Los exintegrantes del secretariado de las Farc-EP, ahora comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, renunciaron a la presunción de inocencia. ¿Cómo va la búsqueda de verdad y justicia en el país?
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
A través de una petición judicial, firmada por el antiguo secretariado de la extinta guerrilla y dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se dejó sobre la mesa la renuncia a la presunción de inocencia, la solicitud de una dejación a la persecución penal para los no máximos responsables y una resolución única de conclusiones.
“Resulta gravísimo que transcurrido siete años del Acuerdo político firmado, que puso fin al conflicto armado con las Farc-EP (…), la JEP no haya definido la situación de miles de personas firmantes del Acuerdo, afectando gravemente la eficacia de lo firmado”, se lee en el documento. Esta petición demuestra los cuestionamientos de los firmantes al tribunal de paz.
Así pues, la carta la dirigen como comparecientes y Alta Parte Contratante, “en virtud de las normas del derecho internacional y de la declaración unilateral de Estado que elevó el entonces presidente Juan Manuel Santos al Consejo de Seguridad de las Nacional Unidas, convirtió el Acuerdo en un documento oficial del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, mientras no termine la implementación integral del Acuerdo, seguimos siendo Alta Parte Contratante del Acuerdo de Paz”, aseguró el senador Julián Gallo en rueda de prensa.
Por tal razón, es necesario recordar que el antiguo secretariado ya había enviado dos cartas al presidente de la República, Gustavo Petro, y a los demás firmantes de paz, en las que se señala que la JEP se desnaturalizó y se debía recuperar el espíritu de un Tribunal de Cierre.
Asimismo, Julián Gallo, firmante y senador de la República, señaló a este medio de comunicación, en entrevistas pasadas, que el “fracaso de la paz proviene de la inseguridad jurídica”.
Sin sentencias
Esta inseguridad jurídica siguió escalando. Han pasado dos años en que se les declaró culpables a los excombatientes, pero no se han formulado las sentencias propias.
Así pues, en rueda de prensa, los senadores y firmantes de paz, Julián Gallo, Jorge Torres Victoria y Rodrigo Granda anunciaron que solicitaron al tribunal de paz que su actuación se ajuste a los mecanismos que están contemplados tanto en el Acuerdo de Paz como en las normas procedimentales, las cuales fueron aprobadas en el Congreso de la República.
“La petición es que, ciñéndose a lo estipulado en los Acuerdos, se agilicen los procedimientos, teniendo en cuenta que se trata de una justicia especial para la paz que se abrevien los tiempos”, señaló el senador Gallo, pues, en la medida que han aportado la verdad en cada uno de los macrocasos a los que han sido convocados, se hace necesario que las decisiones que tome la JEP se agilicen, para así garantizar que la verdad y la justicia llegue a las víctimas del conflicto armado.
Ahora bien, los firmantes de paz han venido cuestionando la apertura de tantos macrocasos. Hay una especie de voluntarismo de la JEP de investigar los crímenes sistemáticos del conflicto interno, sin embargo, esa verdad no ha sido establecida, ya que gran parte de estos macrocasos ha estado destinada a la investigación de la guerrilla y no de los otros actores del conflicto. Se volvió una verdad politizada.
“Que no se sigan adentrando a ese laberinto jurídico que los ha llevado a los microprocesos, perdiendo el rumbo y, sobre todo, negando a las víctimas el acceso a la justicia, pues ellas están esperando las decisiones judiciales”, señalaron los firmantes.
Una conclusión, una sanción
Para seguir en la búsqueda de la paz, que garantice la verdad a las víctimas, los firmantes de paz como Alta Parte Contratante piden que se acumulen todos los procesos, se expida una resolución única de conclusiones y una sanción por cada uno de los comparecientes.
La resolución única de conclusiones recogería el ofrecimiento de verdad y la aceptación de responsabilidad de las personas comparecientes de la JEP. Este reconocimiento de responsabilidad agilizaría la imposición de una sanción propia que contempla el marco jurídico del tribunal de paz.
Esta única resolución facilitaría el cierre jurídico del conflicto, para esto es necesario que se acumulen todos los procesos, también que la justicia ordinaria traslade todos los procesos a la JEP “y se pueda reproducir el cierre definitivo, desde el punto de vista judicial, de todo lo que contiene. Ya sean investigaciones, procesos o condenas contra quienes hicimos parte de la insurgencia”, comentó el senador Gallo.
Firmantes de paz y militantes políticos
Ahora bien, en la rueda de prensa, los firmantes de paz aclararon para los magistrados y el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, que no es Comunes el que está dirigiendo la comunicación, sino los comparecientes, específicamente los que integraron el último secretariado de las FARC.
Este señalamiento se hace en medio de una ola de estigmatización hacia los firmantes y el partido político Comunes. “Comunes, como partido político, no es un sujeto procesal. Hemos venido insistiendo que la JEP no puede convertirse en un factor de estigmatización contra el partido que surgió después de la firma del Acuerdo de Paz, contra sus militantes y contra sus direcciones”.
A la solicitud, la JEP respondió que este reconocimiento de la extinta guerrilla demuestra su compromiso con la justicia, no obstante, estas propuestas tienen implicaciones sustanciales y procesales dentro del tribunal de paz, por tal razón, para la evaluación de ellas se convocará a los comparecientes a una audiencia para entender a profundidad las solicitudes.
En un momento en el que se incrementan los asesinatos de los firmantes de paz, se debe fortalecer y agilizar los procesos de la búsqueda de la verdad para así garantizar en Colombia una verdadera paz.