Lo ocurrido el domingo 7 de agosto marca un hito en Colombia. La posesión presidencial dejó de ser un evento excluyente con la participación de las élites y se abrió a la ciudadanía, convocada masivamente a la plaza para celebrar la victoria. Como era de esperarse, la irrupción del pueblo en este evento de la vida política que desde siempre le estuvo vedado, molestó a la “gente de bien”, que generalmente es la protagonista en hechos ilegales, y a los periodistas mercenarios.
Los ciudadanos que acudieron al corazón político de Bogotá no solamente fueron a festejar la posesión del nuevo presidente, sino también a mostrar su rechazo a las pésimas y lesivas políticas de la administración uribista saliente que asolaron al país. Tal cosa se expresó de una forma muy significativa cuando el público asistente comenzó a gritar “¡No más guerra!”, como respuesta al video del inconsecuente ceremonial guerrerista del ejército, que lucía unas anacrónicas piezas de artillería para saludar bélicamente al nuevo gobierno, que es partidario decidido de propiciar la paz total.
Los colombianos que asistieron a la plaza, no solo estuvieron allí para celebrar lo que con justa razón perciben como su victoria, sino también para recordarle a Petro que este tiene promesas que debe hacer realidad. Y muy seguramente, consciente de esto, el nuevo mandatario respondió con un mensaje que reafirmó su compromiso para implantar justicia social, democracia y paz. En su discurso de posesión, el presidente habló de 10 puntos fundamentales que debe ejecutar su administración.
La construcción de una paz duradera; el cuidado a las personas más vulnerables, marginadas por la sociedad; las acciones necesarias para equiparar los derechos de la mujer a los de los hombres; la construcción de un acuerdo nacional, en pro de la reconciliación y el diálogo como agente de la reconciliación y la paz; la integración de la ciudadanía al gobierno; la protección de la ciudadanía contra toda forma de violencia; la lucha abierta contra la corrupción, lo que exige el mayor esfuerzo de los organismos de inteligencia para combatirla, dejar de perseguir a la oposición, los defensores de los derechos humanos y la prensa; la protección de la biodiversidad; el desarrollo de la producción rural y urbana, con especial énfasis en la economía popular; y el cumplimiento cabal de la Constitución.
El llamado decálogo del discurso de Petro le plantea al país una serie de apuestas que apuntan directamente a conflictos sociales históricos que no hemos podido resolver, así como a problemas estructurales que ha generado el modelo neoliberal en las últimas décadas.
Esto es evidente cuando el presidente considera que deben implementarse con urgencia apoyos a la producción campesina. Además, el gobierno del Pacto Histórico está comprometido en agenciar cambios radicales en la estructura agraria, ya que la coexistencia del latifundismo y la precaria propiedad del minifundio es uno de los generadores del conflicto armado.
La solución a este problema requiere soluciones múltiples. Como se sabe, no solamente se resuelve con la redistribución de la tierra, sino también interviniendo frente al problema de la productividad del agro, cuestión relacionada con la tecnología y la utilización de los fertilizantes y otros agroquímicos. La disponibilidad de recursos para financiar estos recursos exige reorientar las políticas de asignación de préstamos del Banco Agrario que hoy preferentemente dirige su financiación a los proyectos de los grandes propietarios.
Una de las peores consecuencias de la imposición del neoliberalismo en Colombia es que perdimos la relativa seguridad alimentaria que teníamos, hoy importamos más de la mitad de los alimentos que consumimos. En resumen, necesitamos entregar la tierra al campesino que la trabaja, y al mismo tiempo apoyarle financieramente y darle la asistencia técnica mediante el trabajo de agrónomos y veterinarios vinculados al Gobierno para incrementar la producción del campo.
Por otro lado, la producción industrial deberá reconstruirse, pues la apertura económica dio al traste con ella, condenando al país a depender de las importaciones de productos que podemos producir aquí. El desarrollo de la industria nacional requiere incluso la revisión de algunos TLC y también algunos apoyos estatales.
El cumplimiento de los compromisos para retardar las consecuencias del cambio climático y la defensa del medio ambiente necesariamente implicarán un nuevo enfoque frente a la economía extractiva, la cual fue convertida en uno de los principales motores del desarrollo económico por los gobiernos de las tres décadas pasadas.
Por otra parte, la corrupción es un problema histórico, que como lo planteó el Presidente, no tiene color ni ideología. No obstante, se olvidó señalar que este problema reside en la naturaleza del capitalismo, y es parte íntegra de la burguesía colombiana, que ha hecho del saqueo de los recursos públicos una forma más de acumulación deshonesta de riqueza.
En síntesis, podemos afirmar que, en términos políticos, Petro reafirmó el compromiso ineludible por lograr la paz total. Este compromiso requiere no solo aplicar lo acordado en La Habana, sino también la búsqueda del diálogo con los fautores de violencia. Igualmente es necesario ampliar los derechos y la capacidad de incidencia de la ciudadanía en el gobierno. En últimas esto significa más democracia, otra de las deudas históricas de los gobiernos anteriores.
