Los llamados urgentes de António Guterres, secretario general de la ONU, dejan ver que seguimos perdiendo tiempo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Podría interpretarse como un grito desesperado dada la inacción, principalmente del norte global
Sergio Salazar
@seansaga
El pasado 27 de julio, en rueda de prensa el secretario general de la ONU António Guterres alertó una vez más sobre las claras señales que se están presentando sobre los efectos devastadores del calentamiento global (inundaciones, incendios forestales, sequías, olas de calor terrestres y marinas), para hacer un llamado de urgencia a la acción climática global con un tono más fuerte en su discurso.
Guterres señaló que según los datos disponibles de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, y el Servicio Copernicus de la Comisión Europea se confirma que julio de 2023 será “el mes más caluroso jamás registrado”, con nuevos récords como el período de tres semanas con las mayores temperaturas registradas, así como los tres días más cálidos y las temperaturas oceánicas más altas para el mes respectivo, en toda la serie histórica observada, esperándose además que en los próximos años se sigan registrando récords.
Guterres también dijo que las consecuencias que se están presentando son “claras y trágicas” y son “totalmente consistentes con las repetidas predicciones y advertencias” dadas desde la ciencia, mencionando que “la única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es apenas el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado”.
El cambio de tono
El cambio en el tono discursivo de Guterres viene siendo cada vez más frecuente. Se puede interpretar como una forma de ir poniendo más acento en el desacople entre los ritmos de las evidencias y consecuencias del calentamiento global y las acciones (o inacción), para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, fundamentalmente por parte de los principales responsables: el norte global.
Hay que recordar que en la última cumbre de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27, Egipto) el secretario general de la ONU advertía que estábamos ya cerca de puntos de inflexión que podrían hacer irreversibles las nefastas consecuencias del calentamiento global, enfatizando que “estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador”.
Los recursos retóricos de Guterres dejan ver que seguimos perdiendo tiempo valioso en resolver un asunto crucial para la supervivencia en el planeta, como es el de la reducción de emisiones de GEI. Podría interpretarse también como un grito cada vez más desesperado de la principal autoridad de la ONU dada la inacción, principalmente del norte global.
La meta del Acuerdo de Paris de reducir las emisiones de GEI para evitar un calentamiento del planeta por encima de 1.5ºC, sobre lo observado en tiempos pre-industriales se hace cada vez más imposible. Como se vio este año, ya se ha sobrepasado puntualmente tal meta, y en los próximos años se espera que se sobrepase nuevamente.
Todo ello se debe al incumplimiento en la reducción de emisiones por parte de los mayores productores de GEI, los países del norte global, los cuales casualmente no cumplen tampoco con su compromiso de inyectar 100 mil millones de dólares al año a los países del sur global para apoyar iniciativas de mitigación/adaptación al cambio climático mediante el denominado Fondo Verde para el Clima.
El panorama latinoamericano y caribeño
De acuerdo con el último informe de la OMM El estado del clima en América Latina y el Caribe 2022, para la región hay una serie de evidencias que siguen mostrando una aceleración del cambio climático producido por los humanos y que se está generando un círculo vicioso de este en los crecientes impactos sobre la población en aspectos tales como: a menor capacidad de producción hidroeléctrica mayor uso de combustibles fósiles y, por ende, más emisiones de GEI; a mayores temperaturas y sequías meteorológicas más incendios forestales y mayores emisiones de GEI; a mayor deshielo en los glaciares más amenazas a los ecosistemas y a la seguridad hídrica, así como mayor probabilidad de aumento del deshielo por mayor capacidad de absorción de la radiación solar.
En el informe se resalta también que en los últimos 30 años, las temperaturas han aumentado un promedio de 0,2 ºC por década, siendo la tasa más alta desde que hay registros desde 1900; el nivel del mar siguió subiendo en el Atlántico Sur y el Atlántico Norte subtropical con tasas mayores a las del promedio mundial, lo cual puede tener efectos tales como contaminación de los acuíferos de agua dulce, erosión e inundaciones costeras; en 2022, eventos extremos como ciclones tropicales, lluvias e inundaciones, así como las sequías plurianuales, “provocaron pérdidas de vidas humanas y daños económicos multimillonarios”.
Para el caso colombiano, por ejemplo, las lluvias intensas de 2022, las cuales provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes súbitas se cerraron con un saldo fatal de 266 muertes y 646 mil personas afectadas en 864 municipios, obligando al Gobierno nacional a declarar situación de desastre nacional y a destinar una ayuda de 500 millones de dólares.
Tales efectos desastrosos en Colombia son recurrentes cada temporada invernal (incluso en temporada normal sin afectación del fenómeno de La Niña), lo cual llama la atención a que es necesario repensar la gestión del riesgo desde una mirada territorial de adaptación a los eventos extremos en el largo plazo y no la actual prevalencia reactiva a medidas post-desastre.
Herramientas jurídicas de orden nacional hay, por ejemplo, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, el acotamiento de rondas hídricas. Sin embargo, el problema parece más en una cuestión organizativa a nivel regional entre las competencias de las Autoridades Ambientales Regional y los municipios, además de la propia voluntad política.
La urgencia de un cambio
Nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles debe ser eliminada de manera acelerada. La denominada transición energética hacía energías renovables es una urgencia y un imperativo global, no obstante, se choca con la inercia del peso que tienen los hidrocarburos en la economía global, dependencia que sigue orientando las decisiones políticas salvo contadas excepciones como el caso colombiano.
A pesar de la resistencia de los grandes poderes económicos colombianos, el gobierno progresista del Pacto Histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro está dando pasos para dar alcance a dicha transición energética proponiendo soluciones viables que van a la raíz del problema, como el conocido decálogo propuesto en la COP27 en noviembre de 2022.
Hay que recordar que en dicha propuesta del gobierno colombiano se pone acento en que es necesaria una movilización global para enfrentar la crisis climática, se desvalorice y se deje de financiar la economía basada en hidrocarburos, llamando a la planificación pública, global y multilateral para avanzar a una economía descarbonizada, que supere la economía de mercado y la acumulación de capital y que se reconozca el rol que juega la Selva Amazónica en la lucha contra el cambio climático, así como el inicio de un programa de cambio de deuda exterior por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en el sur global.
En definitiva, como afirmó Guterres, “el nivel de ganancias de los combustibles fósiles, al igual que la inacción climática, es inaceptable” (…). “No más vacilaciones. No más excusas. No más esperar a que otros se muevan primero. Simplemente no hay más tiempo para eso”.
Ese ritmo acelerado solo lo pueden marcar las voluntades populares para decidir en cambios estructurales profundos en sus pueblos y transitar rápidamente a un escenario económico-político descarbonizado, en el que la solidaridad, justicia social y ambiental prevalezcan globalmente.
