Editorial VOZ 3173
Los militares “son una institución pública al servicio de la nación, no de un partido o una ideología como ha venido ocurriendo”, afirmó el presidente Petro. En realidad, más que una institución pública, son un poder que en Colombia históricamente han ejercido presión indebida a la institucionalidad civil y de gobierno.
Una mayoría de las fuerzas militares no están de acuerdo con el programa del Pacto Histórico, con el Plan Nacional de Desarrollo ya aprobado, ni con las reformas de salud, laboral y pensional ni con las políticas y decisiones que ha venido tomando el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, o sea, Gustavo Petro.
En Colombia, las Fuerzas Militares suman 293.200 efectivos, de los cuales 223.150 corresponden al Ejército Nacional, 56.400 a la Armada y 13.650 a la Fuerza Aérea. Si a ello aplicamos una media por núcleo familiar de cuatro personas por cada hogar de los militares activos, estamos hablando de un millón 200 mil personas, que en su gran mayoría diariamente hacen campaña contra el presidente y el gobierno del cambio.
No solo es una actitud ante su comandante supremo, es una militancia orgánica e ideológica contra el cambio, que incluye la agresiva campaña mediática y de redes como también la continuidad de convivencia y complicidad con el paramilitarismo. Además de varias estructuras de las fuerzas del Estado en contra de defensores de los derechos humanos, líderes y lideresas de las víctimas, y también persiguen a quiénes procuran la restitución de tierras y ambientalistas.
El golpe blando, no es una invención, está en pleno desarrollo. Su gran ventaja es que todo los hechos y acciones que ocurren contra el Gobierno nacional tienen una aureola de espontaneidad, de ser aislados y aparentemente democráticos. En el caso de los militares organizados contra el gobierno, el discurso de “salvar la patria”, el “honor” y la “dignidad de la nación” actúan como catalizador fascista de una oposición realmente criminal, desesperada por la orfandad del poder.
La movilización realizada por las reservas militares el 10 de mayo de 2023, muestra claramente la naturaleza reaccionaria de las reclamaciones de los militares. Es obvio que no salieron a marchar los militares activos, pero es claro que estas reservas, son voceras activas del pensamiento y sentir en el estamento castrense activo. Llama la atención que estas reclamaciones, no se dirijan a defender derechos individuales y colectivos de sus asociados como aumento de salarios o la mesada 14 de los pensionados, la cual, como es sabido, el presidente Petro no ha propuesto eliminar.
Las consignas de los militares se refirieron a la defensa de la Constitución y la ley, la separación de poderes, respeto a la fuerza pública, la libertad de expresión y el orden. En esencia, al igual que la senadora María Fernanda Cabal y la oposición más recalcitrante del uribismo, definen a Gustavo Petro como un dictador al que hay que derrocar. Es la lógica y el objetivo del fascismo criollo que impulsa el golpe blando.
En el trasfondo de la movilización militar, está la tensión entre el presidente y el jefe del ente acusador. Incluir la consigna de la “separación de poderes” es el espaldarazo al calculador y nefasto fiscal Francisco Barbosa. Y ¿militares luchando por la libertad de expresión? Es la defensa del periodismo manipulador y corrupto de Vicky Dávila, Néstor Morales y similares. Articulación, coordinación y discurso compartido por los varios frentes de francotiradores de la extrema derecha contra el gobierno de Gustavo Petro, Francia Márquez y las reformas.
No son inferencias, el coronel (R) John Marulanda, expresidente de la Acore, afirmó que en Colombia se están siguiendo los pasos de Perú, “defenestrar a un presidente corrupto (…) aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero (…), hablo como un miembro más de la reserva que, en sus funciones consuma con sus tareas”. Y sí que están cumpliendo la tarea reactiva. Parte de ello, es disputar la calle al movimiento social, cultural, político y alternativo.
El Gobierno a la vez que mantiene los derechos de los militares debe seguir profundizando la depuración cuidadosa y sistemática que ha venido desarrollando, pero esta debe ir más allá e iniciar un cambio en la formación hacia una doctrina humanista, recuperar el objetivo de la defensa de la soberanía nacional, tal como lo definió Simón Bolívar, que ponga en el centro el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que cambie los viejos procederes de la Justicia Penal Militar y la active como factor fundamental en la lucha contra la corrupción.
Colombia necesita unas Fuerzas Armadas legitimas de un país que cambia y recupera su dignidad colectiva y esto solo se logra con el pueblo protagonizando el cambio y la nueva democracia. Es el pueblo desposeído contra la burguesía en lucha por defender sus intereses. La lucha de clases. En esta batalla, Petro y Francia no están solos.
