La ministra del Trabajo explica algunos puntos del proyecto de reforma laboral presentado al Congreso de la República, al que le recuerda su compromiso ético y político de avanzar en la garantía de derechos para los trabajadores
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
El Gobierno insiste en la dignificación del empleo en Colombia. Por eso, volvió a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma laboral, esta vez con más aportes de sectores empresariales y de organizaciones de trabajadores.
VOZ habló con la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez para conocer algunos de sus puntos esenciales.
En el último proyecto presentado, ¿qué cambios hay en la propuesta sobre las formas de contratación?
-La reforma laboral, construida con diálogo tripartito entre trabajadores, gremios y Gobierno, ha mantenido como eje la garantía del principio de estabilidad laboral. Por esto, la contratación a término indefinido será la regla, y la excepcionalidad está en orden a formas de contratación como el término fijo o el contrato de obra laboral, los cuales se mantienen.
Ahora bien, hay sectores sociales que requieren atención del Gobierno derivado de los niveles de desprotección en el que se encuentran, entre ellos, las trabajadoras domésticas con un contrato escrito que se debe radicar ante el Mintrabajo, el contrato agropecuario, el contrato de trabajo familiar y comunitario, así como las garantías para las organizaciones de artistas en todas sus expresiones.
Discusiones con los gremios
¿Qué propuestas del sector empresarial han sido recogidas en este proyecto de reforma?
-Nuestro propósito es fomentar una agenda de derechos humanos que atienda las necesidades de una sociedad, que ve en el trabajo la opción de crecer y proyectar a futuro la protección de las familias. Por esto, se requiere que el empresario avance en procesos de formalización y creación de empleos sin precarización laboral, y de esta manera recogimos, entre otras, propuestas que atienden a la adopción de mecanismos que harán más sencillos sus procesos productivos.
¿Qué aportes hicieron la SAC y Fedegan a la reforma?
-Nuestra reforma laboral ha escuchado a múltiples sectores sociales, y por ello el empresariado ha sido también recogido en propuestas que de la mano de las organizaciones del campesinado y del sector sindical rural como Fensuagro, nos permiten proponerle al país un articulado que garantizará la lucha contra la informalidad en el sector rural, donde las cifras sitúan un reto institucional de disminuir el porcentaje de 86%.
Buscamos que el jornal agropecuario, a través de un contrato escrito con garantías de pago a la seguridad social a tiempo parcial, permita reconocer al campesinado como sujeto de derechos y avanzar también en la agenda que estamos trabajando alrededor de la economía popular, solidaria y comunitaria. Nuestro propósito es sumar agendas del Cambio para avanzar con la política de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
Protección a micronegocios y empleos para la transición
¿Habrá ayudas o subsidios a la nómina para que las microempresas contraten directamente al personal, en caso de que no puedan?
-Creamos un nuevo artículo para proteger a más de cuatro millones de micronegocios que, a través de su formalización mediante el registro mercantil y la contabilidad sobre ingresos y gastos, recibirán incentivos directos a la nómina por la contratación de jóvenes, mujeres y personas mayores. La lucha contra la desigualdad requiere la suma de muchas fuerzas y compromisos con un pueblo que nos exige cambios.
¿Por qué no se prohíbe el despido sin justa causa, en lugar de desincentivarlo?
-Uno de los momentos más difíciles para un trabajador o una trabajadora es perder su puesto de trabajo por una decisión que sea injusta. Esto es más complejo cuando encuentra que la posibilidad de acceso a la justicia tiene obstáculos que van desde lo económico, como el costo de abogados, hasta la demora judicial propiamente dicha.
Por esto, en la reforma laboral incrementamos el costo de la indemnización por despido sin justa causa. Es un tema que consideramos de justicia social. Detrás de cada despido hay efectos que impactan directamente a las familias trabajadoras, por lo cual el llamado del Gobierno del cambio es avanzar con las protecciones a sus derechos, en el marco de relaciones laborales.
¿Puede explicarnos mejor qué son los empleos verdes, los empleos azules y la reconversión laboral?
-Entre los retos actuales del mundo del trabajo se encuentra la adaptación al cambio climático con respuestas políticas estructurales. Nuestro Ministerio está en sintonía con el llamado del presidente Gustavo Petro en torno a generar mecanismos que permitan la transición justa. Por ello pensamos que son tiempos para potenciar sectores productivos que, a partir de sus conocimientos y saberes propios, pueden proteger de manera simultánea la naturaleza y los mares.
Pero a la vez, generando recursos económicos para su sustento de vida con dignidad. Hablamos de empleos verdes y azules con un enfoque de atención e incentivos mediante políticas que implementaremos con nuestro Plan de Desarrollo, debemos darles opción a nuevas formas de trabajo social y comunitario, para que generen productividad real y transformen sus entornos desde la inclusión.
Trabajo en plataformas
¿Qué se estipula para trabajadores de plataformas como Rappi, en cuanto a formas de contratación?
-El trabajo en plataformas digitales de reparto ha tenido amplio diálogo social, hemos avanzado proponiéndole al país una opción con derechos y para ello dejamos como vía la posibilidad de que sean contratados mediante las reglas del Código Sustantivo del Trabajo.
Es decir, que si la plataforma y el trabajador llegan a suscribir un contrato de trabajo, se le reconozca por consiguiente la totalidad de prestaciones sociales a las que tiene derecho. Pero también escuchando a trabajadores que consideraron que no se podía utilizar solo una forma de contratación, activamos la posibilidad que lo hagan en calidad de independientes y, por ello, como novedoso decimos que esto solo puede ser posible si se atiende a un pago especial en materia de seguridad social, a partir de una concurrencia de cotización sobre la totalidad de los ingresos del trabajador y en un Ingreso Base de Cotización que está en un 40%, en donde la empresa pagará el 60 y el trabajador el 40%.
También avanzamos con un registro de trabajadores ante el Ministerio del Trabajo y ubicamos la tarea de generar supervisión humana al algoritmo, para que las decisiones no afecten los derechos de trabajadores.
¿Por qué cree que esta vez sí pasará la reforma en el Congreso?
-El Congreso tiene ahora el deber ético y político de avanzar en la garantía de derechos que está en el Artículo 53 de nuestra Constitución Política. El Gobierno del cambio y el Ministerio del Trabajo le presentan nuevamente al país una reforma laboral sustentada en el diálogo social y que expresa la necesidad de millones de colombianos y colombianas en procura de un trabajo con derechos. La reforma avanza y el diálogo continúa.
