zenón, ha venido pidiendo que se esclarezcan los altos costos y las irregularidades en una obra que tiene como objeto “realizar la intervención correctiva requerida para mitigar el riesgo por inundación y socavación mediante la construcción de obras de protección de orilla del Río Magdalena, en la cabecera del municipio del departamento del Magdalena en el marco del decreto de calamidad pública No. 042 de 2021 y en desarrollo del Plan de Acción Específico (PAE)”.
La población indignada afirma que se siente engañada pues la construcción era, en principio, un malecón, que terminó siendo un muro y con un costo de doce mil millones, cuatrocientos veintinueve mil, novecientos dos mil, quinientos cuarenta y dos pesos ($12.429.902.542). Un recurso superior al que se ha invertido, según expresan, en malecones de municipios cercarnos de mayor tamaño que el proyectado. Estamos hablando de una obra que no llegaría a cubrir 400 metros de aproximadamente 1.300, que es el total de la orilla del río Magdalena en la cabecera del municipio en donde se encuentra la mayor parte de la afectación de la zona que demanda la construcción.
Una calamidad pública
De acuerdo con la información otorgada por el líder social Orlando Pérez, el recurso para la obra de más de doce mil millones de pesos, fue destinado gracias a un decreto por la calamidad pública del gobierno anterior, y lo más relevante es poder garantizar que se arregle la zona por donde hay socavación, pues “el agua está llegando a las viviendas de la gente” menciona Pérez. Contrario a ello, la empresa a la que le dieron el contrato inició la obra del lado contrario de la zona en donde está la mayor emergencia.
Explica el líder que, el muro; “no se hará en el punto crítico de inundación del municipio, lo van realizar al otro extremo del río. Lo que no soluciona el problema. Para la comunidad, este es un sobrecosto y pago de favores a las casas políticas en la Ciudad de Barranquilla». Y en ese sentido, «la comunidad exige transparencia y claridad al gobierno local, a la Unidad de Gestión del Riesgo y a los contratistas en la ejecución de la construcción del muro de contención que no ha sido socializado de forma clara para los habitantes». Esta construcción que debió iniciar en febrero, sólo hasta agosto comenzó en medio de profundas críticas.
A la fecha todo el municipio de San Zenón se encuentra inundado, el agua está afectando a más del 80% de las comunidades, es decir, un aproximado de nueve mil campesinos y campesinas, entre otros habitantes de la zona, han sido damnificados, han perdido los cultivos, el agua ha llegado hasta más de un metro y medio de altura al interior de las viviendas, e incluso animales silvestres como las serpientes, han atacado a los damnificados. De acuerdo con Pérez, hasta inicios del mes de octubre, no habían recibido atención humanitaria ni presencia del gobierno local, departamental o nacional. «Las vías de acceso están completamente inundadas por lo que comunidades se encuentran incomunicadas. Hay pérdida de los cultivos, hay crisis económica y sanitaria. La gente lleva varias semanas teniendo que transportarse solo en canoas» afirma el líder.
Las demandas de la población
La comunidad en colectivo y de manera organizada solicitó a través de un derecho de petición, radicado el 10 de junio del 2022 en la alcaldía municipal de San Zenón, información de fondo que permita conocer detalles de la obra, sin embargo, «nunca hubo una respuesta oficial frente a la petición realizada, lo que conllevó a la comunidad a salir a las calles y exigir que se parara la obra hasta no tener una respuesta clara del manejo de los recursos y la inversión. Igualmente, se realizó un pliego de peticiones y el siete de septiembre se radicó ante las entidades involucradas, pero frente a ello, tampoco hubo respuesta alguna.
Sin embargo, se sabe que, el municipio no tiene ninguna participación o decisión económica en la obra dado que esta es una contratación directa entre la oficina de Riesgo Nacional y los contratistas del consorcio encargados de ejecutar el proyecto. Y, ante la falta de respuestas a las peticiones hechas de manera juiciosa, y siguiendo las normas legales, la gente aprovechó un espacio convocado por las instituciones en el que se realizó, a inicios del mes de octubre, en el municipio de Mompox, Bolívar el Primer Encuentro Regional en la Depresión Momopisina con la presencia de varias instituciones de alcance nacional y con la participación del Director Nacional del Sistema Nacional y Gestión del Riesgo, Javier Pava, así como una senadora del Pacto Histórico, para exponer sus denuncias.
Piden auditoría
Comenta Pérez que «allí una delegación sancenonera pudo exponer sus inconformidades ante la construcción del muro de contención, así como hacer entrega de cada uno de los documentos y denuncias que se vienen realizando. De esta manera se solicitó al Director de Gestión del Riesgo realizar una auditoría y verificación del proceso de construcción».
Por otra parte, se ha sabido que el consorcio de obras de protección SZM, encargado del proyecto, está conformado por: Construcción e inversiones CEMEC S.A.S NIT 901 043 572-4, con el 50%, Eduardo Gabriel Peña Hernández CC. 73.543.740, con el 46%, Arca Mega Proyectos S.AS NIT 901474095-1, con el 5%, ha estado contratando a las personas de la zona para servir de obreros en la construcción, y empleado a otros lugareños para recoger firmas en favor del consorcio valiéndose de la necesidad de un empleo y de recursos de la gente. “Estas son estrategias que ha utilizado para desmovilizar a las denuncias de la población, y ahora que están inundados la gente le ha caminado porque no tiene otra fuente de trabajo”.
Hasta el momento no se han adelantado acciones que le permitan a la comunidad claridad y transparencia sobre los recursos destinados para dicha construcción. Lo cierto es que las denuncias apuntan a un pago de coimas a “los Char” por parte de la anterior administración de Iván Duque. Y que, hasta el momento, la comunidad espera que el nuevo gobierno prenda las alarmas sobre este tipo de eventos que apuntan a la corrupción más grande que se halla presentado en el municipio.
