La irrupción del narcotráfico es un elemento que complejizó el conflicto armado colombiano. No solo vino a atizar la violencia con sus dólares, sino que en torno a esta economía se configuró el modelo neoliberal en nuestro país.
El tráfico de estupefacientes alimentó a los grupos paramilitares que fueron fundamentales para el despojo de tierras y la desarticulación violenta de las organizaciones sociales que podrían oponerse a la expoliación de derechos que conlleva el aperturismo; además, el flujo de dinero que generó la exportación de narcóticos hizo posible el desarrollo exponencial del sector financiero tal como lo conocemos hoy.
De tal forma, en las últimas décadas en torno al narcotráfico, se entretejió un entramado que vincula a políticos de las fuerzas tradicionales, empresarios, terratenientes y grupos armados paraestatales. Este entramado estimuló la violencia, pues la convirtió en su principal método de acumulación. Por lo tanto, el narcotráfico no solamente es un factor para la compresión del conflicto armado, más aún, se ha convertido en un escollo para el esclarecimiento de la verdad y la consecución de la paz.
Desde hace más de tres décadas, pero sobre todo a partir de la primera administración Uribe, las autoridades han acudido al narcotráfico para amparar el delito político y convertir retóricamente el conflicto armado en una simple agresión de grupos terroristas contra el Estado. Pero lo más grave vino en 2008, tras los Acuerdos de Ralito y la parcial desmovilización de grupos paramilitares, se abrió la posibilidad de conocer la verdad de los crímenes cometidos por estos grupos armados.
Sin embargo, la Ley de Justicia y Paz comenzó a mostrar rápidamente lo que sus críticos venían apuntando: que esta abría espacios a la impunidad. El golpe más duro a las víctimas vino el 13 de mayo de aquel año, cuando el presidente decretó la extradición de 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos, so pretexto de que allí cumplirían largas condenas por el crimen de narcotráfico.
Como era de esperarse, esta medida afectó la comparecencia de estos comandantes a los tribunales de justicia y paz, y de esta forma el uribismo logró dilatar los esfuerzos para esclarecer la verdad frente al accionar de los grupos paramilitares, los cuales, en realidad no llegaron a desarticularse después del proceso de paz. Ahora la administración uribista de Iván Duque quiere cerrarle nuevamente el paso a la verdad acudiendo nuevamente a la extradición con la excusa de que en Estados Unidos “castigan ejemplarmente el narcotráfico”.
La experiencia con otros extraditados enseña que en realidad allí lo que sucede es que a cambio de entregar los delincuentes colombianos el 50 por ciento de la fortuna acumulada con su narcotráfico, logran condenas de pocos años. Después les permiten el cambio de sus nombres y apariencias y se queden allí disfrutando sus riquezas, burlándose en esa forma de sus víctimas y encubriendo a sus cómplices en Colombia.
El 23 de octubre de 2021 fue capturado, en hechos aún confusos y plagados de irregularidades y mentiras, el máximo jefe del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga, y quien también fuera pieza clave de la operación de las Autodefensas de Colombia, AUC, en el Meta. Empero, a diferencia de lo ocurrido en 2008, en este momento, y gracias a los Acuerdos de La Habana, el país cuenta con un sistema de justicia transicional mucho más sólido, y al que alias “Otoniel” comenzó a comparecer tras su detención.
Por eso en cuanto este paramilitar comenzó a rendir versiones ante la JEP, se comenzó a tramitar la extradición del mismo a los Estados Unidos. Tal cosa parecía ya un hecho hasta que el pasado 29 de abril el Consejo de Estado le ordenó al presidente parar provisionalmente la extradición, atendiendo a una tutela interpuesta por varias comunidades víctimas de este jefe paramilitar.
Los reclamantes argumentan que ante un trámite de extradición las víctimas quedan excluidas, alejándose de todo medio de defensa judicial para la protección de sus derechos.
Los mismos que llevan casi cuatro años intentando acabar con la JEP, son los que hoy no hallan cómo silenciar a Otoniel. Mientras vemos a la Cabal despotricar contra la decisión de la rama judicial, el representante Gabriel Vallejo afirma en medios que la extradición no interferiría con la comparecencia del máximo líder del Clan del Golfo ante la justicia transicional, y además agrega que todo lo que este diga seguramente serán mentiras para “vengarse” políticamente del gobierno que lo detuvo.
El caso de Otoniel hoy nos expone la trascendencia del proceso de paz de La Habana y las instituciones que de él surgieron. La pequeña victoria arrancada al uribismo el pasado viernes muestra que poco a poco las víctimas van logrando posicionar la verdad frente al conflicto armado como imperativo social. Cuando Otoniel termine sus verdades, rodarán por el suelo las máscaras que ocultan los rostros de los delincuentes y asesinos y de paso, la del expresidente Álvaro Uribe máximo cómplice de los paramilitares y el verdadero responsable de los falsos positivos.
