El aspirante de centro izquierda, Bernardo Arévalo, ha sido víctima de una conspiración de la derecha para cerrarle el camino en unas elecciones en las que se perfila como el candidato más opcionado
Ricardo Arenales
Los círculos de la más rancia burguesía guatemalteca armaron un complot para impedir que el candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, segundo en las elecciones primarias del mes de junio pasado, llegue a la segunda vuelta, el 20 de agosto próximo, donde se perfila como el más opcionado para ocupar la presidencia de ese país centroamericano.
Semilla es un partido anticorrupción, progresista, de orientación centro izquierdista, que ganó el segundo lugar en los comicios anteriores, enfrentado a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres, que le superó por escasos puntos porcentuales.
La plataforma centroizquierdista no constituye en sí misma un programa particularmente revolucionario o cosa que se le parezca; simplemente levanta unas banderas anticorrupción en un país profundamente corrupto, en el que varios expresidentes se han visto envueltos en negociados ilegales con recursos de las arcas del Estado.
El resultado de las urnas
Por esta circunstancia, la propuesta electoral que representa Bernardo Arévalo se ha convertido en un peligro para los intereses de los grupos de poder tradicionales, que hacen todo lo posible por detener su ascenso al poder político.
En un primer momento, los partidos de derecha, derrotados en la primera vuelta el 25 de junio, intentaron anular los comicios, exigiendo ante la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia la revisión de un importante número de actas electorales, que presentaban irregularidades.
El Tribunal Supremo Electoral accedió a la petición y el recuento no arrojó cambios significativos en los resultados, confirmando que la Unidad Nacional de la Esperanza y Semilla pasarán a segunda vuelta en la tercera semana de agosto.
Nuevas maniobras
La derecha se jugó otra carta y consiguió que el 12 de julio la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Feci, del Ministerio Público, dispusiera la suspensión de la personería jurídica de Semilla, por una supuesta falsificación de firmas y adhesiones ilegales en el proceso de inscripción del partido ante las autoridades electorales. Además, por la posible comisión del delito de lavado de activos.
Unos minutos después de que se oficializó la sanción, el Tribunal Supremo Electoral publicó los resultados de la primera vuelta, confirmando que Sandra Torres y Bernardo Arévalo competirán por la presidencia de la nación en segunda vuelta electoral.
Constitucionalistas advirtieron que la decisión del Ministerio Público es doblemente ilegal, primero porque ningún partido político puede ser suspendido mientras se esté adelantando un proceso electoral, tal como lo contempla la Constitución; y segundo, porque el juzgado que en última instancia tomó la decisión, no es autoridad competente para ello, pues esa facultad es potestad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral.
Posteriormente, la Corte Constitucional suspendió la orden judicial, amparando el derecho del pueblo guatemalteco a realizar sin impedimentos la nueva ronda electoral, pero confirió al Ministerio Público facultades para continuar las investigaciones contra Semilla.
Vientos de crisis
Esta ambigüedad legal provocó de inmediato una enorme tensión política en el país centroamericano. Los dos postulantes a la segunda vuelta produjeron una declaración, indicando que disputarán el balotaje siguiendo “su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto” frente a “cualquier intento de interferir” en las elecciones. La candidata Torres, adversaria de Arévalo, criticó las medidas contra el movimiento Semilla.
Varios observadores indicaron que la persecución judicial puesta en marcha contra el candidato de centro izquierda ponen riesgo el sistema democrático. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea celebró que se hubieran confirmado los resultados de la primera vuelta, pero condenó las medidas contra el partido opositor.
La Internacional Progresista denunció al fiscal que lanzó una campaña selectiva de guerra legal, que amenaza con poner fin al régimen democrático en Guatemala y llamó a todos los aliados de la democracia a defender el Estado de Derecho en ese país. Pronunciamientos similares provinieron del gobierno de los Estados Unidos, la ONU, la OEA y de varias organizaciones sociales guatemaltecas.
La población en general tampoco se quedó callada ante la crisis generada por la derecha corrupta y tras pequeñas demostraciones de protesta iniciales, se produjeron después grandes movilizaciones sociales los días 8, 13 14 y 15 de julio, que comprometieron a varias ciudades del país. Para el día 24 del mes anterior se produjo un paro nacional. Las protestas siguen creciendo.
