miércoles, julio 24, 2024
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Escoltas, sin seguridad laboral

Más de 11 mil trabajadores no cuentan con condiciones dignas de empleo. 9.500 de ellos, ni siquiera tienen estabilidad y sus labores no están catalogadas como de alto riesgo. Varios sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, afirman que esta entidad debe tener una reingeniería en muchos ámbitos

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

Aquel 2 de marzo de 2018, Claudia Patricia Salazar Barbosa afrontaba otra situación convulsa, como las que acostumbra en su labor de escolta. La multitud se agolpaba sobre la senadora que ella protegía para saludarla y hacerle fotos antes de que subiera a tarima, a dirigirse a la multitud que esperaba la alocución del aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, cuya caravana se acercaba.

“Ella se subió como en una matera para estar más alta y ver si el candidato ya venía. Nosotros nos subimos con ella y la rodeamos. En ese momento sonaron disparos y sentí un tiro, me miré y me toqué a ver si tenía sangre y dije, ‘No, no tengo sangre’. Fue adelante, al lado de la clavícula”, recuerda.

Rápidamente, con sus compañeros desenfundaron sus pistolas, subieron a la protegida a la camioneta y se retiraron del lugar. Luego, se dio cuenta que el disparo recibido había sido con una pistola traumática con balas de goma y que de no haber sido para ella le habría dado a la dirigente política. Las balas de verdad habían sido contra la camioneta de Petro.

El de Claudia es apenas uno de los cientos de sucesos similares, muchas veces con resultados letales, que deben enfrentar los miles de escoltas en todo el país, por el que no reciben condiciones laborales dignas y sus labores no están catalogadas como de alto riesgo.

Claudia Patricia Salazar trabaja para una empresa privada de seguridad que contrata sus servicios con la Unidad Nacional de Protección, UNP. Sus labores diarias inician muy temprano porque su protegida es una senadora muy madrugadora, y debe acompañarla a los lugares que necesite ir. “Cuando es en la ciudad, es como normalito y tranquilo. Cuando hay que viajar son horas y horas de carretera”, comenta esta trabajadora sindicalizada en el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad en Colombia, Sintrasecol.

Claudia Patricia Salazar Barbosa en servicio. Foto cortesía

Las jornadas

En los días normales -como los llama Claudia- su jornada laboral inicia a las seis de la mañana y culmina a las siete u ocho de la noche, cuando regresa a su hogar. Pero, en oportunidades: “Nos ha tocado estar hasta las 10 o más de la noche por fuera porque esa es la necesidad del servicio. Digamos, si tiene una reunión, una cena o lo que sea, nos toca estar ahí con ella. La mayor parte del tiempo trabajamos más de 12 horas”.

Vive con sus hijos de 16 y 13 años, que tiene que dejar al cuidado de una señora a quien debe pagarle. Su esposo también es escolta. “Cuando mis hijos eran pequeñitos me tocaba hacer maromas para poder cumplir en el trabajo y cumplir en la casa, con mi esposo teníamos que ver cómo hacíamos. A veces no veíamos a los niños, o con mi esposo pasaba un mes que no me veía”.

Para ella y los escoltas en general, no existen los fines de semana, son días normales de trabajo, a no ser que el protegido decida no citarlos o citarlos más tarde: “Pero cuando estamos en comisión por fuera de Bogotá es jornada completa”.

Para descansar, la empresa da unos compensatorios, sin embargo, no lo pueden tomar si el programa para el que trabajan no cuenta con relevantes que los reemplacen. Pues, “por cada seis escoltas fijos se necesita un compañero disponible para que haga los relevos de descansos, incapacidades, licencias a los fijos, son un respaldo del servicio”, explica John Monsalve, presidente de Sintrasecol, sindicato con mil afiliados.

Subdirección Especializada

Todo ese esfuerzo y sacrificio laboral con el alto riesgo que trae consigo, Claudia lo hace por un salario de cuatro millones de pesos, con un contrato obra labor, en el que deben pagar salud, pensión y ARL. “No tenemos vacaciones pagas ni cosas así… nada de eso”.

Por otra parte, Víctor Osorio, presidente del sindicato Memoria Viva, que cuenta con 620 afiliados, a quienes les han asesinado siete escoltas firmantes del Acuerdo de La Habana, por lo que tienen medidas cautelares por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que -asegura- la Subdirección Especializada no ha querido implementar, manifiesta que existen alrededor de 11 mil escoltas en la UNP, de los cuáles muy pocos son de planta: “De la planta, de los que venían del antiguo DAS no alcanzan a pasar de 350 y nosotros que estamos por libre nombramiento y remoción somos 1.180, es decir, que estaríamos hablando de menos de 1.500 hombres y mujeres de protección, y el resto son tercerizados”.

