lunes, abril 15, 2024
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Jóvenes a la U: el negocio de las Instituciones de Educación Superior Privadas

UAN Heidy Sánchez

A través de debate de control político demostramos cómo el programa “Jóvenes a la U”, del que tanto se ufana la alcaldesa Claudia López, no es otra cosa que una profundización del modelo neoliberal que, a nivel nacional, impera en la educación superior desde hace ya 30 años. Evidenciamos cómo este es un programa hecho en beneficio, principalmente, de las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas y, en consecuencia, resulta menos costo-eficiente que la inversión directa del Distrito en su universidad oficial: la Universidad Distrital (UD). Con tal de hacer visible esto, hicimos un contexto nacional de las consecuencias del modelo neoliberal para posteriormente ver su comportamiento en el Distrito, tal como se expone a continuación en este artículo.

  1. Neoliberalismo y educación superior en Colombia

El enfoque neoliberal en la educación superior en Colombia se impuso como norma desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y a través de la Ley 30 de 1992. Este tiene como principio limitar, acabar o enfocar lo estatal en función de fortalecer negocios privados. Es decir, procura convertir la educación en una mercancía o servicio público ofrecido por un empresario privado y consumido por la población de acuerdo con su nivel de ingreso (o capacidad de endeudamiento): el que no tiene no accede, o si tiene poco accede a una educación de baja calidad; al tiempo que la extingue como derecho, es decir, como un valor agregado a las personas garantizado por el Estado de manera integral, independientemente de sus ingresos: si fuese un derecho el objetivo sería que todos y todas puedan acceder.

Cuando desde la visión neoliberal se deja la educación no como un derecho sino como un servicio público, actores privados hacen negocio con ella provocando que acceder sea carísimo pues hay que pagar matrículas que incluyen la máxima rentabilidad que pueda imponer el dueño de la IES. Precisamente por esto es que se presentaron movilizaciones de los estudiantes de universidades privadas a finales del año pasado pidiendo congelamiento de las matrículas, y el Ministerio tuvo que intervenir en ese sentido. Pero en lugar de fomentar la educación como derecho, que es más barata (porque no persigue rentabilidad) y de mejor calidad, vigorizando la oferta estatal, los gobiernos neoliberales han hecho todo lo contrario.

Puntualmente, por medio del artículo 86 de la Ley 30, se ha determinado que el aporte del Estado a las universidades oficiales se actualice anualmente con el IPC. Es decir, solo se ha conservado el valor del dinero, tomando como base los presupuestos de 1993. Esto congeló los aportes del Estado, como si las universidades no se desarrollaran desde entonces. Por el contrario, el artículo 122 de la Ley 30 le permite a las IES privadas fijar el valor de las matrículas sin que exista un tope, desde que el incremento se justifique y se notifique al Estado.

1.1. Desarrollo de las universidades oficiales: menos presupuesto estatal

Acorde a lo expuesto, las universidades estatales crecieron desde 1993 hasta la actualidad, mientras que la participación del Estado en la financiación de estas disminuyó significativamente.

Nada más de 2004 a 2017 las 32 universidades oficiales (16 nacionales y 16 territoriales) tuvieron un crecimiento del 57,9% de estudiantes matriculados en pregrado y de 184,8% de estudiantes matriculados en posgrado, estamos hablando de un poco más de 240 mil estudiantes adicionales. En el mismo periodo, se incrementaron en 35% el número de programas de pregrado ofrecidos y 96% en posgrado, es decir, casi 1.200 programas nuevos. Y aunque esto demandó un mayor acompañamiento del Estado, por el contrario, todo se hizo con una participación estatal cada vez menor. En consecuencia, mientras los gastos incrementaron en promedio anual 9,6%, el IPC lo hizo a 3,76%. Así, el aporte del Estado promedio anual por estudiante pasó de un poco más de $12 millones en 1993 a un poco más de $5 millones en 2017.

