El reciente artículo de Semana se caracteriza por emitir mentiras que vuelven a revictimizar a quienes sufrieron por cuenta del genocidio político contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica, en especial, a la militancia de izquierda desterrada, asesinada y desaparecida en la región de Urabá. VOZ publica esta investigación que desmiente las calumnias de la revista
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
“SEMANA revela el explosivo testimonio de un exmiembro de las Farc que decidió levantar el velo y contar escalofriantes detalles de masacres cometidas por esta guerrilla, presuntamente ordenadas desde las direcciones políticas, en las que incluso hace graves señalamientos contra la actual senadora del Pacto Histórico Aída Avella”.
Este es el inicio del artículo La macabra alianza entre las Farc, la UP y el Partido Comunista para exterminar al partido político que nació del EPL. Salpican a la senadora Aída Avella. La “investigación” fue publicada en la más reciente edición impresa de la revista propiedad del Grupo Gilinski y dirigida por la periodista de oposición Vicky Dávila.
Sin embargo y como era de esperarse, el artículo se caracteriza por emitir mentiras que vuelven a revictimizar a quienes sufrieron por cuenta del genocidio político contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica, en especial, a la militancia de la izquierda desterrada, asesinada y desaparecida en la región de Urabá.
Sobre el caso PCC y UP, el pasado 30 de enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó al Estado colombiano como responsable por el exterminio político y las violaciones de los derechos humanos en perjuicio de seis mil víctimas de la Unión Patriótica desde el nacimiento del partido político en 1985.
Al respecto, VOZ publica esta investigación que desmiente una a una las calumnias de la revista Semana.
Para profundizar: Urabá, esquina de resistencias (VOZ Territorios N°7-noviembre de 2019)
La fuente
Según la publicación, el “explosivo” testimonio fue entregado por el exguerrillero Marco Fidel Giraldo Torres, alías Garganta, el pasado 16 de junio a un Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá. Salvo una pequeña información biográfica, su paso por la Juventud Comunista y el supuesto ingreso a las Farc sobre los 13 años, la “investigación” no precisa quien es el personaje.
Sin embargo, la sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en contra de Giraldo Torres y otros siete desmovilizados de las Farc en 2008, deja muy claro el perfil de la fuente que inspiró el material calumnioso. De igual forma, esta decisión judicial que juzgó más de 3.000 delitos de los exguerrilleros, es importante para desvirtuar las nuevas versiones de Garganta.
Marco Fidel Giraldo Torres nació en Dabeiba, Antioquia, el 26 de diciembre de 1970. Según la sentencia y citando su propia versión libre, este ingresó al Quinto Frente de las Farc como guerrillero raso a finales de 1987 con 17 años. En 1988 recibió una fuerte herida en la garganta de la cual se recuperó. Esta es la razón de su seudónimo Garganta.
Entre 1989 y 1992 estuvo comisionado en varios frentes, para regresar nuevamente al Quinto Frente en 1993 como comandante de guerrilla al mando de Jhoverman Sánchez Arroyave, conocido como Manteco. En mayo de 1998 se trasladó al Frente 47 de las Farc como sexto al mando de la agrupación.
En mayo de 2000 fue remitido a la zona de distención en San Vicente del Caguán, Caquetá. El 28 de septiembre fue capturado en Pensilvania, Caldas. Permaneció privado de la libertad hasta enero 14 de 2002, fecha en la que se fugó de la Cárcel La Picaleña en Ibagué, Tolima.
Del 2002 al 2004 tuvo diferentes responsabilidades por distintos bloques de la guerrilla, para regresar en septiembre de 2004 al Frente 47 de las Farc, siendo el jefe de finanzas. Finalmente, el 6 de mayo de 2008 desertó de la insurgencia y se entregó en la finca ‘Alejandría’ en Marulanda, Caldas.
La desmovilización de Garganta significó entrega de armamento, equipamientos e información clave sobre el Bloque ‘José María Córdova’ de las Farc-EP. Así lo certificaron distintas instancias gubernamentales, entre ellas el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, organismo que remitió dos certificaciones fechadas el 15 de diciembre de 2008 y 25 de febrero de 2009, donde dicen que Giraldo Torres “ha colaborado suministrando información de inteligencia oportuna y privilegiada”.
