miércoles, junio 12, 2024
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El harakiri de Guillermo Lasso

Eludir un juicio político no es precisamente una conmoción interior ni constituye una crisis política. Lo que ha hecho el presidente de Ecuador es dar un golpe de Estado que precipita su aislamiento y el fracaso de su gestión

Ricardo Arenales

El anuncio del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, de decretar la allí denominada ‘muerte cruzada’, en momentos en que su partido Creo (Movimiento Creando Oportunidades), y sus aliados, se encuentran en su peor momento político, al tiempo que parecen más evidentes las posibilidades de un triunfo, o al menos un reposicionamiento de la izquierda y el progresismo, ha sido visto por algunos analistas como una jugada suicida, un típico harakiri.

Entre los antiguos samuráis japoneses existía la tradición de preferir una muerte con honor a una humillación que dañara la majestad del samurái. Se trataba de un ritual, siempre voluntario, en el que el autor cortaba su vientre con una afilada daga y se causaba la muerte por desentrañamiento. La de Lasso, en Ecuador, está lejos de producir ese efecto digno, puesto que una vez deje el poder, en unos tres meses, podría ser objeto de un nuevo juicio político por corrupción, como era la intención de la Asamblea Nacional que acaba de disolver.

Además, está el hecho de que la opinión pública ecuatoriana, en su mayoría, a pesar de que el mandatario ha puesto término a su gestión y el Consejo Nacional Electoral convocado a nuevas elecciones, reclama que de todas maneras se adelante el juzgamiento del gobernante por el órgano legislativo o un alto tribunal de justicia.

Elecciones en tres meses

Hay que tener en cuenta que Lasso tiene apenas un 10 por ciento de aceptación entre la población, este mismo año perdió una consulta popular, y también los últimos comicios para órganos de poder local en forma apabullante; las elecciones las ganó el progresismo que orienta el expresidente Rafael Correa.

Acorralado por un juicio político en desarrollo, que adelantaba la Asamblea Nacional (parlamento), el presidente Lasso firmó en la madrugada del miércoles 17 de mayo un decreto de disolución del órgano legislativo, invocando “grave crisis política y conmoción interna” en el país. “Notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho los periodos para los cuales fueron designados los y las asambleístas”, se lee en el decreto, que además pide al Consejo Nacional Electoral fijar en un plazo no mayor a siete días la fecha de nuevas elecciones para escoger presidente y Asamblea Nacional, que concluyan el actual mandato.

Fuentes allegadas al órgano electoral indicaron que la nueva jornada electoral se realizaría el 20 de agosto próximo.

Golpe de estado

La conmoción interna, invocada por el presidente Lasso, es una de tres causales contempladas en la Constitución nacional para disolver el congreso. La cuestión es que, en opinión de no pocos observadores, en Ecuador no ha habido ninguna conmoción interna. Lo que en realidad había era un juicio al presidente, y este, acatando la Constitución debió haber comparecido y respondido por las acusaciones que se le hacían.

Disolver el congreso en realidad fue la forma que el mandatario empleó para evadir el juicio político, lo que técnicamente constituye un golpe de estado.

Así lo caracterizó Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie: “al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”.

El expresidente Rafael Correa, cuya administración aprobó la norma constitucional invocada por Lasso, coincidió en la condena: “Lo que hace Lasso es ilegal, porque obviamente no hay ninguna conmoción interna en el país”. Dijo que Lasso tomó esa decisión para evitar el juicio político en su contra. “Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”, precisó Correa.

Tenía que responder

La Unión por la Esperanza, Unes, que orienta Correa, también calificó de inconstitucional el paso dado por Lasso, precisando que la muerte cruzada se hizo para impedir la votación del juicio político.

David Cordero, abogado constitucionalista, expresó que el decreto de muerte cruzada viola la constitución ecuatoriana, porque esta tiene causales específicas para que el presidente pueda disolver la Asamblea y que el hecho de que el presidente haya estado sometido a un juicio político por corrupción, no constituye una crisis política, no es una grave conmoción interior.

“Él tenía que responder a las acusaciones de los asambleístas. Para eso es un juicio político. Los desplantes que el presidente le ha hecho a la Asamblea no son pocos. En varias ocasiones lo llamaron para que responda a distintas acusaciones y no ha ido; ha mandado representantes”, puntualizó el jurista.

Para Cordero, lo que está haciendo el presidente es eludir un control constitucional, ciudadano y democrático” y por consiguiente cualquier persona, natural o jurídica, podrían presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, para que esta verifique si se cumplieron los requisitos de ley para acudir a la denominada muerte cruzada. Para Cordero, disolver la Asamblea Nacional y militarizar las calles es lo que hace un golpe de Estado.

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