Para Urabá-Darién se necesita una solución política dialogada
Redacción Política
Iniciaron los diálogos vinculantes en Turbo, Antioquia, convocados por la Presidencia de la República, con el objetivo de construir el Plan de Desarrollo regional y nacional. A la cita llegará el Espacio de convergencia para la búsqueda de la implementación del Acuerdo Final y la paz total en Urabá-Darién, organizaciones sociales, étnicas, culturales, comunitarias y políticas con presencia en la región de Urabá.
Ante la agenda nacional de paz y la búsqueda del cese de las violencias que se desarrollan en las regiones, los participantes del encuentro en Urabá reafirmaron su convicción de diálogo por una salida política a la confrontación armada y generar las condiciones para la convivencia pacífica en la región.
Una de las propuestas recogidas por el encuentro al Gobierno nacional en el marco de su plan de paz total, es declarar “región de paz” al Urabá y viabilizar una mesa diálogo lo más pronto posible con todos los grupos armados. “Dadas las condiciones de violencia que vive la región es importante que se reconozca y asigne un Comisionado regional para Urabá. Para ello, desde ya proponemos a Esneda López, lideresa social y defensora de derechos humanos, conocedora del territorio y reconocida por su trabajo en favor de las víctimas en la región”, señalaron voces del encuentro.
“Se propone al Gobierno nacional instalar una mesa de diálogo social entre empresarios, organizaciones sociales étnicas, culturales y autoridades territoriales que nos permitan construir propuestas colectivas que redunden en la calidad de vida de los habitantes en la región”, indicó López, líder comunitaria y social de la región.
El encuentro de diálogo se comprometió a acompañar el proceso de implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en el año 2016, entre las antiguas FARC y el Estado colombiano. Esto con el fin de contribuir al seguimiento en la implementación de garantías para la reincorporación a la vida civil de los firmantes, y a tender puentes de confianza desde la sociedad civil hacia los grupos armados que actualmente son convocados al diálogo por el Gobierno nacional.