Pedro Higuita
El testimonio de Garganta, reproducido por Semana, dice: “Se entrega el EPL en mayo del 91, los desmovilizados siguen en la zona. Sucede la muerte de Pedro Higuita, que era el comandante de las milicias bolivarianas en el corregimiento Nueva Antioquia; lo mata Guillermo Jiménez, desmovilizado del EPL, entonces, mi persona y el finao Marrano, Ricardo López Lora, subimos e inmediatamente porque la orden era matar a todo desmovilizado del EPL”.
Giraldo Torres responsabiliza de estas acciones directamente a dirigentes del Partido Comunista de Urabá y da una lista: “Apolinar Martínez, quien era presidente regional del Partido Comunista; Albeiro Bustamante, Urrego, Mercedes Úsuga, José Antonio López, Gustavo Arenas, Sexenio Córdoba (sic), en el momento no puedo recordarlos todos”.
Y ahí empiezan las contradicciones. De acuerdo al relato, luego de la desmovilización del EPL en 1991 y después de la muerte del “miliciano” Pedro Higuita, se desató la furia de las Farc, que cumplió a cabalidad la orden impartida por el Partido Comunista de “barrer” con los militantes de Esperanza, Paz y Libertad.
La primera contradicción gira en torno al nombre de Pedro Higuita. El único registro en Urabá con ese nombre se trata de Pedro Nel Higuita Higuita, asesinado el 26 de octubre de 1996 en zona urbana del municipio de Chigorodó. El occiso no era un miliciano de las Farc, sino un militante del Partido Comunista y afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintainagro, agrupación que organizaba en la región a la mayoría de los trabajadores del cultivo industrial del banano.
La anterior información está consignada en la sentencia del 11 de noviembre de 2020 emitida por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en contra del paramilitar Jaime Alonso Carvajal Taborda, alías Olimpo o El Chavo.
Si Garganta se refiere a Pedro Nel Higuita Higuita hay cuatro mentiras en su versión. La primera, y más obvia, es que alías Marrano para esa fecha ya se había cambiado de bando y era parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba, Accu, grupo paramilitar liderado por Carlos Castaño.
En segunda medida, ni Albeiro Bustamante ni Arcenio Córdoba pudieron dar ordenes para “barrer” al EPL, sencillamente porque en ese momento ya habían sido asesinados.
Albeiro Bustamante, exconcejal de la UP, secretario del concejo y miembro de la dirección del Partido Comunista de Urabá, fue asesinado el 16 de octubre de 1996 en Apartadó. Mientras que Arcenio Córdoba, no Sexenio como dice Semana, fue ultimado el 6 de junio de 1996. Córdoba era un destacado dirigente del Partido Comunista, había sido secretario general de Sintrainagro y al momento de su magnicidio era concejal del municipio.
La tercera mentira es que es imposible que Nelson Campos, José Antonio López Bula y Mercedes Usuga ordenaran cualquier acción contra el EPL, sencillamente porque estos dirigentes comunistas se encontraban presos desde el 14 de febrero de 1994 por cuenta del injusto proceso de La Chinita, caso en el que después la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado falló a favor de los encarcelados. Sobre este punto volveremos más adelante.
Y la cuarta mentira es que el 26 de octubre de 1996, fecha del asesinato de Higuita, el PCC ya se encontraba disuelto en la región. Es imposible que Marrano y Garganta recibieran la orden de una dirección política que en ese momento no existía.
De acuerdo al libro Historia de un genocidio: El Plan Retorno y el exterminio de la Unión Patriótica en Urabá (2006), investigación de Luz Vásquez y publicado por la Corporación Reiniciar, el Partido Comunista de Urabá se desintegró el 18 de septiembre de 1996, un mes antes del homicidio de Pedro Higuita. Es decir, ya no existía una dirección política en la fecha que según Garganta se habría dado la orden de “barrer con el EPL”.
Suponiendo que la versión de Garganta hace referencia al asesinato de otro Pedro Higuita, pero en 1991 o cerca a esta fecha, también hay contradicciones de acuerdo a la versión que dio Giraldo Torres al ante acusador el 10 de septiembre de 2009 y que fundamenta la citada sentencia del Tribunal de Justicia y Paz.
Según Garganta, entre 1991 y 1993 fue trasladado a la columna móvil ‘Hernando González Acosta’ con injerencia en Turbó, Necoclí y Arboletes, donde cumplió labores políticas. Después, en 1993 ayudó a fundar el Frente 58 de las Farc, para regresar en mayo de 1993 al Quinto Frente por orientación de la Octava Conferencia de esa organización insurgente.
