El espacio exterior, con sus riquezas y potencialidades, están también en disputa y tiene implicaciones jurídicas y sociales
Luis Miguel Jerez García
El espacio exterior, antaño dominio exclusivo de la imaginación humana, se ha convertido en un escenario de disputas políticas, económicas y legales. Cada vez que las potencias espaciales amplían sus actividades, surgen preguntas como ¿Quién tiene derecho al cosmos? y ¿Cómo debe gestionarse este “nuevo territorio”?
La Declaración de Bogotá
En 1967, las Naciones Unidas adoptaron el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, piedra angular del derecho espacial internacional. Este acuerdo establece que el espacio exterior, incluido la Luna y otros cuerpos celestes, debe ser patrimonio de toda la humanidad y no puede ser objeto de apropiación nacional, ni mediante ocupación ni por otros medios.
El Tratado busca evitar el “imperialismo espacial”, promoviendo el uso pacífico del espacio y asegurando beneficios compartidos. Sin embargo, como casi todos los actos y mandatos de la ONU, su alcance ha demostrado ser limitado frente a los avances tecnológicos y las ambiciones de las potencias espaciales.
En este contexto, la Declaración de Bogotá de 1976 marcó un hito al cuestionar la neutralidad del derecho espacial internacional. Representantes de ocho países situados a lo largo del Ecuador (Colombia, Brasil, Ecuador, Congo, Indonesia, Kenia, Uganda y Zaire) argumentaron: “El segmento de la órbita geoestacionaria que cruza sus territorios debería considerarse una extensión de su soberanía”. Según la declaración, «esta órbita es crucial para las telecomunicaciones, es un recurso “limitado” y, como tal, su explotación debería beneficiar directamente a los países subyacentes».
No obstante, esta propuesta no fue respaldada por la comunidad internacional, evidenciando el desequilibrio de poder en la regulación espacial. Las principales potencias espaciales, lideradas por Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces, rechazaron cualquier intento de soberanía nacional en el espacio. La falta de apoyo dejó a los países ecuatoriales sin capacidad para negociar un acceso más equitativo a los beneficios de la órbita geoestacionaria.
Exploración minero-espacial
La disputa por el control del espacio se rige por el interés económico. Según el informe de Morgan Stanley, la economía espacial global es de 1.1 billones de dólares. La órbita geoestacionaria, GEO, es fundamental en la economía espacial, por alojar satélites esenciales de telecomunicaciones, meteorología y observación terrestre.
No existen cifras exactas del movimiento económico, como producto de la utilización de la GEO. Los analistas consideran que una gran parte de la economía espacial proviene de allí; por lo que estas preguntas interesan: ¿Qué empresas y países ganan cuantiosas cifras en detrimento de los países ecuatoriales? ¿Qué posición debe tomar Colombia frente a la situación espacial actual?
En su discurso de posesión el 20 enero 2025, el presidente Trump anunció la intención de enviar misiones a Marte. Ha reforzado el compromiso de su administración, con ese propósito, nombrando a Elon Musk como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Doge (por su sigla en inglés). No es difícil proveer que la humanidad entra en una fase posmoderna de acumulación originaria de capital, con base en la exploración minero-espacial. La Nasa tiene planes para apoderarse del asteroide 16 Psyche, el cual contiene riquezas valoradas en 70.000 veces más que la economía mundial actual; calculada en 142 billones de dólares. El imperio va por todo y el resto de la humanidad recibirá migajas.
Derrotar el imperialismo espacial
La situación actual es aún más compleja. Empresas privadas como SpaceX y Blue Origin lideran iniciativas para explotar recursos extraterrestres, desde minerales en asteroides hasta proyectos de colonización lunar y planetaria.
Estas actividades, aunque legales según la interpretación dominante del Tratado de 1967, plantean preguntas éticas sobre el reparto justo de los beneficios del espacio. Además, la creciente militarización del espacio por parte de potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Unión Europea, sugiere un retorno al colonialismo, esta vez extraplanetario.
En este panorama, el debate sobre la Declaración de Bogotá de 1976 adquiere nueva relevancia. ¿Es posible imaginar un marco legal más equitativo reconociendo las contribuciones y necesidades de los países sin capacidad espacial?
Esta declaración debe interpretarse como el llamado a derrotar el imperialismo espacial. Es de aplaudir la coherencia que ha mantenido Colombia en ese sentido, al incluir en el artículo 101 de la Constitución de 1991: “el segmento de la órbita geoestacionaria” como parte de su territorio. La humanidad enfrenta la oportunidad única de evitar repetir los errores del pasado y construir un futuro, en que el cosmos sea realmente patrimonio de todos.
Como escribió Carl Sagan: “El cosmos nos llama hacia una expansión del espíritu”. Este llamado debe ir acompañado de justicia y colaboración global, o corremos el riesgo de reproducir en las estrellas las desigualdades terrestres si continuamos como simples espectadores.
