A pesar de que el fallo contra la vicepresidenta se preveía en sentido condenatorio, causó un terremoto político. Sin embargo, el drama mayor que padecen los argentinos es la penosa situación económica debido, en primer lugar, a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional
Alberto Acevedo
La vicepresidenta y exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró el martes de la semana pasada, que el objetivo de los jueces que dictaron un fallo condenatorio en su contra por presunta asociación ilícita tenía el ‘objetivo’ de condenarla a toda costa, como en efecto ocurrió.
La exmandataria, abogada de profesión, estudió en detalle el manejo de la causa en su contra y se refirió a la existencia de una serie de arbitrariedades para buscar a toda costa la condena en su contra.
«Esto no es ni ‘lawfare’ (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales», dijo. Y añadió: «Lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido (propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia) financiado supuestamente por un multimedio», señaló Cristina en referencia al Grupo Clarín.
Gambito de dama
Adelantándose a las especulaciones sobre cuál sería su futuro político tras el fallo judicial, la vicepresidenta anunció que no será candidata “a nada”, ni a la presidencia de la república, ni al senado ni a ningún cargo de elección popular.
Reconoció la líder peronista que “el verdadero castigo (en caso de que se materialice la condena) no es la cárcel, sino la prohibición de ejercer cargos públicos”. Por eso “no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a ser maltratada en un periodo electoral con un candidato culpable”.
Pero como en la popular serie ‘Gambito de dama’, Cristina Fernández es una curtida jugadora de ajedrez político y en su tablero le han jaqueado el rey, pero aún no ha muerto. El monarca todavía tiene salidas, y muchas.
Apelaciones
Lo primero que se debe señalar en esta estrategia es que Cristina no va a ir a la cárcel. En su condición de vicepresidenta de la nación, tiene fuero hasta la finalización del actual mandato presidencial. Por lo tanto, no puede ser puesta en prisión, y de hecho sigue ejerciendo sus derechos políticos. Lo segundo es que puede apelar el fallo judicial, y de hecho, ya comenzaron las impugnaciones al veredicto, con un selecto grupo de abogados.
Otros fallos que se produzcan en el futuro, confirmando y desestimando la sentencia de primera instancia, son todos apelables, hasta una instancia superior, que es la Corte Suprema de Justicia, que dirá la última palabra. Y en ello pueden pasar varios años.
A pesar de que el fallo contra la vicepresidenta se venía venir en sentido condenatorio, y causó un terremoto político, el drama mayor que padecen los argentinos es la penosa situación económica debida, en primera instancia a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, que exige un ajuste social a cambio de mantener los préstamos onerosos; y en segundo lugar la errática gestión del gobierno peronista, liderado por Alberto Fernández. Lo irónico para Cristina es que el presidente llegó a ese cargo con el aval de la hoy vicepresidenta.
Pobreza
Para finales del tercer trimestre del año en curso, la pobreza era del 43.1 por ciento, frente al 42.4 por ciento del año pasado. Aunque la indigencia se redujo del 9 al 8.1 por ciento, disminución atribuida al incremento de algunos planes sociales. Un informe en este sentido, del Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina, UCA, dice que “estamos ante la tercera generación de pobres en el país”, atribuible al saqueo de las riquezas naturales por parte de corporaciones extranjeras y a la mala distribución de la riqueza por parte de la actual administración.
El Observatorio Social indica también que el 61.6 por ciento de los niños argentinos viven en situación de pobreza, con la carga emocional y física que una situación semejante impone para su desarrollo futuro. Es decir, concluye el informe, gran parte del pueblo del país austral se encuentra sometido y a la pobreza y la indigencia y a las imposiciones del FMI.
Es en este marco social en el que se produjo el fallo judicial contra la vicepresidenta del país. La opinión pública estará pendiente, por un lado, del manejo probatorio futuro de una causa que Cristina Fernández considera injusta y amañada. Pero de otra parte, de si la actual administración impondrá un giro dramático a su plataforma programática, atendiendo las demandas sociales de la población.
Los abogados de Cristina Fernández han hecho notar que la carga probatoria del proceso se caracterizó por su debilidad. Desde la acusación del Ministerio Público se insinuó una guerra jurídica de marcado accidento político, orientada a golpear el kirchnerismo en el poder.