De acuerdo a los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, no hay masacres cometidas por las Farc en Urabá entre 1991 y 1992. Además, dentro de los múltiples crímenes que Garganta cometió y le confesó a la Fiscalía en 2009, no se encuentra ninguno relacionado a militantes de Esperanza, Paz y Libertad o en contra de milicianos de los Comandos Populares en las fechas que según su versión, y publicado por revista Semana, la dirigencia comunista ordenaba «con lista en mano» supuestos asesinatos.
Chirudó Pueblo
Otro episodio que cita el testimonio de Marco Fidel Giraldo Torres es la masacre de Churidó Pueblo, que según el ex Farc, fue ordenada por dirigentes nacionales del Partido Comunista que estaban en la región, entre ellos, la hoy senadora Aída Avella.
Dice Semana: «En su narración de cómo se dio la masacre de Churidó, ordenada por el Partido Comunista y en la que según afirmó participó Aída Avella, da nombres propios, incluso de personas que son reconocidas como peligrosos miembros de las Farc. “Ahí se reunió Alfonso, Jacobo (Arango), Elda (alias Karina) como dirección del Quinto Frente, y salgo con la comisión. Llegamos a un punto que se llama La Miranda, por los lados de La Balsita, se unieron otros dirigentes del Partido (Comunista) que nos iban a guiar. Con nosotros entraron tres dirigentes del Partido a la masacre, la orden inicialmente era matar a todo el que hubiera (sic) levantado a esa hora y quemar todo ese pueblo, esa fue la orden”, narró alias Garganta».
Es decir, según Garganta hubo una reunión entre miembros del Quinto Frente de las Farc con dirigentes nacional del Partido Comunista y que de ahí salió la orden de atacar el corregimiento ubicado en Apartadó.
El artículo de Semana omite dar fechas y contextos sobre el drama que padecía la población urabaense en ese momento de la historia. De hecho, no se tomaron el trabajo en investigar la situación política, los actores armados, las cruentas masacres que ocurrieron en esos meses, los responsables y quienes eran las víctimas.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en 1995 en la región de Urabá ocurrieron 20 masacres con 136 víctimas fatales. Cinco son atribuidas a los paramilitares, cinco a las Farc, tres a los Comandos Populares y siete a grupos armados no identificados. Una verdadera tragedia para el territorio.
Sin embargo, fue el mes de agosto el más duro para la región. El 8 de agosto ocurrieron dos masacres simultaneas, una en Apartadó y otra en Chigorodó. La primera fue cometida por las Farc en la cabecera municipal, con seis víctimas. Mientras tanto, la de Chigorodó fue ejecutada por los Comandos Populares con 18 víctimas, la mayoría militantes del Partido Comunista.
Posteriormente, el 18 de agosto en el corregimiento Riogrande en Turbo fueron ultimados seis personas y el 19 de agosto en el corregimiento de Churidó Pueblo en Apartado, fueron asesinadas otras cinco personas. Estas dos masacres son atribuidas al Quinto Frente de las Farc.
Finalmente, agosto de 1995 terminó el 29 con el asesinato de 16 personas en lo que se conoció como la masacre de la Finca Kunas, cometida por las Farc y por la cual fueron condenados los guerrilleros Luis Carlos Úsuga Higuita, Jacobo Arango, y Freddy Montalvo de la Rosa alias Papujo.
Paz para Urabá
A propósito de la crisis humanitaria en Urabá, la respuesta de la dirección nacional del Partido Comunista en todo el año 1995 fue denunciar el Plan Retorno, llamar al gobierno de Ernesto Samper a construir soluciones puntuales y promover a la región como un “Territorio Especial de Paz”. Para ello, llamaron en varios editoriales públicos a construir la paz de la región y a proteger el Consenso de Apartadó como garantía para frenar la violencia.
El llamado Consenso de Apartadó se remite al 25 de agosto de 1994, fecha en la que se suscribió un acuerdo entre 14 organizaciones políticas de la región, entre ellas, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Partido Liberal, Partido Conservador, y Esperanza, Paz y Libertad (partido político del desmovilizado EPL), para apoyar la candidatura de la trabajadora social y defensora de los derechos humanos Gloria Cuartas Montoya, quien resultó electa como alcaldesa del municipio el 30 de octubre de 1994.
