A propósito de los hechos denunciados en Bogotá, se abre una discusión acerca de la utilización de estos sitios para esconder víctimas de la represión estatal. En otras partes del país, se ha exigido protección de los camposantos para construir la verdad posconflicto
Carolina Tejada
El pasado 15 de enero, el medio digital Cambio Colombia denunció un caso en el que se verían involucrados varios funcionarios del Distrito Capital en hechos de corrupción en los que, según el entrevistado Sergio Venegas, ex director comercial de Jardines de Luz y Paz, se pagaron sobornos de 1.500 millones de pesos con el fin de garantizar un contrato por 41.300 millones a un consorcio, para administrar los cuatro cementerios púbicos de la ciudad: el Cementerio Central, el Cementerio de Chapinero, el Cementerio del Sur y el Serafín, ubicado en Ciudad Bolívar.
Además de señalar al contratista Eder Parada, estaría involucrada la hoy ex directora de la UAESP, a quién le habrían entregado 1.050 millones. La UAESP, es la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, dirigida por la Alcaldía Mayor de Bogotá encargada, entre otras responsabilidades, de revisar que los contratos y la prestación de servicios de los cementerios se cumplan. Según Venegas: «Los cementerios distritales pueden recaudar ingresos de hasta 400 millones de pesos diarios. El 90 por ciento va a parar a las manos del operador».
Venegas también señaló a un general e integrantes de la fuerza pública de estar involucrados en la incineración, con la intención de su desaparición, de los cuerpos de jóvenes que habrían sido asesinados en el marco del Paro Nacional, en los hornos crematorios de uno de los cementerios del sur de la ciudad.
Las reacciones
Una de las reacciones fue la del concejal del Partido Verde, Diego Cancino, quién por un lado llamó a las instituciones del Estado a investigar las denuncias relacionadas con actos de corrupción en los que se ven involucrados funcionarios públicos, operarios y contratistas. Para el concejal, los recursos públicos son sagrados y exigió no solo un pronunciamiento de la alcaldesa Claudia López, sino, además, la renuncia de la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho. La funcionaria renunció luego de las denuncias el 16 de enero.
Por otro lado, pidió la investigación de las denuncias relacionadas con la desaparición de cuerpos, vía incineración: “Es el horror tomándose la ciudad. Acá se han profanado tumbas, se han quemado cuerpos, cuerpos que al parecer hacen parte de los desaparecidos del 2021 y quizás del 9 y 11 de septiembre del 2020. Lo que dice es gravísimo porque esos cuerpos fueron desaparecidos y quizá fueron víctimas de tortura y fueron enterrados o quemados en el cementerio”.
Lo más grave, asegura el concejal, es que se trata de una institución del Estado la que genera graves situaciones de violación de derechos humanos. “Ya no solo se usa Transmilenio para torturar, sino el Cementerio Central parece que se usa para quemar y desaparecer cuerpos de muchachos”.
Y no es para menos, los hechos de desaparición forzada en el país no son nuevos. Esta grave violación a los derechos humanos se ha aplicado por parte de las agrupaciones armadas regulares; Policía y Ejército Nacional, así como por los grupos irregulares: paramilitares, guerrilla, entre otros, por décadas en el marco del conflicto interno colombiano.
Muchas han sido las prácticas relacionadas con la desaparición, entre esas, las casas de pique, o los hornos crematorios que particularmente en Villa del Rosario en Norte de Santander, los paramilitares construyeron en 2001 y que funcionó hasta 2003 para incinerar los cadáveres de más de 200 víctimas, hasta ahora denunciadas.
Medidas cautelares para los cementerios
Lucía Osorno, hermana de una de las víctimas de desaparición forzada y quién hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Bogotá, expresó a VOZ: “Lo que se ha denunciado con los cementerios, sí ha sido una práctica sistemática del Estado, que se ha impulsado desde la época de Hitler, que se tecnificó desde la Escuela de las Américas y pues aquí en Colombia, a partir del Estatuto de Seguridad. Con el caso particular de Omaira Montoya se empieza a simbolizar la desaparición y en el 2012 se tipifica la desaparición en el país”.
En el contexto del Paro Nacional existe un caso particular; el del joven de 17 años Duván Felipe Barros, quien fue reportado como desaparecido desde el 5 de junio y quién según denuncias lo sacaron muerto del Portal de la Resistencia. Durante un mes estuvieron preguntando por él y al mes apareció en Medicina Legal, gracias a la presión de la ciudadanía.
Para la defensora, en su experiencia de búsqueda, particularmente de su hermano, en los cementerios de la ciudad sí deben existir desaparecidos. “Ninguna de las víctimas creíamos que en el lugar en donde podríamos encontrar a las víctimas era en los cementerios. Y lo que está demostrando Bogotá es que, en los cuatro cementerios, como el del sur, existen más de 2.000 cuerpos no identificados, que incluso se ha dicho que son cuerpos que vienen de otros lugares del país. ¿Cómo llegaron ahí?”. Lo cierto, asegura ella, “es que los cementerios en Colombia sí han sido un campo para la desaparición forzada”.
En el país, gracias a la denuncia de la población, existen varios cementerios con medidas cautelares otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el fin de garantizar la protección de los cuerpos que han sido dejados o enterrados allí sin ser identificados, NN, y que pueden corresponder a desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado interno.
Para César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, COFB: “En los cementerios de Colombia está enterrada la verdad de la desaparición forzada y solicitamos que se custodien».
Y, en un comunicado la organización expresó su preocupación, frente la situación reportada y “a la situación que atraviesan en su administración, seguridad, manejo y custodia de cuerpos, especialmente de aquellos que se presumen inhumados como No Identificados, nos preocupa el manejo de cuerpos sin identificar, lo cual puede agravar la situación de desaparición forzada incluso en el contexto del Paro Nacional de 2021, que según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos existe la denuncia de 379 personas reportadas como desaparecidas”.
Por su parte la alcaldesa Claudia López, no reconoce la existencia de personas desaparecidas en el marco del Paro Nacional y aseguró que lo que sí hubo fue “hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran”, así mismo denunció al contratista que sacó a la luz el caso.
El COFB insta a las entidades distritales a que avancen hacia la identificación y custodia de los cuerpos inhumados en los cuatro cementerios, se garantice la exhumación, identificación, búsqueda de sus familiares y entrega digna de los cuerpos, entre otros. Por su parte, la bancada de Colombia Humana – Unión Patriótica el 16 de enero radicó ante la Fiscalía una solicitud para exigir una comisión de investigación especial para esclarecer las denuncias de la presunta desaparición de cadáveres en los hornos crematorios del Distrito.
El llamado desde las víctimas es a que se conozca la verdad, que se investigue la relación de la fuerza pública con estas denuncias y, como expresa Lucía Osorno, “queremos es que pare la desaparición forzada”.
