Desde que se inició la profesionalización de las fuerzas armadas en 1907, esta institución no ha sido exactamente apolítica. De hecho, uno de los mayores problemas que tuvieron los oficiales chilenos contratados para asesorar dicha profesionalización fue el de implantar entre el Estado Mayor colombiano el principio de no deliberación de los militares, el cual a su vez habían aprendido del modelo castrense prusiano.
Y a pesar de que en 1930 se instauró la prohibición del voto militar como garantía de la no deliberación, es bien sabido que las Fuerzas Armadas se identificaron y apoyaron alguna de las fuerzas bipartidistas en diversos momentos de la historia del siglo XX.
Sin embargo, si nos comparamos con otros países latinoamericanos, parecería que los militares colombianos no han sido tan activos en la vida política nacional. Es más, Álvaro Uribe, quien no dudó en recurrir a todo tipo de artimañas para aferrarse al cargo de Presidente, se ha referido a Colombia como la democracia más sólida de la región, argumentando que el país experimentó tan solo un corto periodo de dictadura militar.
Ahora bien, pensar que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica sería como creer que el Presidente es inmaculado y que gobierna en favor del pueblo y no en defensa de los intereses de la oligarquía. Solo baste recordar que los militares prusianos, artífices de la unificación alemana y del mito de la apoliticidad del ejército, dieron su apoyo a los nazis para derrotar al gobierno socialdemócrata.
En tanto el Estado es una institución producto de la lucha de clases y puesta al servicio de la defensa de los intereses y privilegios de la clase en el poder, las Fuerzas Armadas tienen el rol de garantizar la permanencia de la clase ganadora en el Gobierno y deben reprimir a todo actor que trate de poner en peligro la estabilidad social que les garantiza el usufructo de los beneficios del ejercicio del poder.
Esto queda claro en Nuestra América, donde los militares, cuando eventualmente acceden al Gobierno sectores progresistas, son utilizados para mediante golpes de estado rescatar el poder y entregárselo nuevamente a la oligarquía. Por ejemplo, en el cono sur, las dictaduras militares implantaron el modelo neoliberal, cercenando los derechos sociales y la soberanía de sus pueblos, y todo ello según las exigencias de Washington y para beneficio de su burguesía.
En Colombia, aunque los militares no han detentado tantas veces el poder como en otras latitudes, sí han sido utilizados por la burguesía y el imperialismo estadounidense para defender sus objetivos estratégicos, la economía de sus empresas y por supuesto los beneficios del empresariado del país implicado sobre los del pueblo.
Las élites políticas y sociales de nuestro país han sabido someter a la institución castrense a su voluntad. Valiéndose de la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno, lograron convertir a los militares idiotas útiles que les garantizan el orden social que les permiten mantener sus beneficios a costa de la exclusión, la miseria y la explotación de los trabajadores urbanos y el campesinado.
Así pues, ante la carencia de un gobierno popular, los militares se han dedicado primordialmente a la contención y represión de la oposición política y los movimientos sociales, justo como lo acaba de demostrar la JEP al señalar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en 5.773 asesinatos de miembros de la Unión Patriótica.
Empero, la oficialidad que hoy controla al Ejército comienza a contemplar seriamente y con preocupación la posibilidad de que las fuerzas políticas alternativas, que tanto han reprimido, puedan llegar a ser gobierno. Es por eso que la alta oficialidad, la misma que se ha declarado enemiga de la paz y que es liderada por un general que no duda en justificar las ejecuciones extrajudiciales de mujeres embarazadas y niños, aumenta su agresividad contra la candidatura del Pacto Histórico.
Zapateiro y compañía le temen a un gobierno que pueda iniciar una apertura democrática; le temen a un gobierno que le apueste a la paz y a la salida negociada al conflicto armado; le temen a un régimen político que busque superar el narcotráfico y la dependencia, porque a militares como ellos les enseñaron que su existencia depende de la guerra contra el pueblo.
Pero el panorama no es del todo desalentador. En los últimos años vemos cada vez más expresiones de militares que entienden la importancia del respeto a la democracia, y más aún, de la necesidad de convertir a las Fuerzas Armadas en un baluarte de la defensa de la soberanía y los intereses populares. Por eso, desde el Pacto Histórico debemos trabajar para que el ejército deje atrás las enseñanzas de la Escuela de las Américas, y se vea reflejado más en la reforma agraria del general Velasco Alvarado en el Perú, o en la lucha por la soberanía territorial del general panameño Omar Torrijos.
Exhortamos a todas las fuerzas progresistas a incentivar sus acciones en pro del triunfo de Gustavo Petro para que impulse una doctrina militar que estimule en las Fuerzas Armadas el acatamiento de las disposiciones constitucionales y la defensa de la democracia y la inclusión social.