¿Cómo solucionan esta situación las universidades oficiales? De dos formas:

  1. Buscando más recursos propios: cobro y aumento de matrículas y venta de otros servicios. Es decir, a partir de entrar en las lógicas del mercado por fuera de las lógicas de la educación como derecho.
  2. Las universidades tienen que ajustar recurrentemente sus presupuestos, desfinanciando inversiones con tal de poder cumplir con los gastos obligatorios como: contratación de personal, servicios públicos, impuestos y otros rubros de funcionamiento. Esto lleva a congelar plantas, vincular precariamente a profesores y trabajadores administrativos, a no hacer mantenimiento a la infraestructura, a laboratorios obsoletos, a deficiencias en TIC, entre otras, disminuyendo la calidad de la educación universitaria estatal.

Asfixia presupuestal y desmejoramiento de la calidad que podría ser peor si no fuera por la movilización de los estudiantes y la comunidad universitaria. El más reciente paro nacional estudiantil victorioso arrancó en 2018 $4.5 billones para la educación superior oficial.

1.2. Los recursos públicos se los llevan los actores privados

Por otro lado, el enfoque neoliberal idea estrategias para destinar los recursos públicos en función de favorecer a actores privados, en lugar de vigorizar la oferta oficial. En función de esto se crean programas con el objetivo de financiar o subsidiar la demanda, a través de los cuales se invierten los recursos del Estado en instancias como el ICETEX para que las familias se endeuden y puedan comprar la educación en el mercado educativo, pagando intereses bancarios; o se invierten para brindar becas por medio de las cuales se paga, principalmente, matrículas carísimas en IES privadas. De este modo, se crean las condiciones financieras para que las IES privadas puedan contar con una clientela fija y se desarrollen, mientras las universidades oficiales literalmente se caen a pedazos debido a su precaria financiación.

Muestra de esto es que, de 2002 a 2016, las transferencias de la Nación a las universidades oficiales hayan decrecido del 55,7% al 37%, dirigiéndose el resto del presupuesto estatal en educación superior a fortalecer los créditos del ICETEX o a la implementación de programas de crédito-beca como “Ser Pilo Paga” del gobierno de Juan Manuel Santos y, posteriormente, “Generación E” del gobierno de Iván Duque.

¿Quiénes ganan con este modelo neoliberal que cercena o manipula al Estado y el derecho a la educación para proyectar al privado con su negocio? Gana la banca con la administración de los dineros y los intereses pagados por los préstamos para que las personas estudien. Y ganan también las IES privadas a las cuales se les garantiza un mercado e, incluso, se les llega a financiar directamente con recursos públicos.

Hasta acá el repaso a la situación nacional. Ahora pasemos a analizar qué ha sucedido en Bogotá. Y adelantándonos a la conclusión: ha pasado lo mismo.

  1. Situación de Bogotá y evolución de la UD

Primero, hay que empezar diciendo que en Bogotá tenemos una tasa de tránsito inmediato a la educación superior del 48,2%, es decir, de cada 2 egresados de los colegios en el Distrito solo 1 ingresa a la educación superior, y la tasa de deserción es de alrededor del 50%, o sea, de quienes entran a la universidad solo la mitad termina sus estudios. En otros términos, se gradúan alrededor de 80 mil bachilleres al año, de los cuales solo 40 mil entran a la educación superior y solo 20 mil se gradúan.

Por otro lado, para el 2018, la matrícula en educación superior en la ciudad fue de casi 800 mil estudiantes de los cuales 113.229 pertenecían al SENA, 102.575 a las IES oficiales y 576.779 a las IES privadas. Es evidente la mayor oferta de educación privada respecto de la estatal. Claro, si la educación es un negocio, el capital invierte y abre en cualquier garaje una universidad o un instituto para formar en lo básico y obtener una alta rentabilidad. Pero concentrémonos en la UD que es la que depende de la ciudad.