Es de anotar que la Subdirección Especializada fue creada a partir del Acuerdo de Paz, cuenta con alrededor de 130 personas en el área administrativa y 1.170 escoltas, de los cuales 1.100 son tercerizados. También la integran algunos otros trabajadores que no vienen del proceso de paz. Su principal función es brindar protección a los mismos excombatientes.

“En la Subdirección Especializada, los de planta tenemos un reconocimiento de gastos de viajes y desplazamientos por 14.5 días, que no tienen los compañeros y compañeras tercerizadas, ellos tienen hasta 10 días y no se les reconocen los gastos de desplazamiento como peajes o pasajes”, comenta Víctor.

John Monsalve aclara que los tercerizados que no hacen parte de esta Subdirección y que prestan sus servicios a la UNP son alrededor de 8.500, contratados por obra labor, forma que no debe darse en labores misionales de una entidad estatal.

La situación de inseguridad que desde hace décadas vive el país, hace que el trabajo de losescoltas sea de alto riesgo. Foto cortesía

Asimetría salarial

Para este dirigente sindical de los escoltas: “Desde que nació la UNP tiene problemas que no ha solucionado. Tiene 11 años de problemas. La tercerización que fue vista como una salida a la planta de personal se ha incrementado en el tiempo, hoy son 8.500 del programa general. Es una gran cantidad de tercerizados. La sola contratación de hombres y mujeres de protección, por solo seis meses para el programa general es de 517 mil millones de pesos. Además, de la cantidad de alquiler de vehículos y otros costos como auxilios, tiquetes, medios de comunicación y chalecos para los beneficiarios, están subcontratando y comprando los servicios a terceros”, anota Monsalve.

Para Alejandro Amor, secretario jurídico del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Escoltas, Vigilancia y Afines, Sintrasev, sindicato con 925 afiliados, la jornada laboral de los tercerizados no es como lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo: “Nosotros nos ganamos dos salarios mínimos, otros por decreto y de acuerdo con el grado en que estén se ganan un salario. Los compañeros de la Subdirección Especializada, dos millones 300”. Lo que demuestra la asimetría salarial en estos trabajadores, o cómo las mesadas varían de un programa a otro o de una empresa a otra, aunque desarrollando las mismas funciones.

Sobre la nivelación salarial, Juan Sebastián Barragán, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz, Sintrasepaz, cree que debe darse porque no le parece justo que los trabajadores tercerizados devenguen cuatro millones 400 mil pesos y los agentes escoltas, dos millones 300 mil.

Sobre el particular, Monsalve anota: “La diferencia de salarios entre los compañeros de planta de la Subdirección Especializada, los agentes de protección, es mayor porque a ellos no les reconocen el pago de horas extras. Así mismo, hay otras diferencias: a los trabajadores de la Subdirección, escoltas y los agentes de protección, como se les denomina en el resto de la entidad, no se les reconoce dotación, que consta de pantalón, zapatos y camisa, las condiciones son inferiores”.

Y Alejandro agrega: “El problema está en que a los tercerizados se les reconoce lo que está estipulado en la ley y a los de planta no. En dotación nos dan 546 mil pesos cada cuatro meses, ahora se incrementa a 876 mil y a ellos no les reconocen eso”.

Precariedad administrativa

Al igual que Monsalve, Alejandro Amor asegura que el problema de la UNP es de fondo y de vieja data. Comenta que luego de la desaparición del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, le dieron el manejo del programa de protección a la empresa Vise LTDA, que fue el primer tercerizado y lo manejó hasta finales de 2012.

“Después, repartieron el contrato a cuatro empresas que lo manejaron desde 2013 hasta mediados de 2016, y dividieron en uniones temporales, y ahora se ve que el país pasó de cinco a 11 zonas que ha provocado un problema porque antes teníamos la posibilidad de que, si en una zona de siete departamentos se acababa un esquema, esa unión temporal podía enviarnos a otro departamento donde ella estuviese prestando el servicio. Hoy no se puede porque prácticamente quedamos divididos de a dos o tres departamentos por cada empresa. Y, eso también afecta nuestra estabilidad laboral”, señala el dirigente de Sintrasev.