Por su parte, los días 12 y 13 de agosto de 1995 se reunió en Bogotá el pleno del Comité Central del Partido Comunista y se discutió a profundidad el tema de Urabá.
En editorial del Semanario VOZ en la edición 1851, el PCC concluye que, “Urabá quiere la paz. Y en este sentido tienen que contribuir todas las fuerzas políticas y sociales sin excepción, incluyendo a la iglesia, cerrando filas contra el paramilitarismo y la violencia y por acuerdos democráticos que contribuyan a crear un clima de convivencia en la región. Es necesario fortalecer el Consenso de Apartadó pero sobre la base de que sus integrantes con espíritu unitario y pluralista respalden una justa solución que favorezca a toda la población, más allá de las aspiraciones sectarias y grupistas”.
Por lo tanto, para atender la crisis humanitaria en Urabá y asistir al acto de conmemoración del primer año del Consenso de Apartadó, el PCC designó una comisión integrada por el secretario general Álvaro Vásquez del Real, el senador Hernán Motta Motta y el director del semanario VOZ Carlos Lozano Guillén.
Según le confirmó a VOZ el miembro del ejecutivo de la UP Felipe Santos, quien por entonces era el secretario general del PCC en Antioquia, la delegación llegó primero a Medellín y allí tuvieron una reunión tensa con el gobernador Álvaro Uribe Vélez y el secretario de gobierno Pedro Juan Moreno donde se trató el tema de Urabá. En su paso por el Valle de Aburrá, la comisión también tuvo un encuentro espontaneo con el dirigente Antonio Navarro Wolff, quien era en ese entonces alcalde de Pasto.
Después la delegación viajó a la región. Sobre esta visita existen tres reportajes periodísticos de Lozano Guillen publicados en el semanario VOZ: Carnicería humana (edición 1851), Laboratorio paramilitar (edición 1852) y Urabá: ¡Adiós a la señora muerte! (edición 1853).
En ellos se narra la crisis humanitaria por cuenta de las masacres y la visita que hizo en esos días el presidente Ernesto Samper a Urabá. También se denuncia el Plan Retorno y se expone las principales apuestas del Consenso de Apartadó que hace un llamado a que las autoridades permitan la presencia de misiones de la ONU y la OEA en el territorio.
“Hoy más que nunca debemos estar unidos y en una sola voz rechazar cualquier forma de violencia”, es la respuesta del Consenso de Apartadó frente a las masacres.
Lozano Guillén finaliza sus reportajes así: “Urabá no quiere más muertos. Todos dicen ¡adiós señora muerte! Sus habitantes ya no tienen lágrimas a consecuencia de tanto dolor. Es un pueblo trabajador que merece una mejor suerte. El gobierno nacional tiene la palabra”.
Felipe Santos le aseguró a VOZ que en ese viaje no existió ninguna reunión entre la dirección nacional del Partido Comunista y el Quinto Frente de las Farc. De igual forma, negó que en esa comisión estuviera la por entonces concejal de Bogotá, Aída Avella Esquivel. De hecho, registros documentales consignados en el semanario VOZ indican que la concejal no salió de Bogotá en el mes de agosto.
El 9 de agosto de 1995, Avella asistió al acto de conmemoración del primer año del magnicidio del senador comunista Manuel Cepeda Vargas. Seguidamente participó del pleno del Comité Central del PCC el 12 y 13 de agosto. Y después, atendió en Bogotá su agenda como concejala, además en su condición de presidenta de la UP, junto con la Corporación Reiniciar, preparó la demanda por genocidio político contra la UP y PCC que tenía audiencia pública ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el 6 de septiembre de 1995.
Por su parte, el 29 de agosto de 1995 se desarrolló en el Senado de la República un debate de control político sobre la región. El espacio fue convocado por el senador conservador Fabio Valencia Cossio, el liberal Mario Uribe Escobar y el comunista Hernán Motta Motta.
En el espacio parlamentario, Motta Motta señaló: “La Unión Patriótica erguidamente, en medio del genocidio, ha dado una respuesta civil por el derecho inalienable a la vida”. Además, el senador comunista señaló a los grupos paramilitares como el factor principal de la violencia en el Urabá antioqueño y condenó enérgicamente todas las masacres y asesinatos en la región.