Esta, aunque no ha sido ajena a la aplicación del modelo neoliberal que impera a nivel nacional, el hecho de estar principalmente bajo la responsabilidad del Distrito Capital la pone en una situación particular: Bogotá, que aporta el 26% del PIB nacional, es, además, el ente territorial que cuenta con más recursos propios en toda Colombia. Esta fortaleza presupuestal le permite una vigorosa inversión, independientemente de la Nación, y por ello ha tenido la posibilidad de asumir en buena medida el funcionamiento y desarrollo de la UD. Miremos en detalle la evolución de la Institución y la evolución de su financiación por parte del Estado.

Entre 2002 y 2017 la UD tuvo un crecimiento de alrededor del 100% en estudiantes matriculados, pasando de alrededor de 12 mil estudiantes a casi 25 mil. De 2017 a 2022 los programas de pregrado se incrementaron en un 12,1% (total de 46), de 2004 a 2017 pasó de 29 a 40 programas de posgrado y de 2017 a 2022 llegó a 45. Asimismo, entre 2004 y 2017 hubo un incremento de 571 profesores, manteniendo en el total casi igual la relación porcentual entre aquellos de vinculación especial y aquellos de planta, más o menos 70/30 respectivamente. En cuanto a calidad, la UD obtuvo la Acreditación Institucional de Alta Calidad en noviembre de 2016, la cual se renovó en diciembre de 2021 por un periodo de 8 años. Y, en infraestructura física, pasó de casi 50 mil m2 de área construida en 2004 a un poco más de 72 mil m2 en 2017 y a un poco más de 114 mil m2 en 2022.

En materia presupuestal, si bien la participación total del Estado ha tendido a crecer, la participación relativa de la Nación ha tendido a disminuir, esto compensado por el incremento del Distrito: en 1993 el Distrito y la Nación aportaban 50% y 15% respectivamente (65% en total) al presupuesto de la UD, mientras que en 2017 eran 72% y 10% (82% en total). Ahora bien, el total de gastos (funcionamiento + inversión) de 1994 a 2017 tuvo un crecimiento promedio anual de 17% mientras que el del IPC fue del 8%. Sin embargo, el aporte del Estado (Distrito + Nación) creció en promedio anual 17%. Con lo que se puede decir que el desarrollo de la UD se ha hecho con un acompañamiento permanente del Estado en su financiación, requiriendo cada vez menos recursos propios para soportarlo, solo alrededor del 20% de su presupuesto en los últimos años. Pareciera entonces que la UD escapara a las consecuencias más perversas de la política neoliberal.

Lo cierto es que su desarrollo ha sido financiado apenas a rajatabla por el Estado, aparentemente de manera no deficitaria, lo que ha sido posible gracias, no solo a la fortaleza fiscal del Distrito, sino a la movilización de su comunidad. No obstante, teniendo Bogotá una situación económica y fiscal positiva muy diferente a la de cualquier entidad territorial del país, y siendo la UD su responsabilidad, se hubiera podido hacer muchísimo más, cosa que no se ha hecho debido al enfoque neoliberal que sigue rigiendo también en la ciudad.

2.1. El freno y la desfinanciación a la UD

Este tipo de financiación a rajatabla realmente ha significado un freno al crecimiento de la UD, es decir, no le permite consolidarse como la apuesta estructurante en materia de educación superior para una ciudad y región democráticas. Esto es evidente en la medida en que, siendo la capital del país, Bogotá hoy no tiene la capacidad de satisfacer la demanda local en educación superior y está lejos de una política adecuada para conseguir una tasa de tránsito inmediato del 100%. En lugar de avanzar en ello desde los gobiernos distritales en articulación con la UD, lo que se ha hecho es financiarla a ras, colocando en el fondo un freno a su desarrollo, a pesar de que la Alcaldía preside su máximo órgano de dirección: el Consejo Superior Universitario (CSU).

