Un impulso al movimiento social para derrotar la concentración del poder en manos de la élite liberal y conservadora
Alejandro Cifuentes
La década de 1950 había sido un periodo difícil para el Partido Comunista. Los comunistas experimentaron una dura persecución sobre todo aparte de la muerte de Gaitán, y además el Partido fue formalmente ilegalizado por Rojas Pinilla. Sin embargo, los comunistas siguieron insistiendo en la apertura democrática, que comenzó avizorarse tras la renuncia del dictador en 1957.
Aunque el PCC fue desde el inicio uno de los principales críticos del Frente Nacional, supo valorar la oportunidad que este creaba, con el retorno de las libertades civiles, para retomar la lucha de masas.
Para 1958 el PCC había recuperado su estatus legal, lo que facilitó las actividades de formación y propaganda; y recién recuperado este estatus se realizó el VIII Congreso, donde se produjo una declaración programática y se revisaron los estatutos con el fin de impulsar el crecimiento. Sin embargo, rápidamente las críticas de los comunistas al nuevo régimen político comenzaron a mostrarse válidas.
La burguesía hacía todo lo posible para restringir cada vez más la democracia y afianzar el monopolio bipartidista, lo que incluía una arremetida contra el movimiento obrero para dividirlo, así como el desarrollo de una nueva ola de violencia terrorista en el campo encabezada por bandoleros al servicio del Ejército. Ante este escenario, el PCC insistía en afianzar la democracia y la lucha legal, y para ello convocó a su IX Congreso en 1961.
El Frente Nacional
El golpe de Rojas Pinilla en junio de 1953 fue auspiciado por un sector de las élites bipartidistas y el empresariado. De esta forma el liberalismo y el ala ospinista del conservatismo esperaban mermar la violencia que se había profundizado desde 1950, y a su vez evitar el avance del proyecto constitucional inspirado en el fascismo que Laureano Gómez venía promoviendo.
La tarea de Rojas consistía en pacificar la nación y entregar el poder en agosto de 1954 a un Gobierno civil. Pero Rojas decidió mantener la presidencia, gobernando por su cuenta con su propio movimiento político. Ante esta amenaza al poder de las élites tradicionales, liberales y conservadores en bloque se unieron y construyeron un acuerdo para desplazar a Rojas y retomar el control del Estado.
Este acuerdo se conoció como el Frente Nacional, y consistía en la repartición paritaria del Estado entre liberales y conservadores, excluyendo así a terceros partidos. Rojas renunció tras un masivo paro en mayo de 1957, y en diciembre de ese mismo año las élites bipartidistas lograron validar su pacto político en un plebiscito.
El Frente Nacional fue presentado como el régimen que garantizaría la transición a la democracia en Colombia. El Partido Comunista se negó a refrendar el pacto, pues este limitaba la democracia. Pero al mismo tiempo juzgó que se abrían posibilidades para retomar la lucha legal y de masas, lo que era muy importante dado el auge popular que se dio en la lucha contra la dictadura militar.
Como era de esperarse, el Frente Nacional devino en un régimen de democracia restringida, donde la figura del estado de sitio fue recurrente. Además, se presentó una nueva ola de violencia, donde la fuerza pública y grupos armados ilegales siguieron instigando al campesinado, mientras asesinaban a guerrilleros amnistiados. En las ciudades las libertades civiles eran restringidas, y la democracia se reducía a un periódico ritual electoral.
Un Congreso por la democracia
El IX Congreso fue el segundo que organizó el Partido durante el Frente Nacional. El VIII Congreso se realizó recién conquistada la legalidad, en un ambiente de auge de la movilización social. Ahora, el máximo encuentro de los comunistas colombianos debía plantear una política para ganar posiciones en la legalidad, pero todo ello en medio la democracia limitada que había impuesto en el país el acuerdo bipartidista.
El nuevo congreso se convocó para el 24 de junio de 1961, y a este concurrió una nutrida delegación del proletariado industrial. Desde la década de 1950 el país vivió transformaciones fundamentales. La Violencia empujó a las principales ciudades del país numerosa población que empujó el crecimiento urbano. Y tras el final de la Segunda Guerra Mundial Colombia afianzó la industrialización por sustitución de importaciones, lo que estimuló el desarrollo fabril en los centros urbanos, esto a la vez que el viejo núcleo de la clase obrera, el río Magdalena, entraba en declive.
Por el eso el PCC daba gran importancia a fortalecer la unidad de la clase obrera e impulsar la lucha de masas en débil marco democrático que había creado el Frente Nacional.
Esto no era una labor sencilla por la división del movimiento sindical promovida por el bipartidismo. Las dos centrales obreras, la UTC y la CTC, siguieron sometidas a la voluntad patronal. Ante esta situación, el Congreso llamó al fortalecimiento de la lucha reivindicativa con el fin de elevar la conciencia política de la clase obrera.
En este sentido la tarea fundamental era seguir desarrollando la propaganda legal, mediante el periódico Voz y la revista Documentos Políticos, y ampliar la lucha contra el antidemocrático régimen frentenacionalista. Por eso el IX Congreso orientó profundizar la lucha contra el sistema paritario mientras se seguían enarbolando las banderas de una transformación de fondo.
La violencia, la paz y la revolución
Otro sector ampliamente representado en el IX Congreso era el campesinado, que dejó su clara huella en el evento. A pesar de las promesas de la élite bipartidista entre 1957 y 1958, el Frente Nacional no cesó la violencia en el campo, y el Congreso precisamente denunció que el clero, los latifundistas y el gobierno seguían instigando la guerra en diversas regiones del país, todo con el fin de fortalecer su cruzada anticomunista y para continuar restringiendo las libertades civiles. La violencia, afirmaba el congreso, era instigada por el gobierno para seguir justificando el estado de sitio.
La violencia que seguía azotando a los campesinos debía enfrentarse antes que nada con la unidad popular, fortaleciendo la alianza obrero-campesina por un cambio democrático y revolucionario, que empujara de manera decidida una verdadera reforma agraria, no como el remedo de reforma que estaba promoviendo la burguesía colombiana para acallar las demandas populares por tierra.
Pero ante la violencia oficial el campesinado no podía permanecer impávido, y por eso el IX Congreso mantuvo el llamamiento a la autodefensa de masas como instrumento popular para derrotar la violencia oficial y reaccionaria, aglutinando a todos los sectores agrarios y seguir ampliando la organización campesina y la lucha por la tierra.
Aunque el IX Congreso se adelantó en un momento en que las luchas armadas contaban con legitimidad por la victoria de la Revolución Cubana, el PCC no vio en las armas la salida revolucionaria para Colombia. De hecho, el Congreso vio en Cuba un ejemplo de que en América Latina podía realizarse una revolución democrática, antimperialista y antifeudal, antes que una muestra de la validez o no de la lucha armada.
El IX Congreso llamó a consolidar la legalidad del Partido, para lo cual era central la lucha de masas, a través de la cual se elevaría la conciencia política del pueblo y se haría crecer la militancia. Por eso el Congreso insistió en la posibilidad de transformar las luchas armadas del país en amplios movimientos democráticos en el campo, y en robustecer el ascenso de masas como un proceso sostenido de democratización sin la necesidad de la violencia.