“Estamos por una solución que consulte los intereses colectivos en el Urabá. Estamos por propiciar el acuerdo con todas las fuerzas políticas y todos los factores de violencia en el territorio”, fueron las palabras finales de la intervención de Motta Motta.
La anterior información evidencia que la dirección nacional del Partido Comunista ejerció su liderazgo político a favor de la paz, la reconciliación y en contra de la violencia de Urabá. Además, denunció la existencia del Plan Retorno y la ofensiva paramilitar que finalmente liquidó a la mayoría de los dirigentes comunistas y que se consumó con la disolución del Comité Regional ‘Israel Quintero’ en septiembre de 1997.
Estos datos públicos contradicen la versión de Garganta, quien tendrá que demostrar con pruebas ante la justicia que la dirección nacional del Partido Comunista fue la determinante en episodios macabros como la masacre de Churidó Pueblo.
Los 100 de La Chinita
Finalmente, Garganta se refiere a la masacre de La Chinita, ocurrida el 23 de enero de 1994 en un barrio popular de Apartadó: “Se me imputó esa masacre porque estuve en la planeación, pero no estuve en la masacre. El día 23 hubo una reunión en la vereda La Resbalosa, ahí estuvo reunido por parte del Quinto Frente Iván Márquez, (…) con una gente del Partido, estuvo uno que le decían el flaco, que era de la alcaldía de Apartadó. De ahí sacaron una comisión de 12 combatientes; Manteco nos dice: vamos a sentarle la mano a Esperanza, Paz y Libertad”.
La declaración, que se supone tiene la Fiscalía, es inicialmente sospechosa. ¿Por qué treinta años después, el ente acusador decide imputarle cargos a Garganta por la masacre de La Chinita?
Si se considera la extensa sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia y Paz contra Garganta y otros desmovilizados de Farc. ¿Por qué Giraldo Torres no le dijo nada a las instituciones de esta justicia transicional sobre su responsabilidad en la planeación de la masacre?
Este testimonio se caracteriza por ser “sacado del sombrero” en momentos en los que la Corte IDH ya condenó al Estado por el caso UP-PCC y la justicia ordinaria y transitoria de paz avanza en procesos como los de José Antequera y Teófilo Forero. Sin embargo, la calumnia permite profundizar sobre este capítulo doloroso de la historia del conflicto armado, donde ocurrió no solo un crimen repudiable, sino muchas injusticias en contra de la dirigencia comunista en Urabá.
En la madrugada del 23 de enero de 1994 un comando armado de las Farc llegó a la barriada popular de importante influencia del EPL y disparó ráfagas de fusil contra los asistentes de la verbena, dejando 35 personas asesinadas con la acción armada.
En horas del mediodía se llevó a cabo una manifestación electoral, donde asistió el excomandante Bernardo Gutiérrez, acusado como traidor por el sector caravallista que no se desmovilizó del EPL y por las Farc. El objetivo de la acción estaba dirigido contra él. Ante el crimen, la reacción del gobierno nacional fue la proclamación de la guerra integral, la declaratoria del estado de conmoción interior y el llamado “cerco jurídico a la guerrilla”.
El 24 de enero se publica un documento suscrito por las direcciones regionales del Partido Comunista y la Unión Patriótica de Urabá, así como del Comité Ejecutivo Central del PCC, donde se condena enérgicamente la masacre. Inicialmente el Quinto Frente de las FARC rechaza las acusaciones. Pero 22 años después, el 30 de septiembre de 2016, el mismo Iván Márquez pidió perdón por La Chinita en el marco del proceso que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Es importante reseñar que la masacre ocurrió en una coyuntura crítica: las elecciones parlamentarias para el 13 de marzo de 1994. En esa oportunidad, el Partido Comunista y la Unión Patriótica de Urabá postularon la candidatura para Cámara de Representantes en Antioquia del exalcalde de Apartadó, José Antonio López Bula.
Así las cosas, y como era difícil judicializar a las unidades guerrilleras responsables de la masacre, el 14 de febrero de 1994 la Fiscalía y la XVII Brigada del Ejército Nacional capturaron al alcalde de Apartadó y dirigente sindical Nelson Campo Núñez; al exalcalde y candidato José Antonio López Bula; al concejal Naún Orrego; a la lideresa, voceadora del semanario VOZ y consagrada activista viviendista de 67 años, Mercedes Usuga; y a otros 96 dirigentes de la Unión Patriótica de Urabá, entre los que se encontraba el exconcejal Albeiro Bustamante; el alcalde de Turbo, Edgar Génez Campillo; y el alcalde de Chigorodó, Carlos Andrés Pérez Berrío.
