lunes, mayo 20, 2024
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EE.UU. retoma agenda intervencionista

La molestia del Departamento de Estado con Venezuela es porque la justicia de este país no habilitó a María Corina Machado, la candidata de Washington para quitar a Maduro del poder, reeditando una figura similar a la de Guaidó

Ricardo Arenales

Aplicando la política de la zanahoria y el garrote, de la que, por cierto, tiene muy buenos estrategas, la administración Washington dio nuevos pasos en los últimos días, en la persecución de una renovada política intervencionista en América Latina.

En un caso, el de Ecuador, ofrece un abanico de convenios de colaboración en materia de seguridad. La zanahoria. En el otro, el de Venezuela, amenaza con reeditar las sanciones económicas, porque la justicia venezolana no se pliega a la estrategia golpista de la Casa Blanca. El garrote.

Recientemente, culminó una larga e inusual visita al Ecuador de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson. Acompañada de su staff de estrategas, no solo en inteligencia militar sino en análisis de recursos naturales en la región, Richardson se entrevistó con el presidente Daniel Noboa, con los presidentes de Senado y Cámara, dirigentes políticos, empresariales y, desde luego, con la cúpula militar del país suramericano.

Richardson dijo que, en conversación con medios ecuatorianos, Estados Unidos tiene un “plan de cinco años” con ese país y adelantó que, para este año en curso, se desarrollarán “un total de 124 actividades planificadas” en el país suramericano.

Violan la soberanía ecuatoriana

Entre los logros de su visita, indicó la oficial, está la puesta en marcha de una Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, llamada ESAR, un convenio que solo existe con otro país suramericano, al que no mencionó. Admitió, en este sentido, que hay “una cartera de inversión muy sólida” de 94.3 millones de dólares en materia de cooperación de fuerzas militares.

La Hoja de Ruta no es otra cosa que un modelo de ‘cooperación’, puesto en marcha en otros países, mediante el cual personal militar estadounidense opera en otro país, sin ninguna restricción legal o constitucional, violando los más elementales principios de soberanía nacional de la nación socia.

El convenio incluye la ejecución de operaciones combinadas entre los dos países, que serían previamente planificadas y autorizadas por la Armada ecuatoriana. Por ejemplo, un buque estadounidense podrá navegar en aguas de Ecuador, bajo el pretexto de perseguir delitos de narcotráfico, pesca ilegal o tráfico de migrantes. Tropas ecuatorianas, a su vez, podrán participar en operativos en naves de guerra norteamericanas. Se sabe, por experiencias anteriores, que la oficialidad del país invitado se supedita a las órdenes del personal norteamericano, lo que resulta por lo menos humillante para la institución castrense ecuatoriana.

Alcance de la injerencia

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, pidió al presidente Daniel Noboa transparentar los acuerdos que se suscribieron con Estados Unidos en el marco del declarado conflicto armado interno. “Como pueblos y nacionalidades, exhortamos al presidente Noboa y su Gobierno a transparentar los acuerdos que se suscriban, el alcance de la injerencia estadounidense en las decisiones del Estado ecuatoriano”.

La Conaie agrega que las experiencias en la región, tras la intervención de Estados Unidos, solo han servido “para generar crisis de la mano de una supuesta cooperación, que atenta contra la soberanía y los intereses nacionales, imponiendo doctrinas de seguridad con incidencia geopolítica”.

El otro escenario intervencionista se produjo en el lado oriental de la frontera colombiana, cuando el 30 de enero pasado el gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará las sanciones contra Venezuela en los sectores petrolero y minero, a partir del 18 de abril próximo, debido a supuestas inconsistencias con lo establecido en el Acuerdo de Barbados firmado entre el ejecutivo venezolano y la oposición.

Anuncio de sanciones

La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson

La administración Biden revirtió el alivio a las sanciones contra la Corporación Venezolana de Guyana Minerven, la entidad encargada de la explotación y comercialización de los yacimientos de oro.

En medio de estos anuncios, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, amenazó con otras opciones de sanciones contra Venezuela, si antes del mes de abril la administración Maduro no se pliega a las exigencias de la Casa Blanca y habilita la candidatura de María Corina Machado, sancionada con inhabilidad política de quince años, por la Contraloría General de la República. Sanción que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.

El martes de la semana pasada, el Departamento del Tesoro anunció que no renovará la licencia general de seis meses que autorizaba temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas, cuando expire el 18 de abril próximo, pues, en su opinión, se incumplieron las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

El mundo ha cambiado

Toda la institucionalidad venezolana respondió de manera enérgica y unánime a las amenazas de John Kirby, a las que calificó de injerencistas y desestabilizadoras, todo porque los organismos de justicia no avalan a la candidata, no del pueblo venezolano como lo proclaman, sino la candidata de Estados Unidos.

El presidente Nicolás Maduro respondió a las amenazas de nuevas sanciones contra la industria petrolera y minera y resaltó que los venezolanos, además de ser libres e independientes, ya no dependen “ni de gringos ni de nadie” para salir adelante.

“Hoy hay otro mundo y nuestro país debe saber, nuestro pueblo debe saber que ya nació otro mundo, y ya no dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir, para prosperar, para progresar, para avanzar, para crecer”, expresó el mandatario durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2024, realizada en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.

“Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos del país, a partir del 13 de febrero, quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos”, dijo, por su parte, en un mensaje en la red X la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Posteriormente, la cancillería venezolana publicó un comunicado de repudio a “los más recientes intentos de injerencia e intromisión, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América”, según se lee en un documento que difundió el canciller Yván Gil.

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