La propuesta está planteada como la búsqueda de una «justicia tributaria para los derechos y la vida» que apunte a la equidad y la progresividad, contenidos que el sistema tributario actual no tiene
Carlos Fernández
No todos los candidatos presidenciales consideran que es necesario realizar una reforma tributaria. Fico considera que lo que hay que hacer es disminuir el gasto público. Íngrid plantea crear el ambiente económico y social para, dentro de tres años, realizar la reforma. Entre tanto, uniría el Sistema General de Participaciones (que transfiere recursos del presupuesto nacional a las regiones) con el Sistema de Regalías (que hace lo propio con los recursos provenientes de la explotación minera y de hidrocarburos).
El ingeniero Hernández considera que hay que apretarse el cinturón (lo mismo que Fico) para lo cual basta acabar la corrupción y, así, obtener una mejora definitiva de las finanzas públicas. Pero, como la corrupción es una hidra de múltiples cabezas, será necesario reformar el actual estatuto tributario mientras se le dan golpes contundentes a los corruptos que hagan desaparecer ese monstruo de la vida nacional.
Fajardo plantea una reforma con impuestos progresivos y eliminación de exenciones tributarias. Éstas y otras campañas plantean propuestas que apuntan a disminuir el IVA, a ampliar la base tributaria (que más gente pague impuestos), a luchar contra la evasión, etc.
Diferencias de fondo
Según lo expresado por las distintas campañas y los propios candidatos, a pesar de las coincidencias en asuntos puntuales, hay, de fondo, una gran diferencia en el tipo de reforma o de modificaciones puntuales a llevar a cabo. En efecto, entre el esbozo de propuesta del Pacto Histórico y los planteamientos sobre cuestiones fiscales de los otros movimientos y coaliciones hay una diferencia de fondo, que tiene que ver con la dirección hacia donde apuntan las modificaciones propuestas.
Cuando hemos comentado en estas páginas las propuestas de reforma fiscal o las reformas aprobadas en el pasado, hemos mostrado no sólo la falta de una visión estructural de lo que debe ser el manejo de la hacienda pública, sino que, también, hemos buscado mostrar el trasfondo clasista de las propuestas oficiales, aprobadas parcial o totalmente.
Pues bien, la elección presidencial ha venido a mostrar no sólo diferencias de detalle en la concepción de una reforma tributaria entre los candidatos sino, lo que es más importante, la profunda diferencia en cuanto al punto de vista a partir del cual se la concibe. Y el punto de vista es clave para determinar a qué sectores sociales beneficia una determinada política fiscal.
¿Se requiere una reforma?
El estatuto tributario colombiano constituye un sistema regresivo de tributación. Esto es reconocido, en general, por los distintos candidatos y de esta apreciación brotan sus propuestas de campaña. La falta de voluntad para realizar una reforma estructural ha sido evidente en las reformas propuestas y aprobadas en los últimos años.
La última, presentada por el ministro Restrepo, tuvo que frenar el ímpetu regresivo de la fallida reforma de Carrasquilla y mantener e, incluso, aumentar las tarifas de impuesto sobre la renta dado el incremento del déficit que provocaron las tímidas medidas tomadas para paliar los efectos de la pandemia. Pero no puede considerarse una reforma estructural.
Lo cierto es que, hace rato, el país está necesitando modificar a fondo su estatuto tributario. Pero, ¿en qué sentido? Es evidente que no iban a ser unos gobiernos representantes de los sectores de clase dominantes (Uribe, Santos, Duque, para no referirnos sino a los de los últimos 20 años) los que iban a introducir unas modificaciones favorables a los sectores medios y bajos de la población. De ahí que, cada vez que se intenta una reforma, hasta sectores partidarios de tales gobiernos protestan porque no se atacan a fondo los que ellos consideran limitantes fiscales al desarrollo nacional.
O sea que tirios y troyanos aceptan que la reforma tiene que ser a fondo, sin que los que detentan el poder hayan logrado formular una política tributaria que no requiera nuevas y muy frecuentes reformas.
La reforma del Pacto Histórico, ¿para quién?
