El próximo 14 de febrero se realizará la quinta audiencia del juicio oral contra el mayor Héctor Edisson Castro Corredor en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Revelan nuevos elementos
Kikyō
Uno de los agentes vinculados a la investigación de la masacre de Mondoñedo en 1996, hoy labora en la Secretaría de Seguridad Presidencial en la Casa de Nariño.
Se trata del agente de la Policía Nacional Onasis Bastidas Quimbayo, quien se encontraba adscrito a la Dijin desde febrero de 1996 y negó la participación en los hechos, pues sostiene que, para la fecha de la masacre, se encontraba prestando sus servicios en la Guardia de la Dijin con una intensidad de 24 horas.
Según Uldarico Flórez, abogado de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña: “Contra este agente también existe el indicio de mentira, por cuanto inicialmente ante la Fiscalía General de la Nación negó conocer los integrantes de la Red Urbana de las FARC Antonio Nariño, aceptando que solamente tuvo conocimiento de “Dago” por un seguimiento que le realizó. Sin embargo, las pruebas establecieron que en los informes rendidos por el agente Cobo Saldarriaga, también aparece su firma, en el cual comunican haber ubicado el lugar de residencia de Arquímedes Moreno Moreno, una de las víctimas de la masacre”.
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña concluyó que el señor agente de la Policía Nacional Onasis Bastidas Quimbayo participó en forma activa tanto en la retención como en el homicidio múltiple de los integrantes de la red urbana de las FARC en septiembre 6 y 7 de 1996.
Contra el mayor Edison Castro
Casi 17 años después de la masacre de seis jóvenes pertenecientes presuntamente a una Red Urbana de las FARC por parte de miembros de grupo Contra Ilegales de la DIJÍN, la parte civil pide que se condene también al ahora mayor de la Policía Héctor Edisson Castro, quien para la época de los hechos era el responsable directo del mencionado grupo de la DIJÍN, como teniente.
A pesar de que la Fiscalía dictó resolución de acusación contra el capitán de la Policía José Humberto Rubio Conde y los agentes José Albeiro Carrillo Montiel, Rodrigo Cobo Saldarriaga, Onasis Bastidas Quimbayo, José Ignacio Pérez Díaz, Carlos Ferlein Alfonso Pineda y William Nicolás Chitiva González por los delitos de secuestro y homicidio agravado, no acusó al entonces teniente Héctor Edisson Castro Corredor a quien dejó vinculado al proceso y posteriormente precluyó la investigación en su favor.
Posteriormente la parte civil (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) pidió revisar dichas resoluciones, ya que uno de los implicados había señalado en sus declaraciones a Castro Corredor como coautor de secuestro, tortura, desaparición y homicidio agravado. Se trata del agente William Nicolás Chitiva, quien aportó valiosos elementos probatorios contra varios de los miembros de grupo Contra Ilegales Armados de la DIJÍN.
Estas declaraciones le costaron la vida a Chitiva, quien fue asesinado por sicarios en Cúcuta en 2007. Dos años después sus dos hijos fueron también asesinados.
Chitiva señaló además como partícipes en los mismos hechos al capitán de la Policía Carlos Alberto Niño Flórez, el sargento segundo Néstor Gabriel Barrera, al cabo primero Pablo Salazar Piñeros; al cabo primero Albeiro Rodríguez; al cabo segundo Hernando Villalba, al subintendente Carlos Ferley Alonso; al patrullero Milton Marino Mora y los agentes de Policía Filemón Fabara, José Albeiro Carrillo, José Ignacio Pérez, quienes hasta al día de hoy gozan de libertad debido una resolución inhibitoria.
La Sala de Casación Penal en sentencia de 2009 invalidó parcialmente las resoluciones demandadas en cuanto al teniente Héctor Edisson Castro y dispuso que se integraran las declaraciones del testigo William Nicolás Chitiva González como pruebas y ordenó reabrir la investigación penal contra Castro Corredor.
El próximo 14 de febrero se realizará la quinta audiencia del juicio oral contra el mayor Héctor Edisson Castro Corredor en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
“Lo que esperamos de esta audiencia es agotar las pruebas de la defensa y que la jueza anuncie el sentido del fallo o varíe la calificación del delito como uno de lesa humanidad”, sostuvo Flórez, de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña a este medio.
