Redacción laboral
Las empresas Colombian Natural Resources, Consorcio Minero del Cesar y Masering, les impidieron a sus trabajadores el ingreso a su respectivo turno para cumplir con las labores ordinarias, para lo cual procedieron a solicitar la militarización de la mina.
La situación desarrollada el pasado 21 de enero, fue atendida por el sargento García, quien comanda el batallón mina La Francia e impidió el ingreso de los trabajadores que entraban a su respectivo turno.
Ante la amenaza de desalojar a los trabajadores de sus puestos de trabajo, sin explicación alguna, el turno que estaba laborando procedió a quedarse al interior de la mina, defendiendo sus puestos y el derecho al trabajo, en espera de alguna explicación de los empleadores.
Ante la actitud defensiva de los trabajadores, las empresas impidieron el ingreso de cualquier alimento y suministro de agua, lo cual ha causado quebrantos de salud a los trabajadores que se encuentran al interior de la mina.
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, aseguró: “Es indignante que el Ejército Nacional que está llamado a defender la soberanía, el patrimonio nacional y el respeto a los derechos humanos se preste para cometer abusos, en complicidad con los patronos, en particular las empresas transnacionales”.
La misma maniobra empresarial la pusieron en práctica contra los trabajadores en el mes de junio del 2009. En esa época no les pagaron salario desde el 6 de junio hasta el 24 de agosto, para presionar su retiro y lograr la desvinculación ilegal de más del 50% de la mano de obra.
Hoy se repite la historia, toda vez que ante la resistencia de los trabajadores y con el propósito de justificar su ilegal proceder, el mismo día se repartió una circular generalizada en la cual manifiesta que los trabajadores saldrían a vacaciones colectivas desde el 22 de enero al 14 de febrero del 2013. Simultáneamente por medio de otra circular le plantea al personal un retiro voluntario.
Según la CUT, esto muestra que lo que pretenden estas empresas es cercenar por completo el derecho al trabajo, por cuanto hasta ahora no han demostrado ninguna insolvencia económica que conlleve a un cierre y terminación de contratos, y si así lo fuere tendría que someterse al escarnio del Ministerio del Trabajo quien es la entidad del Estado llamada a intervenir para autorizar o no un cierre parcial o definitivo y suspensión de contratos.