Además, ese mismo 14 de febrero, pero en horas de la noche, fue allanada la sede del Comité Regional de Urabá del Partido Comunista de Urabá, conocida como la ‘Casa del Pueblo’, donde se llevaron la lista con los nombres de los miembros de la dirección y de los militantes, cintas de video y audio, y fotografías de actos políticos.
Un año antes, el 23 de marzo de 1993, los dirigentes políticos de la izquierda de Urabá habían denunciado ante el fiscal regional de Antioquia la existencia de un montaje contra ellos. En ese momento, el alcalde de Apartadó Nelson Campos, señaló que este plan tenía el objetivo de darle un “golpe de gracia” al Partido Comunista y la Unión Patriótica en la región, organizaciones que se encontraban en pleno crecimiento.
También, el 19 de noviembre de 1993, López Bula le envío una carta al ministro de Gobierno Fabio Villegas Ramírez, donde denuncia al grupo paramilitar Comandos Populares como los responsables de sembrar el terror en las fincas bananeras, amenazando a los trabajadores para que voten por Esperanza, Paz y Libertad, y asesinando a personas que apoyen a la Unión Patriótica. La misiva también crítica la actitud contemplativa del gobierno de César Gaviria frente a la situación.
Para ese momento varios de los antiguos integrantes del EPL se habían rearmado en los Comandos Populares con orientación de los paramilitares, tal y como el mismo Castaño le confesó al periodista Mauricio Aranguren en el libro Mi Confesión (2001), lo que coincide con el reciente testimonio del paramilitar Otoniel a la Jurisdicción Especial para la Paz.
El domingo 6 de marzo de 1994 en Apartadó y con gran parte de la dirigencia comunista en la cárcel, el candidato al Senado de la República por el PCC y la UP, Manuel Cepeda Vargas, denunció que el objetivo del Establecimiento urabaense era sacar del juego democrático a las dos organizaciones de izquierda.
El 13 de marzo, López Bula no logró ser elegido por estrecho margen, pero Cepeda Vargas si logró la curul en el Senado en representación del Partido Comunista. Sin embargo, fue asesinado el 9 de agosto dos días después de su posición como parlamentario.
De los 100 detenidos por la masacre de La Chinita, 65 de ellos fueron exculpados entre 1995 y 1998, donde se destacan López Bula, Mercedes Usuga, Albeiro Bustamante, Carlos Pérez Berrío, entre otros. Sin embargo, 35 restantes permanecieron en prisión hasta julio de 2005, siendo el caso más representativo el del exalcalde Nelson Campo Núñez.
La Corte Suprema de Justicia falló en junio de 2005, tras once años y trece meses de injusta detención a favor de los 100 de Urabá, teniendo en cuenta las inmensas violaciones al debido proceso cometidas en la investigación.
Según el alto tribunal, el sistema judicial fue manipulado por la tristemente recordada “justicia sin rostro”, que fue usada por los organismos de inteligencia militar y por los enemigos políticos del Partido Comunista y la Unión Patriótica de Urabá con el objetivo de golpear a las organizaciones políticas, no permitirles su participación política y desterrarlas del territorio.
En ese proceso cerca de nueve ONG defensoras de los derechos humanos integraron una comisión para recopilar y evaluar las circunstancias en que tuvo lugar la masacre de La Chinita. La investigación del grupo de trabajo descartó cualquier participación de la dirigencia comunista en el crimen, confirmando que no fue la izquierda la promotora de la violencia en Urabá sino su principal víctima.
Finalmente, el Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por la injusta detención de Nelson Campo Núñez, al considerar que el ente acusador y la Rama Judicial privaron la libertad del exalcalde de Apartadó, en un proceso que no pudo soportar pruebas solidas que determinaran la acusación en su contra.
Por eso, las nuevas declaraciones de Garganta sobre el caso de La Chinita tendrán que sustentarse con material probatorio lo suficientemente sólido que pueda reabrir un proceso donde ya se demostró que la justicia actuó en contra del PCC y la UP en la convulsionada década de los noventa en la región de Urabá.
