Habitantes de la zona denuncian inacción por parte de las autoridades ante el incremento de la actividad minera de extracción
Redacción Política
El páramo de Pisba es la reserva natural de agua que abastece el nororiente de Boyacá, específicamente a los municipios de Tota, Cocuy, Socha y Socotá. Es calificado por los campesinos de la zona como el tanque de reserva que agrandan los afluentes que nacen allí, los ríos Cravo Sur y Pauto, abasteciendo el preciado líquido hasta lo profundo del llano casanareño. El páramo es hermoso por su vegetación, rico en frailejones y plantas nativas.
La población campesina que habita allí le preocupa la progresiva destrucción del Pisba, incluso, lo califican como un “páramo en cuidados intensivos” por el incremento de las exploraciones y explotaciones en las minas de carbón. En los últimos tres años se dispararon la solicitud y el aval de licencia de exploración y explotación del mineral en los municipios aledaños al páramo.
En 2020 el municipio de Socha tenía cinco socavones de extracción de carbón, para 2022 se cuentan 38 nuevas minas legalizadas. Aún faltan datos del subregistro de socavones ilegales. En Socotá son más de 62 los socavones que están activos en la extracción del mineral sin medidas de protección ambiental y las fuentes hídricas.
“Cada que hay una nueva mina, denunciamos a las autoridades, pero nadie responde, no tenemos quién controle”, se queja Marleny Miranda habitante de Socha. En la vereda Curita dentro del municipio de Socha se cuentan abiertos aproximadamente cuarenta socavones con explotación las 24 horas.
El impacto negativo de la explotación de carbón afecta además de la laguna, la fauna y la flora, al igual que a los acueductos comunitarios como en la vereda El Mortiño y el Albihar. En la vereda El Cubital ya son evidentes sus afectaciones. En las veredas Comaita, Coscativa, Aposentos, Sagra arriba, Sagra bajo y otras, la gente denuncia que el agua de sus hogares tiene rastros de oxido.
Los campesinos que hablaron con VOZ se quejan de no poder tener animales ni de compañía ni de cría porque no tienen bebederos naturales ni agua limpia. Sus cultivos y plantas están carbonizadas. La vocación agraria de estos municipios se apagó después del boom minero que vive la región. Las autoridades no actúan y son acusadas de cohonestar con el daño ambiental por su inacción ante las denuncias.
La comunidad ha hecho por lo menos 90 oficios llamando a la Agencia Nacional Minera, a Corpoboyacá, la Procuraduría ambiental y agraria, la Fiscalía General de la Nación, la Personería municipal, pero no reciben respuesta. Han acudido a las alcaldías, primeras administrativas y ambientales Socha, Tasco y Socotá y tampoco han emprendido acciones de protección del páramo.
“Utilizan los medios de comunicación y los noticieros de aquí para decir que están cerrado algunos socavones, pero yo le podría decir y señalar sin que los vecinos me dejen mentir, eso es falso, no cierran ningún socavón. Y las entidades en silencio, aquí no pasa nada”, dice Manuel Garzón, joven campesino de la vereda Coscativa.
La principal queja de los campesinos y defensores ambientales es la ausencia de Corpoboyacá. La autoridad ambiental reguladora con funciones de vigilancia no ha actuado con el cerramiento de los socavones ilegalmente abiertos, a pesar de estar enterados. “No hacen su trabajo. Tienen que hacer un estudio minucioso para no permitir actividades mineras sobre el agua del páramo que ya está amarilla y contaminada”, explican habitantes de la comunidad.
En los municipios de Socotá y Socha la mayor preocupación de sus habitantes es el acopio de carbón que se están haciendo a menos de 50 metros de quebradas y fuentes hídricas. La senadora por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, Aída Avella, ha vendió advirtiendo sobre graves situaciones que ponen en riesgo ese departamento: “A salvar el Páramo de Pisba. Campesinos sufren por la desaparición de sus acueductos comunales y la reducción del agua. Corpoboyaca, Procuraduría y Policía ambiental deben actuar. En Socotá y Socha, amenazan a defensores del páramo ¿autoridades locales que hacen para protegerlos?”.
La misma pregunta se hacen las comunidades afectadas en Socha. ¿qué entidad dio las licencias para abrir vías y poder sacar el carbón? El ir y venir de volquetas con el ruido de sus motores alteraron el tranquilo paisaje que se vivía antes en la zona. “Dónde está la vigilancia y control de la Alcaldía, Defensoría del Pueblo o Personería. Aparecen es para darle permiso de explotación, pero atajar el daño no”, le dijo a VOZ un líder de la comunidad.
La inacción de las autoridades es inaceptable para los campesinos, aunque están seguros que responde al interés que algunos funcionarios del municipio tienen en el sector. Por ejemplo, la alcaldesa del municipio de Socha Zandra Bernal aceptó públicamente que tienen una empresa minera de reciente creación y mantienen actividades de explotación activas en las veredas vereda de Mortiño y el Alisal de su propio municipio con la empresa familiar Energy Coal.
Otro de los dramas de la minería en el páramo es que se convirtió en la única fuente de ingresos de la gente. Aunque las condiciones laborales de los trabajadores de las minas son precarias, la crisis de empleo que vive el departamento hace de esa actividad una opción para personas, aunque no tenga remuneración justa, afiliación a EPS, aporte a seguridad social, sin derecho a pensión y sin las medidas adecuadas de riesgos profesionales para evitar los accidentes en esa actividad.
Los campesinos y campesinas habitantes y defensoras del Páramo de Pisba señalaron que la lucha por detener la explotación irracional empieza por convencer a quienes se resisten a creer que la minería le esta matando la vida al paramo. “Dios quiera que no sea muy tarde el que despertemos para reclamar nuestros derechos como es el agua”.