Por ejemplo, en el presupuesto para 2023, las necesidades de funcionamiento e inversión se calcularon por parte del CSU en un poco más de $545 mil millones, pero el presupuesto ajustado a la realidad, con lo girado por el Estado, se tuvo que aprobar por alrededor de $429 mil millones, es decir, con un faltante de $116 mil millones. Algo similar pasó en 2022: a pesar de que el costo anual del plan de mantenimiento de las sedes de la UD alcanza los $23 mil millones, esta priorizó para dicho fin solo $19 mil millones al no disponer de más recursos dentro de lo suministrado por el Estado, lo que derivó en movilizaciones estudiantiles por el evidente deterioro físico de las sedes.

Pero el síntoma más notorio de la falta de inversión real en la UD es el que se hace visible con el hacinamiento que hoy se vive a su interior: actualmente cuenta con una relación de 3,8 m2 por estudiante, bajo la cual la Universidad reporta un déficit de 77.853 m2, medido con el estándar de 6,38 m2 por estudiante, definido como idóneo por la misma Institución.

Pero en lugar de que el Distrito atienda y refuerce la oferta oficial con los recursos estatales, ha optado por la misma orientación neoliberal que ha imperado a nivel nacional: invertir estos en modos de financiación a la demanda.

2.2. Enfoque neoliberal en el Distrito: los fondos de crédito-beca y “Jóvenes a la U”

Entre 2000 y 2020 la Secretaría de Educación Distrital (SED) invirtió más de $270 mil millones en 6 fondos de financiamiento para el acceso a la educación superior, todos en modalidad de crédito-beca, a excepción del Fondo de Universidades Públicas y del FODESEP. Dentro de esto, el que más recursos se llevó fue el Fondo de Educación Superior Todos (FEST) con casi $148 mil millones. Es decir, esto es la reproducción a escala distrital de Ser Pilo Paga o Generación E. Pero lo peor es que, por la administración de los recursos de cada uno de estos fondos, en este mismo periodo, el Distrito tuvo que pagar al ICETEX casi $12 mil millones. No encuentran cómo más gastarse la plata, antes que dársela a la UD para fortalecerla.

De esta forma, mientras en 2004 el presupuesto de la SED (inversión) fue de $612 mil millones y $210 millones fueron invertidos en educación superior (0,03%), en 2021 fue de alrededor de $4.6 billones, un poco más de $45 mil millones invertidos en educación superior (0,98%). Todos estos recursos, que pudieron destinarse a fortalecer la UD, fueron dirigidos a modalidades de crédito-beca, creando riesgo de endeudamiento a los beneficiarios, recursos que además generalmente van a parar a las arcas de las IES privadas y sus dueños.

Sin embargo, hay que decir que la apuesta más ambiciosa para desviar recursos públicos con tal de beneficiar IES privadas es de autoría de la actual administración distrital. Este es el denominado programa “Jóvenes a la U” a través del cual se quiere cumplir la meta del Plan de Desarrollo de crear, en un principio, 20 mil nuevos cupos en educación superior. Por medio de este se ha llevado el enfoque neoliberal a un nuevo nivel, sin precedente en la ciudad.

Cabe recordar que, para implementar “Jóvenes a la U» (o los 20 mil nuevos cupos), en el Plan de Desarrollo también se aprobó la creación de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA, que finalmente se concretó con la expedición del Decreto 273 de 2020. Esta Agencia ha venido asumiendo la implementación de todo el programa “Jóvenes a la U” desde la segunda convocatoria realizada en 2021-II. Pues bien, ATENEA se creó (decía en la exposición de motivos) con el propósito de manejar los recursos de la educación superior sin causar costos de administración como los que se venían pagando al ICETEX por los fondos, sin embargo, los pagos al ICETEX hoy continúan, mientras que ATENEA demandó un gasto para su creación de $90.6 millones y un presupuesto de funcionamiento de más de $7 mil millones en 2022 y de casi $11 mil millones en 2023.

