En una nueva misiva, el antiguo secretariado de las FARC-EP señala que la JEP se desnaturalizó y se debe recuperar el espíritu de un Tribunal de Cierre, donde no haya impunidad para los crímenes que cometió el Estado
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
La carta es dirigida a los firmantes; ella expresa algunas reflexiones sobre la situación de vulneraciones que está teniendo la Jurisdicción Especial para la Paz frente a lo acordado en La Habana, Cuba. En la misiva ratifican la integralidad del Acuerdo, pues es un documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, convocan encuentros regionales de comparecientes para permanecer en alertas e intercambiar opiniones.
El semanario VOZ habló con uno de los miembros del antiguo secretariado, firmante de paz y senador de la República, Julián Gallo, sobre la carta, las últimas decisiones del Tribunal y el Acuerdo Político.
¿La JEP quiere un sometimiento a la justicia por parte de los firmantes de paz?
Nosotros firmamos un Acuerdo político con el Estado, no fue un sometimiento a la justicia. Es importante tener esa claridad porque la discusión se ha centrado sobre el componente de justicia del Sistema integral, pero eso no se puede sustraer del contexto general, y es que es un Acuerdo político.
Primero se dirigieron al presidente Gustavo Petro y ahora a los firmantes. ¿Qué cambió?
Como último secretariado adquirimos un compromiso, no solo con el país y las víctimas, sino también con quienes fueron nuestros compañeros de armas, quienes creyeron en nuestro compromiso y en lo construido en La Habana. Hoy en día encontramos que mandos medios y guerrilleros de base se sienten engañados, ya que los están citando y pidiendo información sobre hechos que no conocen.
Es una violación al Acuerdo porque uno de los principios fundamentales de la Jurisdicción es no investigar caso por caso, es imposible, ya que son cincuenta y tres años de conflicto. La idea de la Jurisdicción es que se dedicara a documentar los casos más significativos, tales como los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Así que nos dirigimos a los firmantes para decirles que estamos atentos a sus reclamaciones. Sabemos que se ha incrementado el número de firmantes de la paz que, ante la inseguridad jurídica, están tomando el camino de la ilegalidad, lo cual nos parece una tragedia.
Con las decisiones de la JEP y la respuesta de algunos firmantes, estaría fracasando la paz…
El fracaso de la paz proviene de la inseguridad jurídica, y es uno de los motivos fundamentales, pues lleva la situación a un extremo de gravedad, el cual hace que urgentemente nos tengamos que remitir al jefe de Estado.
Una resolución por cada macrocaso
El Acuerdo de Paz es una resolución del Consejo de Seguridad, que es la máxima autoridad en materia de paz en el mundo. ¿Se está alterando el documento original?
Que sea una resolución del Consejo de Seguridad da aún más valor desde el punto de vista del derecho internacional. La JEP decidió alterar el texto del Acuerdo por vía de resoluciones y es una violación al mismo acuerdo y la paz en el país.
El tribunal ha dicho que habrá una resolución por cada macrocaso, cuando en La Habana se acordó que debe ser una sola resolución de conclusiones. Esto nos pone en inseguridad jurídica porque se altera lo acordado, es una violación flagrante del Acuerdo.
La encerrona a Santos
En la misiva se menciona la alteración del punto quinto del Acuerdo de Paz, y se habla de una encerrona al presidente Juan M. Santos unas horas antes. ¿Cómo pasó?
Cuando llegamos a Colombia con el texto, el día antes de la firma del Acuerdo los altos mandos militares le hicieron una encerrona al presidente Santos y lo obligaron a modificar de manera unilateral el texto.
¿Y la reacción de ustedes?
Esto nos puso en su momento en una situación sin salida, estábamos ya en Bogotá. ¿Qué hacíamos?, ¿coger un bus y devolvernos para el monte? No, era políticamente insostenible. Entonces, dejamos constancia que se estaba produciendo una alteración al Acuerdo, fuimos al teatro Colón y pusimos nuestra firma.
Después de esto vemos que hay otras alteraciones, en el Congreso salen los altos funcionarios del Estado y, a su paso por la Corte, dejan por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz a los denominados terceros. Esto demuestra que el Tribunal es limitado a la insurgencia y a mandos medios de las fuerzas militares o generales que tuvieron relación material con los hechos. Se desnaturalizó la Jurisdicción.
Desde la primera carta al presidente, se han visto muchas reacciones, en estas se dice que ustedes no quieren recibir sanciones. ¿Qué responden a ello?
Nosotros no queremos sacarle el cuerpo a la sanción, es exactamente lo contrario, lo que estamos pidiendo es que no haya impunidad para los crímenes que cometió el Estado, el paramilitarismo y esa asociación ilícita que conformaron los dos para combatir el proyecto transformador en este país.
Un rompecabezas de la verdad
La JEP se pensó como un tribunal de cierre…
Claro, pero eso no se ve, tienen en cuenta parte de la verdad, y si no armamos todo el rompecabezas, pues no habrá un cierre del conflicto. El Tribunal está tomando el mismo camino que Justicia y Paz.
¿Qué pasó con Justicia y Paz?
Pues, hay más de treinta mil expedientes en Justicia y Paz, y de esos no pasan de los veinte condenados; el resto, ante tal magnitud de información, fueron quedando rezagados los testimonios de los principales líderes del paramilitarismo.
A propósito de esto, Salvatore Mancuso arribó a Colombia y el rompecabezas de la verdad se sigue completando. ¿Cómo evalúan la llegada?
Él trae su verdad, una verdad que fue extraditada para que no se conociera, pero se están empezando a conocer hechos.
Nosotros aseguramos que hay una coyuntura histórica muy importante en el país, y esta crisis de la JEP debe servirnos para hacer un pare y tomar la propuesta del presidente de una Paz Total y de un Acuerdo nacional para que hagamos un Acuerdo político, que esté fundamentado en la verdad, en el reconocimiento de responsabilidades de todos los que intervenimos en el conflicto de manera directa o indirecta.
El Estado debe y está en la obligación moral, política y jurídica a la luz del derecho internacional de posibilitar la paz y de nuestra reincorporación política. No se nos puede asesinar políticamente.
Por último, senador, ¿qué pasará con la paz en el país?
No va haber paz porque no depende de que siete individuos, que no significamos nada para este país, terminemos en La Picota, ¿qué solución daría eso?, pues ninguna, moriríamos en la cárcel y el Estado colombiano no estaría capacitado moral y jurídicamente para volver a firmar otro Acuerdo.
Yo le respondo al magistrado Roberto Vidal, quien salió después de la primera carta a decir que nos teníamos que someter, que no es así, no cojan ese camino, no se equivoquen.
Así que háganse a un lado y permitan un Acuerdo político que le estamos proponiendo al presidente Gustavo Petro y volvamos a crear un Tribunal de Cierre que no deje por fuera a nadie. Recuperemos el espíritu que animó la edificación de la Jurisdicción Especial para la Paz en esos Acuerdos firmados.
