¿En qué va el pacto por la seguridad humana?

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La seguridad por cuadrantes es una de las políticas que el programa del Pacto Histórico recomienda modificar. Foto Policía Nacional de Colombia

Es claro que la política de Defensa ha tenido cambios relevantes, algunos con alcances estratégicos que dejan entrever el carácter democrático del Gobierno nacional. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de la seguridad ciudadana y su principal cuerpo operacional, la Policía Nacional

Andrés Felipe Valencia

Parte fundamental del viraje en el gobierno del cambio ha tenido que ver con la nueva concepción de la política de seguridad y defensa, otrora estandarte de un modelo de Estado caduco que persiste como un statu quo que se resiste a reformarse y que se encontraba postrado dócilmente al capital, a las relaciones del mercado en función de unos pocos, a la concentración del poder y la riqueza social, y a la concepción de una política de seguridad a partir del control social desde el miedo al otro.

El gobierno del cambio por la vida, rompiendo con el temor de la izquierda y el progresismo de la coalición de gobierno, posicionó una idea de la seguridad no solo en torno a la paz política y rural, sino hacia la seguridad urbana, determinando como propósito la irrupción del paradigma de la seguridad humana, en la relación con el ciudadano, los derechos y la ampliación de la noción de seguridad hacia la justicia social, tal como se dio inicio con  algunos hitos de valor en la experiencia de la Bogotá Humana.

Pocos avances en seguridad urbana

Es claro que la política de Defensa ha tenido cambios relevantes, algunos con alcances estratégicos que dejan entrever el carácter democrático del Gobierno del Pacto Histórico, su prospectiva generacional y de parametrización desde los marcos del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, con decisiones en torno a la recuperación del liderazgo civil en la defensa del Estado, la baja de mandos de alta jerarquía en las fuerzas militares, la paz total y su perspectiva territorial y la desautorización de operativos militares donde se tuviere informaciones de la presencia de menores entre otros.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de la seguridad ciudadana y su principal cuerpo operacional la Policía Nacional. Pese a la proyección de algunas reformas en el uso de la fuerza, a la modificación de los parámetros disciplinarios y de las acciones de investigación interna, a los significantes cambios en el mando, a la primacía de la autoridad civil y a la armonización de algunas bases normativas que rigen a la institución en los marcos de los derechos humanos, aún no hay cambios en los principales instrumentos doctrinarios, técnicos y operacionales de los lineamientos que rigen a la seguridad urbana.

Ahora bien, la población ubicada en los sectores urbanos representa aproximadamente el 70% de la población. En este espectro particular, el manejo del factor subjetivo que compone la comprensión de la seguridad, y con ello la fuerza de la percepción de la seguridad en la fijación de políticas y el uso del miedo como factor de definición de posturas frente a las diversas formas de concebir un gobierno, un estado de cosas o una sociedad de los derechos, viene siendo sucesivamente objeto de moldeamiento, interpretación e inducción desde los constructores de opinión y los formuladores de políticas públicas que son dubitativos en los estándares clásicos de la seguridad ciudadana.

Percepción de inseguridad y propuesta humana

Es preciso analizar cómo en la encuesta de percepción del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, la muestra ciudadana determina preliminarmente la inexistencia de cambios sustanciales en la política de seguridad ciudadana, especialmente urbana, ya que por ejemplo el promedio de las personas que han sufrido algún delito se mantiene con el 80% en el hurto.

Es por esta razón que si bien la percepción como factor subjetivo de la seguridad es manipulable, en el factor objetivo, es decir, en el hecho real ocurrido expresado en un dato continuamente sistematizado, se mantiene el mismo promedio de la histórica política de seguridad ciudadana, razón por la cual cualquier propuesta de seguridad ciudadana urbana, desde un enfoque alternativo y trasformador, debe tener en cuenta que la coyuntura encuentra el mejor contexto y oportunidad de implementar las reformas en el momento del cambio:

1) La modificación de las relaciones urbanas, alrededor de una espacialidad de los derechos y el ser humano y al tratamiento de la nueva noción de seguridad humana desde la democracia avanzada. Y 2) A las posibilidades de transitar de una noción clásica de la seguridad ciudadana a “una seguridad humana”, entendiéndola como la garantía de la seguridad para todas las formas y modos de vida, en armonía con la existencia humana individual y colectivamente a saber, que esté definida en un ámbito de la existencia con dignidad, sin restringir las expectativas a futuro, con libertad, autonomía y ausencia de miedo. Es decir, que de fondo se requiere cambiar el paradigma operacional del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes.

Superar el viejo modelo de vigilancia

Es así como un gobierno alternativo y democrático del Pacto Histórico, como orientador del conjunto de las relaciones que se presentan en el Estado, debe promover no solo el imperativo ético en la idea del gran pacto por la vida digna, los derechos humanos y la paz de Colombia, desde el anuncio de seguridad humana y su ulterior ampliación con la justicia social, sino reevaluar la principal herramienta de la seguridad ciudadana y sus principales acicates, a saber:

1) La idea del cuadrante sin otras dimensiones de la espacialidad, ya sea por la comprensión de las relaciones de alto impacto socioeconómico, o ya sea por los derechos al mínimo vital. 2) La consideración de la organización del territorio a partir de los modos de vida, del agua y de la relación con la naturaleza. 3) La relación nueva de un servidor público fiel a un ciudadano, como sujeto de derechos y no solo como objeto de control social criminal.

Es decir, se necesita superar el viejo modelo de vigilancia para propugnar por un nuevo modelo de seguridad ciudadana, de carácter democrático y humanista, desde un nuevo modelo operacional por los derechos cuyo fundamento sea preventivo, interagencial y soportado técnicamente en análisis de los factores de riesgo comunitario, por fuera de la mirada segregacionista y estigmatizante a partir de un enfoque territorial de nuevo tipo, mixto cualitativo y cuantitativo de los derechos, que supere la visión reactiva y criminalizante de la vigilancia por cuadrantes.

Nuevo modelo operacional

El nuevo modelo operacional de la seguridad ciudadana debe estar basado en una nueva espacialidad en relación a ambientes protectores de derechos y en la implementación de medidas de prevención previa de garantía de derechos antes del hecho delictual, basado en análisis de riesgo y en medidas de mitigación del daño.

Así mismo, tendrá que tener en cuenta las afectaciones que presupongan un diagnóstico mínimo con relación a los presuntos victimarios, al hecho victimizante o generador de daños, a la víctima, a sus recursos y capacidades para el afrontamiento, a sus nociones y significados sobre la afectación y a las posibles revictimizaciones sufridas durante los procesos de exigibilidad de derechos posterior a la ocurrencia del hecho.

Además, que de cuenta de las potencialidades restaurativas de la compleja relación víctima–victimario, sin perder de vista que, frente a empresas criminales o grupos delincuenciales especializados, se requieren otros factores de la política de seguridad y de cuerpos especializados de investigación e inteligencia para el desmantelamiento de estructuras criminales con énfasis en los modelos de control territorial y de las rentas legales e ilegales.

Finalmente, que tenga como premisa el juicio de proporcionalidad entre los bienes constitucionales que se busca proteger y cuáles pueden afectarse con el desarrollo operacional de la política de seguridad, de acuerdo al programa del Pacto Histórico y a los estándares internacionales de uso de la fuerza y de los derechos humanos.