Así, en adelante no solo se tendrá que pagar al ICETEX por los fondos, sino que también se deberá costear la burocracia de ATENEA. De nuevo, más gasto estatal en educación superior, pero no para fortalecer la UD. Peor aún, ahora pagamos por mantener una infraestructura institucional propia diseñada con el propósito de desviar el dinero público (que debería entrar a fortalecer a la UD), para que, a través de modalidades de beca o crédito-beca, este ingrese principalmente a IES privadas. Es decir, crearon una especie de ICETEX distrital. Ningún otro gobierno en Bogotá había avanzado tanto desde el punto de vista neoliberal. Ahondemos entonces en el funcionamiento del programa “Jóvenes a la U”.

2.3. “Jóvenes a la U”: más de lo mismo, pero con mayor escala

Este consiste en una serie de convocatorias realizadas por el Distrito, por medio de las cuales se seleccionan jóvenes bajo ciertos criterios dentro de las líneas con las que cuenta el Programa, con tal de cubrir al beneficiario el costo de matrícula en la IES en la que se vincula como estudiante activo, brindándole además un apoyo económico de sostenimiento: 1 SMLMV por semestre, esto en el periodo de tiempo de duración establecido para el respectivo programa académico al que haya ingresado. Por su parte, las IES incluidas en “Jóvenes a la U” participan voluntariamente y son vinculadas bajo criterios de idoneidad (calidad).

Ahora bien, en “Jóvenes a la U” hay un refinamiento de sus antecesores programas nacionales Ser Pilo Paga o Generación E, pues en su caso cuando un beneficiario entra a una institución estatal, a esta se le remunera el valor pactado con tal de cubrir el total de gastos operativos en los que incurre, mientras que si es en una institución privada esta debe cubrir el 30% del costo respectivo. En todo caso, el costo en una IES privada, como ya lo indiqué, siempre va a ser mayor porque incluye la ganancia del capital. Y, además, hay que tener en cuenta que, para las oficiales, los dineros que ingresan por “Jóvenes a la U” no entran a su base presupuestal, lo que los convierte en recursos transitorios. Debido a esto, “Jóvenes a la U” es un programa de gobierno y no una política de Estado, por lo mismo, sus impactos no son de largo plazo, sino que terminan una vez finalice la vigencia del programa y se agoten los recursos que involucra, con lo que se vuelve a la situación precaria inicial en términos de cobertura local o tasa de tránsito inmediato.

En otras palabras: si hoy se crean 20 mil cupos de educación superior por medio de “Jóvenes a la U”, apenas se termine el recurso y esos jóvenes se gradúen, estos 20 mil nuevos cupos dejan de existir para la ciudad y el Distrito vuelve a tener ese vacío. Pero lo más grave, más allá de los impactos coyunturales, es que esos 20 mil cupos se están creando malgastando los recursos públicos, en beneficio de las IES privadas. Para demostrar esto, revisemos las cifras de las 3 primeras convocatorias, que son las que la SED y ATENEA tienen totalmente corroboradas.

2.4. Los costos de Jóvenes a la U: las 3 primeras convocatorias

En la primera convocatoria participaron 33 IES, 6 oficiales y 27 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió casi $107 mil millones para 4.576 beneficiarios hasta su graduación, 53% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 49% de los beneficiarios, y 47% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 51% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar a la UD con la Universidad de los Andes, que son de igual idoneidad pues reportan Certificación institucional de alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $11.1 millones en los Andes y alrededor de $2.5 millones en la UD. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 4,3 jóvenes en la UD.

En la segunda convocatoria participaron 30 IES, 3 oficiales y 27 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió alrededor de $102 mil millones para 2.888 beneficiarios hasta su graduación, 87% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 84% de los beneficiarios, y 13% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 16% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la Universidad de los Andes, porque en esta convocatoria no participó la UD, al ser de igual idoneidad pues reportan Certificación institucional de alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $12.1 millones en los Andes y alrededor de $4.3 millones en la UPN. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2,8 jóvenes en la UPN.

