La expiración de la normativa sanitaria y migratoria, creada en medio de la pandemia, permite a Estados Unidos expulsar y devolver en caliente a inmigrantes sin debido proceso, hacia terceros países “seguros” o de origen. Es la externalización del securitismo antinmigrante de la potencia del norte
Jessica Paola Vargas Guzmán*
Según la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, el número de personas en condición de movilidad humana ha aumentado en los últimos cinco años. El estimado en 2020 de personas migrantes era de 281 millones.
Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, estima un número de 89.3 millones de personas que han sido obligadas a salir de su lugar de origen y dentro de ellas, 27.1 millones están en condición de refugio, de los cuales la mitad son menores de 18 años. Sumándole a esta situación, va en aumento las personas apátridas a quienes se les niega el acceso a derechos. Colombia aporta su cuota por falta de un sistema correcto de nacionalización por Ius soli (derecho del lugar) de infancias de origen venezolana mayoritariamente.
política migratoria en EE. UU y fin del título 42
Ante este preocupante panorama de vulneración de derechos de las personas, que estamos en condición de movilidad humana en la región y en el mundo, se hace necesario repensarnos regionalmente la garantía de derechos humanos de los cuales gozamos cada persona sin importar el origen étnico-racial, la identidad sexo-genérica, la diversidad funcional, la edad, las creencia religiosa, orientación política o nacionalidad.
Hace pocos días el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Joe Biden sostuvieron su primer encuentro en la Casa Blanca dialogando de temáticas claves: ambiente y cambio climático, políticas de drogas y migración. Para este último tópico, Biden planea adelantarse a la afluencia de migrantes que se espera con la expiración del Título 42, normativa sanitaria y migratoria creada en el contexto de la pandemia por el Covid-19.
Esta disposición legal permite al gobierno estadounidense realizar expulsiones en caliente de personas que ingresan al territorio sin visa o documentación por entradas irregulares, dichos destierros acelerados se ejecutan sin debido proceso a “Terceros Países Seguros”, es decir, territorios donde los solicitantes de asilo pueden ser devueltos porque en teoría no existe peligro a su seguridad y la posibilidad de peticionar asilo.
Esta categoría está enmarcada dentro de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados según de la noción de la cooperación internacional. A partir de esto, y a modo de ejemplo, se creó junto a México el Protocolo de Protección a Migrantes, MPP, que devuelve al país azteca a nacionales de otros países mientras se produce sus procedimientos de remoción en Estados Unidos vulnerando el derecho a migrar y el derecho al asilo.
A su vez, las expulsiones de Estados Unidos se dan también hacia países de origen de los transmigrantes, poniendo en peligro su seguridad sin tener en cuenta el principio de no devolución.
Título 8 y las políticas anti migratorias
Actualmente a la expiración del Título 42, surge el Título 8 que contempla procesos penales en contra de la movilidad humana y prohíbe el reingreso al país. Esta normativa tuvo vigencia antes del 2020 y es aún más cruda, ya que la expulsabilidad es mayor e inmediata si no se fundamenta en el miedo creíble, esto es, la argumentación de la necesidad de obtener protección internacional a causa de peligro contra la vida en país de origen.
Ante este panorama, el gobierno de Biden está dialogando con diferentes gobiernos del Sur Global para adelantar procesos de externalización fronteriza para frenar la migración, esto quiere decir, que sus políticas anti migratorias estén fuera de las fronteras territoriales de Estados Unidos.
Por ello Washington ha peticionado a Colombia que le “ayude” a contener el flujo migratorio irregular en fronteras sudamericanas, que encuentran un cuello de botella humanitario en la selva del Darién ubicada en el noroccidente colombiano, lugar de tránsito de miles de migrantes de diversas partes del mundo.
Joe Biden le ha pedido a Gustavo Petro la creación de centros que faciliten la tramitación de procesos para estar acorde al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Sin embargo, la pregunta es, ¿segura para quién?, ¿para las personas en movilidad o para el discurso de seguridad que ve al migrante como criminal y a la migración como proceso criminalizante? Estas políticas y presiones por parte de Estados Unidos han llevado a que países de Centroamérica como México, cometan todo tipo de vulneraciones de derechos estructurales en contra de los migrantes para evitar que crucen las fronteras estadounidenses.
Por acción u omisión se ha creado un mecanismo de necropolítica que secuestra, asesina, desaparece, viola, golpea, encarcela y comete todo tipo de crímenes en contra de migrantes. Por ejemplo, la creación de centros de detención migratoria del Instituto Nacional de Migración de México, INM, en donde el pasado mes de marzo murieron calcinadas al menos 39 personas migrantes, entre ellas colombianos; la imposición de visados sistemáticos a varias nacionalidades que impiden que puedan movilizarse de forma segura dentro del territorio mexicano; la militarización fronteriza de norte a sur financiada por el Norte Global; la falta de corredores seguros que hace que los y las migrantas seamos carne de cañón de cárteles mexicanos para tráfico de personas, trata como tráfico de órganos por secuestros masivos; la persecución por parte del Estado mexicano con policías y militares a migrantes en tránsito entre otros.
Por otro lado, Estados Unidos también tiene su cuota con la creación de centros de detención migratoria a lo cual los y las migrantes le llaman “hieleras”, en donde al igual que en México son víctimas de tortura psicológica y física, sumándole a las detenciones violentas de lo que llaman “La Migra”, las violaciones al debido proceso con expulsiones en caliente y masivas, e incluso con detenciones por “crimen migratorio” de un año.
La movilidad humana es un derecho
Ante este panorama de externalización de política anti migratoria transfronteriza por parte del Imperio, se hace necesario pensar una y otra vez qué tipo de trato vamos a dar a los que visitan nuestra matria de manera temporal, los que se quedan y los que se van.
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado-Nación con una Ley Migratoria reciente (Ley 2136 de 2021) que cojea en torno a derechos humanos con poca aplicabilidad, una ausencia absoluta de leyes en torno al asilo y apatridia, un país en conflicto armado que al igual que México tiene a las migrancias como parte del conflicto y que por esta misma razón expulsa nacionales a diversos países y del cual desconocemos por falta de un censo migratorio, si somos el 10% o el 20% de la población total en el exterior. Además de falta de políticas públicas en zonas de tránsito de migrantes, ausencia de albergues migrantes que sí tiene Centroamérica y transporte seguro.
Que los acuerdos con Biden no desdibujen nuestro horizonte ético de ser una ‘Potencia mundial de la vida’ para todos y todas las habitantes sin importar de donde vengan, pues el control fronterizo viene de la mano de militarización en un país que se piensa la paz como único camino.
¡No olvidemos que la movilidad humana es un derecho humano y que ningún ser humano es ilegal!
