Editorial VOZ 3209
Al Gobierno del cambio le ha tocado enfrentar los problemas propios de las estructuras y los organismos solidificados por el paso del tiempo, los cuales se han endurecido por la herrumbre y la inercia de la inmovilidad.
Si a esa dureza propia de la inercia se le suma la voluntad del no cambio de los beneficiarios de esta situación, podemos empezar a entender todos los acontecimientos, actitudes y discursos de la prensa, de individuos pertenecientes a la cúpula del poder y de sus incondicionales sirvientes de toda laya.
Las movilizaciones del 8 de febrero han dejado sus secuelas de acontecimientos aparentemente insólitos: Dignatarios de la Corte Suprema de Justicia –el summum de la dignidad–mintiendo descaradamente; la prensa presentando las declaraciones falaces como verdades incontestables; el fiscal saliente haciendo lo suyo, sus poses de impoluto y eficaz cazador de delincuentes con el objetivo de ser elegido candidato presidencial o de cazar una chanfaina internacional bien remunerada.
Vale la pena analizar todas estas acciones, personajes, poses y gestualidades y las instituciones donde laboran, para desentrañar lo que ocultan en sus entrañas y sus objetivos reales. Empecemos por la Corte Suprema y sus actores. ¿Son realmente impolutos, la quintaesencia de la dignidad que simboliza la verdad y la honestidad?
Recordemos, por ejemplo, lo relativo al “cartel de la toga”. Algunos de esos ejemplares juristas avergüenzan internacionalmente a Colombia porque se pasean orondos en el país donde se ocultan y se exhiben en carros costosos malgastando sus dineros mal habidos, por ejemplo en Canadá, el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos.
Otros delincuentes de la misma Corte son Gustavo Malo, preciso y acertado apellido para un corrupto, y Francisco Ricaurte. En consecuencia, en las Cortes también puede haber funcionarios que delinquen y mienten. Otra forma de indignidad.
¿Y a qué vienen todas estas reminiscencias? La opinión pública cuenta con dos versiones de lo ocurrido el 8 de febrero frente al Palacio de Justicia. Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que los magistrados fueron retenidos por los manifestantes y por tanto no podían desplazarse fuera del recinto donde sesionaban y que incluso la turba trató de forzar las puertas de la edificación para agredirlos.
En cambio, el general William René Salamanca, declaró a los medios que él le preguntó al magistrado que si despejaba el frente del Palacio de Justicia y este le respondió: “No lo haga”. Eran entonces las 2 de la tarde.
Posteriormente, a las 4 de la tarde, el presidente Gustavo Petro dio la orden de despejar el frente del Palacio de Justicia y el general Salamanca lo despejó sin que hubiera lesionado a algún manifestante. Esas son las dos versiones, nada dramáticas. Pero algunos jefes políticos han tratado de convertir estos hechos comunes en cualquier democracia, en actos criminales propios de dictaduras.
El más vocinglero de todos ha sido César Gaviria, de pésima imagen y recuerdos malignos porque en su momento saboteó las posibilidades de culminar un proceso de paz con la FARC-EP al bombardear el campamento de Casa Verde, creyendo que los guerrilleros eran tan ingenuos como malhadado él.
Pero no es el único que ha procedido así. Expresidentes, periodistas e intelectuales de derecha han pretendido desvirtuar una acción de estirpe plenamente democrática como el pueblo en las calles exigiendo a la Corte que cumpla con el deber de elegir a una fiscal de una terna que el presidente Petro envió hace cuatro meses.
El agravante de esa negligencia es que, ante la vacancia de la cabeza de la Fiscalía, la funcionaria que será encargada, – según denuncias conocidas recientemente– es sospechosa de encubrir a funcionarios con vínculos con el narcotráfico.
Pero aun si no existiera esa anómala situación de la mencionada funcionaria nominada por el saliente fiscal, es una grave falta que la Corte Suprema de Justicia no sea capaz de cumplir a cabalidad con el deber de tomar esa decisión contando con tanto tiempo. Por esa razón, surgen tantas hipótesis, cábalas y hasta suposiciones de intentos de encubrir o retardar acciones judiciales para garantizar la impunidad de delincuentes de alta alcurnia, incluso expresidentes.
Cada día que pasa sin elegir a la nueva fiscal, la Corte Suprema de Justicia se queda sola nacional e internacionalmente. Al cierre de esta edición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una carta pública solicitando celeridad en el nombramiento de la nueva fiscal.
Por su parte, el pueblo colombiano debe profundizar la movilización y el presidente Petro debe mantener la lucha frontal contra las estructuras corruptas que tienen tomadas a las instituciones.
