El reto para el gobierno del cambio es fortalecer el sistema de cuidado para los adultos mayores, en la perspectiva de reconocerlos como personas sujetas de derechos donde cobra relevancia el enfoque diferencial, de género e interseccional
Inés Mujica y Marta Arenas
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, Celade, división de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, indica que “la población de 60 años y más será exponencialmente mayor hacia el año 2025, cuando se podría pasar de 43 millones a 100,5 millones de personas”.
El estudio también señala que el aumento de la proporción de personas mayores es cada vez más significativo en los países de América Latina y el Caribe: “Para el 2025 porcentualmente la población de 60 años o más se espera esté cercana al 15% y proyecta que para 2050 las personas de este rango de edad representarán aproximadamente el 24% de la población, de tal manera que una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más”. (CEPAL, 2009).
En estas mismas proyecciones, la Cepal ubica a Colombia entre otros países de la región (Guayana Francesa, Costa Rica y la República Bolivariana de Venezuela) que presentaran un incremento superior al 4% de la población de 60 años y más, o lo que conocemos para nuestro contexto, como adultos y adultas mayores.
Feminización de la vejez
Lo anterior es importante resaltarlo una vez que soporta los enunciados que hacen parte del presente artículo, entre los cuales se encuentra, que hay un predominio femenino directamente relacionado con el proceso acelerado de envejecimiento de la sociedad, hablando en términos demográficos y según las expectativas de vida. Una vez que del porcentaje de la población adulta mayor o en edad de 60 años y más, también los estudios señalan, son mujeres.
Dicha longevidad no significa que vivan su vejez en mejores condiciones. Por el contrario, hay problemas que se agudizan en esta etapa, derivados de desigualdades estructurales de género vividas a lo largo de la vida, como lo señala el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México, 2021.
En este sentido, cobra relevancia hablar hoy de la “feminización de la vejez” entendida como un fenómeno consistente en señalar la relación diferencial entre la esperanza de vida de hombres y mujeres, donde las mujeres viven más años que los hombres, entre otras cosas, según expertos, por genes, hormonas y hábitos diferenciales.
Esta situación se agudiza en el proceso de envejecimiento, entendido como un “proceso multidimensional, gradual de los seres humanos, que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; que inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte” (Fernández, 2000).
La brecha de desigualdad
Ante el panorama planteado, la pregunta que salta a la vista es, ¿están dadas las condiciones para que la población envejecida y por envejecer, tenga las garantías para que el proceso se desarrolle en condiciones de dignidad?
Resaltando que somos una población cada vez más envejecida y con pocas garantías para vivir en condiciones de dignidad, donde las mujeres, como históricamente se ha señalado, llevan la peor parte, producto de las desigualdades latentes entre hombres y mujeres, por diversos factores, entre los cuales cabe resaltar, la brecha histórica de pobreza multidimensional y exclusión en la que han vivido las mujeres, y nuestro contexto, exacerbado por los impactos diferenciales de la guerra en la vida de las mujeres, dado que la violencia en sus múltiples dimensiones y expresiones “agrava y perpetúa la brecha de desigualdad” (Marín, 2014).
Por otro lado, por la multiplicidad de la carga del cuidado que recae en las mujeres y en ocasiones, en las mujeres adultas mayores, producto entre otras situaciones, de las dinámicas familiares, económicas, sociales y culturales, como en el caso de las abuelas cuidadoras, por citar un ejemplo, pero también por los ingresos económicos diferenciales, dado que las mujeres por lo general tienen una remuneración más baja, que la sitúa en una condición de desventaja y de mayor vulnerabilidad con relación a los hombres y en sus entornos familiares.
Sumado a lo anterior, en las mujeres recaen con mayor intensidad los estigmas de la vejez que en los hombres, existen barreras de género para el acceso a la pensión, según un reciente estudio de la Universidad de los Andes: “A noviembre de 2021 de 7,5 millones de personas con edad para retirarse, solo 16 % estaba recibiendo pensión”. El tema es aún más preocupante cuando se revisa la brecha de género: de las personas con edad para retirarse, “solo el 12,1 % de las mujeres pueden acceder a una jubilación, frente a un 22,5 % de los hombres. Una diferencia porcentual de 10,4 puntos”, lo que hace que las condiciones sean aún más precarias para las mujeres.
Según el Dane, la situación se complejiza al evaluar la realidad de las mujeres en las zonas rurales, donde ocupan una menor proporción en comparación a los hombres. Es decir, del total de población, son las menos ocupadas laboralmente y las que menos acceden a una pensión, siendo las que más horas trabajan y las que menos remuneración reciben.
Sistema de cuidado
Dicho panorama se hace más grave cuando se trata de la población mayor de 60 años y más. Una vez que, a lo anterior, se suman las condiciones de soledad y desamparo en que viven las mujeres adultas mayores ante la falta de cuidado por parte de los entornos familiares, que se tornan, en ocasiones, escenarios de violencia física, económica y psicológica producto del maltrato.
A esto se le suma la inequidad existente en el sistema de salud, cuyos impactos siguen recayendo en la población más pobre y entre ella la población rural, lo que exige de un sistema de salud que contemple un enfoque de género, diferencial e interseccional, en el entendiendo de que “las características biológicas propias de cada sexo son distintas y por tanto distintas de sus necesidades, pero además que a mayor longevidad, las mujeres tienen mayores riesgos de sufrir enfermedades crónicas” (Guarnizo-H, Carol Agudelo, Carlos.2008).
El reto para el proyecto de la Colombia Potencia mundial de la vida, es fortalecer el sistema de cuidado para las personas de 60 años y más, en la perspectiva de garantizar los derechos y su reconocimiento como personas sujetas de derechos, donde cobra relevancia el enfoque diferencial, de género e interseccional, cuando de hablar de las mujeres adultas mayores se trata.
Como plantea en el programa del gobierno del cambio, se requiere fortalecer políticas públicas que en el marco de la justicia social garanticen el acceso a condiciones de vida digna, a través de estrategias de “renta básica”, “bono pensional”, etc., pero sobre todo del “reconocimiento de las mujeres en su diversidad étnica, cultural, sexual y de género, ciclo vital y nivel de ingresos”.
El reto es avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para reconocer y recompensar el trabajo de cuidado feminizado, pero al mismo tiempo para reducirlo y redistribuirlo, tal y como lo señala el programa.
