martes, marzo 19, 2024
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El X Congreso del Partido Comunista

Grupo de Investigación Histórica

Tras el IX Congreso, el país se comenzaba a sumir en una nueva ola de violencia, mientras que el régimen del Frente Nacional endurecía la persecución contra las organizaciones sociales y limitaba más las libertades civiles. Y no era para menos, pues las élites políticas y la burguesía colombianas habían aceptado de buena gana la política contrainsurgente promovida por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.

Esta se basaba en la doctrina de seguridad nacional, que tenía como noción central la idea del enemigo interno: cualquier civil descontento, que alzara su voz de oposición, era una amenaza potencial, pues sus acciones podían estar incitadas por el comunismo internacional. Y para enero de 1966, cuando se convocó el X Congreso, había surgido un movimiento armado en varias zonas de colonización campesina como respuesta la violencia oficial.

Descomposición de la democracia

El Frente Nacional se había iniciado en 1958 con el liberal Alberto Lleras, quien prometió superar la violencia y quien inició un intento particular de reforma agraria. Sin embargo, la violencia se mantuvo activa. Muchos de los excombatientes que se habían acogido a la amnistía fueron víctimas de violencia y persecución de fuerzas para-estatales, a la vez que los colonos no veían reflejadas en la realidad lo prometido en 1958.

En 1962 llegó a la presidencia el conservador Guillermo León Valencia, quien endureció el ya limitado régimen de democracia restringida. Desató la persecución contra las organizaciones populares, incluido al Partido Comunista, que vio cómo las autoridades cerraban su periódico Voz de la Democracia, y declaró el estado de sitio para frenar las luchas del movimiento estudiantil.

Pero su acción más significativa tuvo que ver con la agresión militar a las zonas de colonización campesina en el centro del país. Los territorios donde los colonos campesinos exigían propiedad sobre la tierra mientras mantenían sus organizaciones de autodefensa, fueron designadas como “republiquetas independientes” por Álvaro Gómez Hurtado, quien argumentó que estas amenazaban la soberanía nacional y la integridad del territorio colombiano. Por eso instigó desde el Senado un desmedido ataque contra la población de estos territorios, el cual fue decretado por el presidente Valencia en mayo de 1964.

Tan pronto como Gómez inició su beligerante campaña, el PCC comenzó a denunciar la operación militar y sus implicaciones para la paz. Los comunistas intentaron evitar el ataque a las llamadas “republiquetas” con actos públicos e incluso movilizando la solidaridad internacional de destacados intelectuales. Sin embargo, la política contrainsurgente, inspirada por el Pentágono, imperó sobre la paz. Los colonos fueron capaces de evadir el cerco militar, y luego de escapar, como respuesta a la violencia oficial, conformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Un nuevo Congreso en la legalidad

A pesar de la falta de garantías y la reducción de las libertades civiles, el Partido preparó activamente un nuevo Congreso. El X Congreso fue convocado para enero de 1966, y fue antecedido por 25 conferencias regionales, 10 zonales y un pleno de la JUCO, además de la publicación de siete tribunas de discusión sobre los documentos del máximo evento.

El X Congreso reafirmó el apoyo del PCC tanto a los principios de la Declaración Final del Encuentro de los 81 Partidos Comunistas y Obreros de 1960 como a los de la Declaración de la Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros de América Latina de 1964.

Esto significaba que el Partido se mantenía por la coexistencia pacífica entre los diferentes sistemas, la lucha por la paz, el apoyo a las luchas de liberación nacional y la liquidación del colonialismo, y la crítica al culto a la personalidad. Siguiendo estos planteamientos, el X Congreso mantuvo su rechazo a las posiciones chinas, que denunciaba como una acción fraccionalista que alimentaba el anticomunismo y la agresividad del imperialismo norteamericano.

Con respecto a la situación nacional, el Congreso señaló el rol predominante en los sectores dominados por el capital financiero norteamericano. Esa penetración imperialista llevaba el aumento acelerado del empobrecimiento absoluto de las masas populares, y a la ruina de los sectores pequeños y medianos de la industria nacional, todo ello en el marco de la “Alianza para el Progreso”.

Este proyecto se trataba de una política engañosa para asegurar la dominación del imperialismo yanqui tanto en lo económico como en lo político, y que buscaba ahondar la desigualdad basándose en un discurso como la “reforma social agraria”, la cual se ha limitado a la compraventa de tierras que favorecen a terratenientes. Por eso, el Congreso destacó la importancia de la lucha de clases y de elevar la lucha de liberación nacional hacia etapas superiores, con la constitución de un frente patriótico, pues la burguesía, aliada del capital extranjero, nunca adelantaría una defensa de la soberanía.

Estas políticas, señaló el Congreso, eran impuestas en medio de una fuerte represión contra el movimiento popular, en medio de la elevación del costo de la vida. Se acompañaban de la baja del salario real, el aumento de la desocupación y en los ritmos más intensos de las jornadas de trabajo. A su vez, la situación del campesinado empeoraba, lo que llevaría a la ruina a muchos pequeños industriales, comerciantes y artesanos que se verían afectados por estas tendencias antinacionales y antipopulares.

Por la lucha de masas

El X Congreso sesionó bajo la consigna de combinar todas las formas de lucha de masas y construir la unidad para avanzar hacia la revolución. Esto significaba que el PCC reconocía que las clases populares en nuestro país, según las circunstancias regionales y sus condiciones concretas, desarrollaban formas de lucha específicas, y que por tanto no se trataba de imponer formas de acción a las masas.

Así pues, el Partido reconocía el desarrollo del movimiento guerrillero –que era una respuesta a la política de violencia del régimen oligárquico, para impedir la destrucción de sus organizaciones–, pero señalaba que la guerra campesina de guerrillas solo se consolidaba y avanzaba en las zonas donde tenía un carácter masivo.

El X Congreso hizo un llamado a estimular las luchas de las masas trabajadoras, por la defensa del nivel de vida del pueblo y a profundizar las luchas reivindicativas, mientras se fortalecía la unidad de acción de la clase obrera organizada.

El trabajo de masas debía orientarse a estimular las consignas por mejoras salariales y prestaciones sociales, por un salario mínimo suficiente en el campo, por las jornadas agrarias de ocho horas, contra la política tributaria que grave el consumo del pueblo, por la inmediata entrega de tierras adecuadas a los campesinos trabajadores, contra el cierre de fábricas y por el control obrero de las mismas, contra el monopolio urbano de la tierra, y por soluciones efectivas al problema de la vivienda y por la nacionalización del petróleo y demás riquezas naturales.

Estas consignas no eran más que el reconocimiento del nuevo programa político que adoptó el X Congreso, y que se elaboró después de un estudio pormenorizado de la realidad nacional. Este programa por la construcción del socialismo, se basaba en la exigencia de la reforma agraria y urbana, el desarrollo económico independiente y la construcción de una verdadera democracia.

Este programa se daba al Partido no solo para guiar su acción, sino para impulsar el crecimiento, pues el Congreso insistió en la necesidad de ampliar la organización entre los núcleos de obreros en las ciudades y el campo.

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