La Corte Constitucional estudia la posibilidad de declarar la figura jurídica a propósito de la permanente violencia en contra de líderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
La Corte Constitucional podría declarar el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, ante los persistentes asesinatos hacia líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. La decisión estaría basada en la ponencia que presentó el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, a quien le llegó nueve acciones de tutela presentadas por 18 personas defensoras de los derechos humanos.
De acuerdo con conceptos del alto tribunal en sentencia T–025 de 2004, el Estado de Cosas Inconstitucional es el incumplimiento, por parte de las autoridades administrativas, sobre las políticas públicas que hacen efectivo el respeto de los derechos fundamentales contenidos en la Carta Política, es decir, la inoperancia del Estado para cumplir la Constitución en la realidad material.
El reconocimiento
En este caso, se estudia la posibilidad del Estado de Cosas Inconstitucional por tres razones. La primera es la violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de los líderes y defensores de derechos humanos. La segunda es la violación generalizada por falta de cumplimiento de las autoridades, en este caso, la Unidad Nacional de Protección, UNP, ya que los esquemas de protección no tienen un enfoque diferencial, étnico racial, de género o territorial; la impunidad en las investigaciones por parte de la Fiscalía sobre los asesinatos; la vulnerabilidad de las familias y la colectividad cuando son amenazados los defensores de la comunidad, la precaria ayuda humanitaria que los entes encargados le facilitan, la estigmatización social de los cuales son víctimas y el desinterés del Estado frente a la situación. Finalmente, para las tutelas individuales se necesitan medidas generales.
Cabe agregar que, el reconocimiento del Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte es un llamado de atenciónara que las autoridades gubernamentales encargadas, diseñen y desarrollen políticas públicas en tiempos perentorios para dar solución a las violaciones de los derechos humanos que sufren las víctimas.
Ahora bien, si la declaración del ECI se llegará a concretar por parte del alto tribunal en relación con los derechos fundamentales a la vida e integridad física de los líderes sociales, se juntaría a varios casos de declaratorias en ese sentido, una de ellas es la crisis de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, reconocida por la Corte en el 2022; asimismo, en el 2004 la Corte declaró la existencia de un ECI sobre los desplazados; el río Atrato también fue declarado en ECI puesto que, existe contaminación ambiental como resultado de la minería ilegal; entre otros casos.
Sin embargo, no ha pasado nada. La Corte Constitucional ha dado ordenes a los gobiernos sobre las situaciones, pero como no son vinculantes estos no han hecho nada por solucionar los problemas. Se podría analizar desde diferentes perspectivas, por falta de voluntad política, de presupuesto o problemas estructurales del Estado, pero todos los puntos de vista arrojan una sola crítica, la figura del ECI se volvió bastante frecuente, pero inefectiva.
Líderes sociales
La muerte de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos es una noticia recurrente que se tiene desde hace años, más específicamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC–EP. La sistematización de violencia contra ellos cada vez es más profunda, puesto que, desde la firma del Acuerdo en 2016 se ha evidenciado los problemas sociales, económicos, políticos y de corrupción que vive la sociedad, visibilizados por las constante denuncias que hacen los líderes sociales.
Por tal razón, son estos mismos los que luchan, incansablemente, contra la impunidad de los asesinatos contra ellos. En el auto 501 del 11 de agosto de 2021, se expone los antecedentes de las tutelas que interpusieron los líderes sociales y defensores de los derechos humanos contra la Unidad Nacional de Protección.
Consecuentemente, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presentó ante la Sala Plena la ponencia que pone en consideración la determinación del Estado de Cosas Inconstitucional, con base a las denuncias de los defensores de derechos fundamentales.
VOZ habló con el defensor de los derechos humanos Sebastián Torres*, sobre su experiencia y la expectativa que tiene frente al estudio para la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional.
“Yo soy abogado y defensor de los derechos humanos, en mi ciudad de origen, ejercía la defensa de presos políticos, lo que me obligaba a visitar los centros carcelarios, inclusive a entrar en los batallones del ejército cuando se tenía conocimiento que había presos políticos detenidos allí”, comenta Sebastián y agrega, “en un listado de los paramilitares fui amenazado de muerte, además, esta intimidación se hizo efectiva porque mataron a un dirigente sindical que había en la misma lista. Me vi obligado a desplazarme a la ciudad de Bogotá”.
El defensor recuerda que estuvo obligado a abandonar a su familia, sus procesos judiciales, su identidad y cultura, sufriendo un desarraigo total.
“Llegar a una ciudad desconocida y sin ningún tipo de relación, con miedo, tal vez a ser alcanzado por esos actores armados del conflicto (…) vivía con desosiego, frente a mi actividad laboral me tocó comenzar de cero, sin ninguna ayuda del Estado, pasando penalidades, hambre, frío e indiferencia”, dice el abogado.
Las cifras
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en el primer semestre de 2023, van 98 líderes sociales asesinados, ocurriendo en Santander de Quilichao el último homicidio el 26 de julio contra Fredy Bomba Campo, líder indígena.
No obstante, la violencia sistemática viene acelerándose una vez se firmó el Acuerdo de Paz. Según Indepaz, desde noviembre de 2016 hasta julio de 2023, van 1.546 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados, lo que demuestra la falta de políticas públicas en materia de seguridad para proteger la vida e integridad física de los líderes por parte de las autoridades gubernamentales.
Para Sebastián, la situación de los lideres sociales y los defensores no ha cambiado, ya que los siguen asesinando de manera constante por la actividad que desarrollan en defensa de los derechos fundamentales y de grupos sociales vulnerables frente a los distintos actores del conflicto.
La esperanza
El asesinato sistemático y generalizado de lideres sociales y defensores de derechos humanos evidencia la negativa que tiene la clase dominanteara que las comunidades, a través de sus lideres sociales, alcancen una mejor calidad de vida, permitiendo salir de la violencia sistemática a la cual están sometidos.
Esta difícil situación ha llevado a que la Corte Constitucional, dentro de sus competencias, estudie la posibilidad de iniciar acciones públicas constitucionales a través de la declaratoria del ECI, y así poder superar la nefasta realidad que están sometidos los lideres sociales.
“La expectativa con el ECI es que el Estado colombiano a través de sus autoridades tome medidas gubernamentales que nos garanticen el respeto por la vida y poder ejercer nuestra actividad de defensores de los derechos humanos como una expresión de la democracia”, dice Torres.
Existe mucha expectativa para que el Gobierno nacional acate la orden de la Corte Constitucional sobre la dramática situación de los líderes sociales. Igualmente, aún si no se decretara el ECI, es necesario volver a poner en debate la creación de políticas públicas para proteger los derechos humanos fundamentales de los líderes sociales y defensores.
* El nombre del entrevistado fue cambiado por seguridad.