Amor complementa explicando que en 2014, el primer director de la UNP, Andrés Villamizar, hizo la compra de 2.500 pistolas Glock 40 y solo eran 4.300 escoltas tercerizados: “En su momento pensamos que se iba a dar la formalización porque él así lo decía y también que las armas eran para eso, pero no se dio. En 2017, se hace una reestructuración en la parte administrativa y operativa con la que ingresaron los firmantes del Acuerdo de Paz, y se crean condiciones nefastas con la contratación de libre nombramiento y remoción. La improvisación es tal que -según Amor- la entidad no cuenta con un programa para el pago de los salarios, se hace en Excel”.

Asimismo, Víctor Osorio agrega que en la Subdirección existe el acuerdo de vincular escoltas hombres y mujeres provenientes de la insurgencia, firmantes de paz, pero no se está cumpliendo, “se vincula al amigo, al familiar, al conocido y hoy por hoy cada vez tienen menos posibilidades los firmantes”.

Posibles soluciones

La ausencia de estabilidad laboral y que su profesión no sea catalogada como de alto riesgo son los principales problemas que identifican estos trabajadores. Foto J.C.H.

La salida a la problemática es similar a las de entidades estatales y empresas privadas; una dignificación que pasa por las formas de contratación, salarios dignos y libertades sindicales. Para el caso de la UNP urge la ampliación de la planta. No obstante: “No hay avances ni estudios para su ampliación. Nos decía el asesor de Talento Humano que para poder arrancar con eso hay que hacer unos estudios, para poder hacer los estudios hay que contratar una consultoría y eso puede llevar seis meses, después de contratada se nos pueden pasar otros nueve meses para que nos den el informe del estudio”, aclara Monsalve.

Sin embargo, los sindicatos y la nueva dirección de la entidad han tenido acercamientos. En la primera reunión se invitó al director de Función Pública, César Manrique, quien planteó las plantas temporales “y puso el ejemplo de la Alcaldía de Petro, cuando allí se abrieron esas plantas, pero cuando llegó Peñalosa echó a todo el mundo”, recordó Monsalve.

El planteamiento provocó mayor incertidumbre entre los escoltas porque no quieren contratos a término fijo, con menores garantías salariales y que en un cambio de Gobierno queden por fuera, sino que exigen estabilidad.

Y, para lograr las pretensiones, los sindicatos coinciden en que la entidad necesita una reingeniería que permita una contratación correspondiente con su misionalidad. Además, que tenga en cuenta ascensos y nivelación de salarios, entre otros aspectos.

Claudia Patricia Salazar cree que ella y sus compañeros deberían tener contrato indefinido con todas las prestaciones. Aunque existe la posibilidad que los pasen a una planta temporal, no le produce certidumbre porque sabe que tiene un término de culminación: “Eso es como si cambiáramos de operador. ¿Es mientras cuándo, mientras este gobierno? Han hablado hasta de reducir sueldo. Además, lo nuestro debe ser reconocido como un trabajo de alto riesgo”

Juan Sebastián Barragán hace énfasis en la pensión de alto riesgo, es decir, que se pensionen cotizando menos semanas y con menos edad. De la misma manera, que las ormas de contratación sean incluidas en la reforma laboral: “Esperamos que en los puntos que trae el Gobierno esté el fin de la tercerización laboral, que sería clave para que en la Unidad Nacional de Protección los cargos misionales sean asumidos por personal de planta, que traerá mejoras salariales y prestacionales y un paquete de bienestar.

“Y con respecto a la pensional, en este caso el reconocimiento de la pensión de alto riesgo, y que pueda sacarse adelante el proyecto de ley 086 que cursa en el Congreso de la República, y que le reconocería a los trabajadores que su ejercicio de salvaguardas de vida tenga un reconocimiento”.

La solicitud de pensión de alto riesgo no es más que la reivindicación que tenían los trabajadores del DAS, pero que sea para todos los escoltas del país con pensión a los 55 años y mil semanas de cotización.

De materializarse las reformas, se haría una reivindicación y se iniciaría a pagar la deuda que la sociedad tiene con los trabajadores, especialmente el Estado con los escoltas. No son peticiones del otro mundo, son apenas condiciones mínimas de estabilidad y condiciones dignas de trabajo, para que Claudia, Alejandro, John, Juan, Víctor y otros miles de ellos puedan tener vida digna, con salarios apropiados y tiempo de descanso y para sus familias.

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