En la tercera convocatoria participaron 43 IES, 7 oficiales y 36 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió más de $337 mil millones para 8.702 beneficiarios hasta su graduación, 54% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 63% de los beneficiarios, y 46% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 37% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar a la UD con la Universidad de los Andes, que son de igual idoneidad pues reportan Certificación institucional de alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $11.3 millones en los Andes y alrededor de $5.7 millones en la UD. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2 jóvenes en la UD.

De estas tres convocatorias se puede concluir que la inversión en lo público-estatal siempre es más costo-eficiente pues, además de ser de alta calidad, con la misma inversión se logra conseguir un mayor impacto, en este caso, más jóvenes que pueden ingresar a la educación superior. Lo otro a resaltar es que, con tal de cumplir con la meta que ya no son 20 mil nuevos cupos sino 45 mil por medio de “Jóvenes a la U”, lo que se ha hecho es involucrar principalmente nuevas IES privadas de baja calidad, tendencia que se repite con más fuerza en las convocatorias 4 y 5, con lo que la inversión pública resulta aún menos costo-eficiente porque es pagar educación cara pero ahora, además, buena parte de ella de baja calidad.

Si se mira en detalle esto, se puede notar que en la primera convocatoria había 3 criterios para clasificar las IES según su nivel de idoneidad: 1. Certificación institucional de alta calidad, 2. 18% o más de programas acreditados con alta calidad y 3. Programa técnico profesional o tecnológico con acreditación de alta calidad. Ya para la cuarta convocatoria los criterios se relajan y se colocan principalmente 2: 1. Cuenta con por lo menos un programa acreditado de alta calidad y 2. Cuenta con por lo menos un programa técnico profesional con antigüedad superior a cinco años. Esta estrategia de bajar los criterios de idoneidad con tal de poder vincular más IES privadas, pues las oficiales se destacan por su alta calidad, resultando que, para la primera convocatoria, había una diferencia entre la Universidad Nacional certificada como institución de alta calidad y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz que se vinculaba como institución con 18% o más de programas acreditados con alta calidad, y ya para la cuarta convocatoria quedan como de la misma calidad bajo el criterio: Cuenta con por lo menos un programa acreditado de alta calidad.

Es decir, el crecimiento del Programa en número de beneficiarios e IES vinculadas es inversamente proporcional a la calidad de la educación ofrecida, teniendo como principal beneficiario a las IES privadas con baja idoneidad.

Ahora miremos los resultados de conjunto de las primeras 3 convocatorias para seguir evidenciando las consecuencias perversas de esta política educativa neoliberal.

2.5. Balance general de las 3 primeras convocatorias

En las tres primeras convocatorias participaron 44 IES, 7 oficiales y 37 privadas. En total, recogiendo las tres convocatorias, ATENEA comprometió alrededor de $546 mil millones para 16.166 beneficiarios hasta su graduación, 60% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 63% de los beneficiarios, y 40% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 37% de los beneficiarios. Al comparar a la UD con la Universidad de los Andes, que son de igual idoneidad pues reportan Certificación institucional de alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $11.4 millones en los Andes y alrededor de $4.7 millones en la UD. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2,4 jóvenes en la UD.

Además, hay que tener en cuenta que, uno es el universo de beneficiarios y otro es el de los que realmente se matriculan. De este modo, el universo de beneficiarios para el semestre 2022-2, estando vigentes las 3 primeras convocatorias, fue de 16.166 beneficiarios, pero para este semestre solo se matricularon 12.054. Igualmente, no todos los que se matriculan terminan semestre, en el 2021-2 (convocatoria 1) no terminaron semestre 127 beneficiarios y en el semestre 2022-1 (convocatorias 1 y 2) no terminaron 56 beneficiarios, 183 en total, todos estudiantes de IES privadas. Realidad que empieza a alertar sobre una futura deserción del Programa.