La propuesta tributaria del Pacto Histórico está planteada en su programa como la búsqueda de una «justicia tributaria para los derechos y la vida» que apunte a la equidad y la progresividad, toda vez que, como se señaló, el sistema tributario actual no es ni equitativo ni progresivo.
En el corto plazo, la reforma buscaría una disminución del déficit fiscal, el cual venía creciendo antes de la pandemia en razón de que la reforma de 2019 amenazaba con disminuir los ingresos fiscales, dada la enorme cantidad de gabelas que otorga a los grupos económicos más poderosos. El déficit se acentuó, como ya se dijo, en razón de las medidas tomadas con motivo de la pandemia.
Según el programa del Pacto, la reforma buscaría aumentar el espacio fiscal, o sea la disponibilidad de recursos, en 5,5% del PIB, esto es, disponer de esa nueva suma para garantizar parte de la financiación de las distintas políticas propuestas para elevar los niveles de desarrollo (transición energética, reindustrialización, desarrollo productivo del campo, mejoramiento del turismo, etc.).
La meta no es tímida. Se trata de conseguir en los próximos años 65 billones de pesos adicionales, que se complementarían con la reasignación de recursos hacia programas prioritarios. El meollo de la cuestión radica en dos principios que animan el programa del Pacto. De un lado, la reforma busca progresividad (que quienes tengan más, paguen más). De otro, que las políticas que se adopten y los programas de inversión que las implementen apunten a mejorar la calidad de vida, el empleo, la producción, el saber y disminuyan los factores limitantes del desarrollo sostenible, prioricen la producción de valor y de riqueza sobre la extracción de recursos.
¿De qué manera?
Varias son las medidas propuestas:
- Disminuir paulatinamente la diferencia entre la tasa nominal y la tasa real del impuesto de renta. Para ello, se eliminarán las subvenciones que reciben las grandes fortunas y se aplicarán tarifas diferenciales a las empresas según su tamaño, favoreciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas, buscando no desestimular la inversión verdaderamente productiva de las grandes empresas.
- Adicionalmente, se eliminarán las rentas cedulares, es decir, aquellas que permiten que sectores económicos tributen a tarifas preferenciales en razón de la procedencia de sus ingresos, generando aún más inequidad.
- Gravar los dividendos procedentes de las utilidades de las empresas, obligando a que se decreten al menos en un 70%, es decir, que los dividendos pagarán impuestos independientemente de la forma en que se distribuyan o de a quién los asignen los accionistas.
- Luchar contra la evasión, en particular, la que se da por el traslado de recursos a paraísos fiscales, el establecimiento de medidas estrictas de auditorías fiscales y elevación de las penas (incluidas las de cárcel) por el delito de evasión.
- Gravar la propiedad improductiva, tanto de las tierras rurales como de las urbanas. En el caso de las ciudades, generar mecanismos de tributación territorial que permitan que los entes regionales y municipales contribuyan en el desarrollo de los sistemas de transporte masivo, con base en la utilización de vehículos eléctricos y desincentivando el uso de vehículos a base de combustibles fósiles.
- Disminuir el IVA, en particular para los productos que constituyen la base de la alimentación de la población, dándole prioridad a los impuestos directos que pueden ser progresivos y restándosela a los indirectos, que van en contra de los sectores de más bajos ingresos.
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Alcance político de la reforma
Como lo ha expresado en repetidas ocasiones el candidato presidencial del Pacto Histórico, las políticas propuestas y, en particular, la reforma tributaria, no buscan una revolución socialista en Colombia. Ellas no son sino la expresión moderna de reivindicaciones ya viejas que las clases dirigentes del país no han satisfecho, con lo cual se ha constituido un régimen económico signado por la dependencia del capital nacional y extranjero, por el atraso de la estructura agraria y, en gran parte, de la industria del país, así como un régimen político sostenido por la violencia.
Pero la reforma sí va a afectar los intereses de sectores económicos y políticos que no han hecho sino extraer rentas de la fuerza de trabajo nacional sin siquiera darle a ésta las condiciones mínimas de una vida decente. Ya es hora de que se ponga por delante el valor del trabajo como productor de riqueza y se afecten los intereses parasitarios de los que sólo buscan apropiársela.