Y, de los 16.166 beneficiarios, 71% están estudiando carreras profesionales universitarias, el 11,42% del total está en la UD (institución certificada de alta calidad), seguido por un 7,71% en la Universidad Antonio Nariño, que el programa califica como de igual idoneidad a la UD. Es decir, la UD se confirma como la más costo-eficiente, pero además con el mejor perfil para el aumento de cobertura en educación superior en Bogotá pues la mayoría de la demanda que ha captado el Programa ha ingresado a esta por encima de otras IES, sumado a que, en su gran mayoría, los beneficiarios ingresan a una carrera profesional universitaria.

En conclusión, en cualquier análisis que hagamos, fortalecer lo estatal y en específico a la UD es más costo-eficiente y resulta mejor que transferir recursos a las IES privadas. ¿Por qué entonces se insiste tanto en lo último? Porque el gobierno de Claudia López perfila casi todas sus políticas apegándose al dogma neoliberal: dedicar recursos públicos no al bienestar común sino a la ganancia privada, así esto resulte menos eficiente y la peor opción.

2.6. “Jóvenes a la U”: un programa en beneficio de los privados

Pero hagamos una comparación general de los dos caminos que se pueden tomar en la creación de por lo menos 40 mil nuevos cupos de educación superior, que es el déficit vigente en Bogotá, con tal de ver cuál es el menos costoso y el más efectivo para la ciudad. Primero miremos el camino neoliberal que es el que está ejecutando la administración distrital.

Para este, por medio de dos cupos de endeudamiento, en total la alcaldía apartó alrededor de $2.1 billones con tal de garantizar el sostenimiento de 55 mil beneficiarios y cubrir la matrícula de 48 mil nuevos cupos en educación superior, 45 mil a atenderse por medio de “Jóvenes a la U”.

Con las tres convocatorias se han comprometido alrededor de $546 mil millones para 16.166 beneficiarios hasta su graduación. 17% de los recursos provienen de los Fondos de Desarrollo Local y 83% provienen del crédito del Distrito. Con los dos cupos de endeudamiento el Distrito tiene disponible un poco más de $1.8 billones para matrícula de los beneficiarios (48 mil en total). Partiendo de estos cálculos, la matrícula de los 45 mil beneficiarios de “Jóvenes a la U” hasta su graduación valdría un poco más de $1.5 billones, lo que de entrada compromete en el mediano plazo el dinero para educación superior de los Fondos de Desarrollo Local. Manteniendo la tendencia de las primeras 3 convocatorias, el 60% de estos recursos se iría ineficientemente a pagar matrículas carísimas en IES privadas, es decir, más de $912 mil millones se invertirían de esta manera.

Y acá hay que mencionar otra perla del Programa. No contentos con este favorecimiento a las instituciones privadas en el pago de matrícula, resulta que, en el caso de los apoyos de sostenimiento, estos se ejecutan por medio de “Ingreso Mínimo Garantizado”, con lo que se le está pagando un reconocimiento a entidades financieras por la intermediación en los giros. Es decir, los bancos también se están lucrando con los recursos de la educación pública.

Las preguntas que surgen son:

¿Qué se podría haber realizado con todo este dinero si la apuesta hubiese sido fortalecer la UD?, ¿qué hubiese resultado más costo-eficiente para el Estado?, ¿qué hubiese generado mayor impacto y permanencia de los resultados? No sabemos. Nunca, siquiera, se contempló como alternativa ni se hizo un estudio para comparar las dos vías y justificar la política neoliberal que escogieron.

Pero hagamos un acercamiento a la opción que implica superar el neoliberalismo para optar por el fortalecimiento de la oferta estatal.

2.7. La necesaria alternativa: el camino de fortalecer la UD

La UD hoy cuenta con una matrícula de un poco más de 27 mil estudiantes (pregrado), lo que demandaría, para generar 40 mil cupos adicionales, un crecimiento del 148,1% de su presupuesto de funcionamiento, el cual para 2023 fue casi $398 mil millones. Es decir, se requeriría por lo menos alrededor de $589 mil millones adicionales en su base presupuestal. El principal beneficiario de dicho crecimiento serían las capas populares de la ciudad ya que la UD contribuye de manera determinante a su profesionalización, de este modo, el 17,2% de su comunidad pertenece al estrato 1, el 60,9% al estrato 2 y el 20,9% al estrato 3.

Pero además se requeriría de nueva infraestructura. Bajo el ideal de tener 6,38 m2 por estudiante, se necesitaría una Universidad con un total de 427.460 m2 de área construida. Hoy la UD cuenta con 114.676 m2, más 12.017 m2 adicionales derivados del proyecto El Ensueño de ampliación de la sede Tecnológica y 12.856 m2 adicionales a través del proyecto del nuevo edificio para la Facultad de ingeniería. Es decir, en el mediano plazo contará con 139.549 m2, faltándole 287.911 m2 para poder atender 67 mil estudiantes (pregrado) en condiciones óptimas.

Estos 287.911 m2 adicionales se podrían gestionar sin causar un costo directo al Distrito si, por ejemplo, se incluye su suelo y edificación como cargas para la ejecución de la actuación estratégica “Ciudadela educativa y del cuidado”, ubicada en Suba y proyectada desde el Decreto 555 de 2021, y no se deja esta para apropiación y usufructo exclusivo de actores privados como seguramente hoy se tiene pensado desde la visión neoliberal.

Como se ve, el camino de lo público-estatal es el menos costoso, con mayor alcance y el más perdurable. El neoliberal de la alcaldesa cuesta $1.8 billones para matrícula (48 mil beneficiarios) y $300 mil millones para sostenimiento (55 mil beneficiarios incluidos los 45 mil de “Jóvenes a la U”), en total 2.1 billones más los $9 mil millones promedio anual de funcionamiento de ATENEA. A lo que hay que añadir los recursos que se tienen que aportar desde los Fondos de Desarrollo Local. Por ende, es un gasto de más de $420 mil millones al año, si el programa durara 5 años.

Esta política, como lo demostramos, va a destinar casi que $1 billón de pesos a pagar matrículas carísimas en IES privadas, mayoritariamente de baja calidad, consolidándolas como un negocio rentable con una demanda asegurada, con lo que, en paralelo, también ganan las entidades financieras privadas que vienen intermediando los giros por sostenimiento. Pero lo más inconveniente es que estos posibles 45 mil cupos de “Jóvenes a la U” son de impacto coyuntural, es decir, apenas acabe el Programa en 2029 o 2030 con la graduación de los beneficiarios, dichos cupos desaparecen y la cobertura en educación superior vuelve a su situación precaria inicial.

Por el contrario, el camino del fortalecimiento de lo estatal, que es invertir en la UD, cuesta aumentar paulatinamente los aportes del Distrito a la base presupuestal de la Universidad en $589 mil millones adicionales y crear infraestructura nueva en parte por medio de cargas urbanísticas que se pueden incluir en la formulación de las actuaciones estratégicas previstas en el POT de la ciudad. Con esto crearíamos 40 mil nuevos cupos para completar 67 mil en total (incluyendo la oferta actual de la UD: 27 mil cupos), estos sin fecha de vencimiento, es decir, permanentes y como un logro de ciudad al aumentar su capacidad instalada de oferta en educación superior oficial, lo que seguramente beneficiará en mayor medida a los estratos 1, 2 y 3 de la capital.

Optar por este camino es dejar de fortalecer el negocio de los privados para garantizar el derecho desde el Estado, es combatir la pobreza con acciones contundentes y con logros permanentes para la ciudad. Es decir, es hacer todo lo contrario a lo que está haciendo la administración actual, pero es el enfoque que buscaremos que gane este año para conseguir un verdadero gobierno alternativo en la ciudad.

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